Frente común para contrarrestar las propuestas de gobierno español sobre el futuro PHN

El Acuerdo Social del Agua en defensa de nuestros Ríos y del Agua Pública se ha puesto en marcha con el objetivo de contrarrestar las políticas de construcción de embalses, trasvases y mercantilización del agua que puede plantear el futuro Plan Hidrológico Nacional. Bajo esta denominación, un centenar de representantes de entidades y de grupos ecologistas, diputados, cargos institucionales, científicos o investigadores universitarios del ámbito de la Península Ibérica –Estado español y Portugal- han creado un frente común amplio para contrarrestar las propuestas que el gobierno español pone sobre la mesa en las negociaciones, principalmente con los regantes, para cerrar un Pacto Nacional del Agua. La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), uno de los colectivos instigadores de este acuerdo, reclama abrir el debate a todos los agentes implicados en políticas de agua alternativas y comprometidos a actor contra el cambio climático con la idea de trasladar la discusión a todos los territorios y romper lo que considera un monólogo del ejecutivo del PP.

El manifiesto, que se ha hecho público este mismo miércoles -coincidentalment, cuando se cumplen dos años de la última manifestación antitrasvase en Amposta-, reclama un «gran acuerdo social» en materia de agua sobre la base de recuperar ríos, lagos y acuíferos como un «patrimonio ambiental público» que esté al «servicio del interés general» en el contexto de una previsión futura con una «drástica» reducción del agua disponible por el cambio climático. Por eso reclaman paralizar el crecimiento de demandas de regadío y la construcción de nuevos embalses y trasvases, además de la necesidad de evitar el deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, manteniendo el buen estado ecológico, respetando los caudales ambientales y cumpliendo las exigencias de la Directiva Marc de l'Aigua. También instan a redimensionar a la baja la superficie de regadío y los consumos urbanos expansivos; revertir los procesos de mercantilización y privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento, para que pasen a manos públicas; así como pone fin a la corrupción en torno a estos negocios relacionados con el agua.

La idea de este frente, forjado durante las últimas semanas por un grupo reducido de ocho personas bajo la coordinación de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua y con la participación de la PDE, es abrir el melón del debate en la Península Ibérica y al Estado español en concreto sobre el Pacto Nacional del Agua que intenta cerrar en los próximos meses el gobierno del PP. Excluidos de estas conversaciones directamente con el Ministerio de Agricultura, según ha recordado el portavoz antitransvasasment, Manolo Tomàs, el objetivo es poder confrontar y «ganar la batalla de las ideas», contrarrestando los posicionamientos prefijados para consagrar la necesidad irrefutable de un supuesto reequilibrio hidráulico del territorio estatal a partir de los trasvases de cuencas excedentarias desde el punto de vista legal, que no fáctico. Este es el caso del Ebro, recuerda, que podría ser el sujeto de una gran detracción dentro del futuro Plan Hidrológico Nacional que, a posteriori, tiene que poner negro sobre blanco las propuestas del pacto. «Si no podemos parar el Pacto Nacional del Agua, al menos que algunas cosas no se puedan hacer», apunta a Tomàs.

A la espera de recibir adhesiones todavía más numerosas y potentes, los impulsores del acuerdo intentan trasladar la idea de que hay que aplicar los criterios de la Nova Cultura de l'Aigua dentro del Plan Hidrológico Nacional, proponiendo medidas para redefinirlo, especialmente ante la actual situación de sequía, que puede tener repercusiones muy importantes desde el punto ambiental y económico. «Se trata de prever lo que preparan, que no pueda salir un plan|plano hidrológico basado en embalses, trasvases y la mercantilización del agua. Tenemos que coger la iniciativa y conseguir el apoyo de la sociedad. Tenemos aliados y es la hora que se hagan notar», ha subrayado Tomàs. Recuerda el portavoz de la PDE que, fuera de Cataluña, el debate en el Estado español está resultando especialmente intenso. En este sentido, el papel de la lucha social en las Terres de l'Ebre quiere convertirse en el catalizador para hacer llegar este mensaje a toda la sociedad, más allá de marcos políticos ideológicos y territoriales concretos.

Decimosexta asamblea en marzo

De momento, asegura, el gobierno del PP ha conseguido monopolizar el debate con un «monólogo». La PDE, en este contexto, se había sentido sola, hasta este momento, defendiendo la nueva cultura del agua o «otra forma de gestionar los ríos es posible» enfrente de las demandas que abogan por un reparto de lo que consideran un «recurso» económico de primer orden. Este es el punto de partida de este frente común hace unos meses y que, a corto plazo, abordará la concreción de sus objetivos en un encuentro previsto en Zaragoza el próximo día 17 de febrero. Las conclusiones a las cuales lleguen sus impulsores, serán el principal punto de partida.

Todo eso, sin embargo, ha recordado Tomàs, no alterará, ni modificará ni moderará los objetivos y la política del mismo movimiento antitransvsament ebrense. De hecho, según ha anunciado el también portavoz, Joan Antoni Panisello, la PDE celebrará su decimosexta asamblea general el próximo mes de marzo –el día está pendiente de precisar- con la idea de informar la población sobre el estado de la cuestión y el posible planteamiento de nuevas movilizaciones.