Los vecinos afectados por la explosión terrorista de la casa de Alcanar son indemnizados

Los vecinos de la urbanización Montecarlo de Alcanar Playa, donde el 16 de agosto explotó la casa que el comando yihadista responsable de los atentados en Cambrils y Barcelona utilizaba para fabricar explosivos, han empezado a recibir indemnizaciones del Estado español seis meses después. Así lo ha explicado el concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Alcanar, Jordi Bort, quien ha confirmado la recepción de las compensaciones en cuatro casos. El consistorio canareu, de hecho, acompañó administrativamente o ayudó a tramitar estas indemnizaciones a unos ocho afectados. Algunos más lo podrían haber hecho también por otras vías. Bort, en este sentido, ha celebrado la celeridad en este proceso y ha destacado que las explosiones no han supuesto movimientos de salida de vecinos o propietarios de esta urbanización.

La explosión inicial, que dejó a dos terroristas muertos y siete personas más heridas –entre los cuales, vecinos y también un integrante del comando-, sobresaltó la tranquila vida de esta urbanización, apartada del núcleo urbano de Alcanar y estructurada alrededor de'improvisados calles sin asfaltar. La fabricación y manipulación de explosivo altamente volátil, peróxido de cetona, que fabricaban en un chalet que ocupaban desde hacía tiempo fue la causa. Mientras los Mossos desescombraban y registraban los restos de la casa, al día siguiente, 17 de agosto, el mismo día de los atentados de Cambrils y Barcelona, se producía una segunda detonación como consecuencia de los explosivos que se encontraban bajo los escombros. Se contabilizaron, entonces, cinco heridos más. Un total de catorce vecinos fueron desalojados de sus casas y reubicados provisionalmente durante días en un camping próximo. Aparte del inmueble que ocupaban los terroristas, el contiguo quedó también hundido.

Seis meses después de este episodio, cuatro de los afectados han confirmado al Ayuntamiento de Alcanar que ya han recibido las indemnizaciones solicitadas al Estado español. El consistorio se puso a disposición de los afectados para ayudar en el trámite o acompañar administrativamente. «En los días posteriores te venía gente y te preguntaba qué tenían que hacer», apunta Bort. Se los ponía en contacto con los servicios de atención a víctimas del terrorismo o se les facilitaban documentos y certificados. Algunos habían hacer los trámites del seguro y de otros, no. Unos ocho vecinos o familias afectadas se dirigieron a los servicios municipales. «Hay varios estamentos con responsabilidad. Como administración más próxima al ciudadano hacemos el acompañamiento y apoyo en aquello que podemos, no por responsabilidad, sino por ética, humanidad o vecindad. Somos empáticos con el drama que» están «pasando», añade el concejal.

El consistorio valora positivamente el plazo desde que se efectuó el trámite hasta que se han empezado a hacer efectivos los importes. Recuerda que, habitualmente, es un «proceso complejo, lento y dificultoso». Las peticiones podían cubrir, de forma paralela, bienes o daños a las personas, que tenían que valorar médicos forenses. La propuesta de cantidad suele depender de la intensidad de la afectación y la continuidad en el tiempo. Bort considera que, a pesar de la habitual lentitud, en este caso los seis meses serían un «plazo razonablemente aceptable atendiendo las circunstancias». «Creemos que las administraciones han ido respondiendo y el Ayuntamiento, como administración más próxima, hemos hecho el acompañamiento, hecho que nos satisface,» ha remachado. El concejal ha evitado dar detalles sobre cantidades: «nos hemos quedado al margen, estábamos ya desmarcados».

Medio año después, en la urbanización Montecarlo el consistorio no ha detectado grandes cambios con respecto a la población que habita allí. «Quizás alguna familia se ha marchado, pero no tenemos constancia», apunta Bort, recordando que, justo los días posteriores a la explosión, coincidieron con una familia que se engalanaba para vivir allí. «No ha habido un abandono generalizado o masificado», sentencia. Incluso, el consistorio ha dado recientemente una licencia de obras para restaurar la casa del lado de la que habitaban los terroristas y que quedó completamente destrozada por las explosiones. Lo que probablemente tendrá que esperar será la regularización total de la urbanización y que sea el Ayuntamiento quien|quién asuma los servicios, tal como reclamaban los vecinos. Bort recuerda que, de acuerdo con la Ley de Urbanismo, los vecinos tendrían que presentar y ejecutar un proyecto de urbanización, dotando el espacio de los servicios básicos –alumbrado, agua y alcantarillado- para que el consistorio la pueda recibir. «Independientemente de la visceralidad del momento, tenemos que ser prudentes y realistas», concluye.