Querella criminal en la Audiencia Nacional contra los exministros y empresarios que impulsaron el proyecto Castor

La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa una querella criminal contra varios exministros, antiguos cargos públicos y empresarios que impulsaron el proyecto Castor por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. Presentada el pasado jueves por la Red del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), que ejerce la acusación popular, esta nueva acción judicial pone el foco de la exigencia de responsabilidades sobre el negocio y la deuda generados por el fracasado almacén de gas submarino –que puede superar los 3.300 millones de euros. Concretamente, la acción se dirige contra los exministros de Indústria socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, así como el del PP, José Manuel Soria; el exsecretario general de Indústria, Ignasi Nieto; la exministra de Fomento del PSOE y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez; la exministra socialista de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Espinosa; el exconseller de Urbanismo valenciano, Juan Cotino; el presidente d'Escal UGS, Recaredo del Potro; y el de ACS, Florentino Pérez.

La querella, precisamente, responsabiliza el máximo dirigente de ACS de haber urdido, entre los años 2007 y 2008, «un plan delictivo dirigido a obtener, mediante el desarrollo del proyecto Castor, un altísimo beneficio empresarial ilícito derivado de la construcción de la infraestructura, su explotación y la materialización de su financiación sin riesgo para la empresa». Esta tesis principal abona la idea de que el almacén de gas submarino se concibió, esencialmente, como un negocio especulativo centrado en su construcción y blindado administrativamente. Los querellantes recuerdan que, desde el punto de vista energético, el Castor pasó de ser estratégico a innecesario en ojos de los responsables de la planificación gasista estatal –la Comisión Nacional de la Energía-, que el año 2012 ya reclamaban medidas para garantizar la estabilidad económica del sistema ante modelos retributivos que ofrecían «incentivos a los promotor para construir estos instalaciones cuando la retribución se lo bastante atractiva aunque no sean necesarias por error de la planificación».

Considera que, para hacer realidad este plan, el empresario necesitaba la «concertación de los principales responsables de las políticas energéticas y de infraestructuras del gobierno español» desde el momento mencionado y hasta la actualidad. En este sentido, los ministros y cargos querellados no sólo habrían sido conocedores de estos objetivos, sino que «facilitaron todos y cada uno de los actos administrativos necesarios para el éxito de la operación». Decisiones «criminales» de los poderes públicos, «adoptadas al margen de la ley, arbitrarias e injustas, con riesgo a la seguridad y la salud pública y contrarias al interés general». Entre los principales aspectos, el ODG recuerda el decreto de concesión aprobado por el gobierno español del PSOE el año 2008, en el cual se preveía, por primera vez en una infraestructura de este tipo, indemnizar a la empresa concesionaria aunque llegara a actuar de forma dolosa o negligente. Una norma que se gestó durante el mandato en el ministerio de Industria de Joan Clos y que aprobó a su sucesor Miguel Sebastián. La querella apunta también que el secretario general de Industria con Cercado como ministro, Ignasi Nieto, fue socio en una empresa con el presidente d'Escal UGS, Recaredo del Potro.

También señalan la aprobación de la evaluación de impacto ambiental, con Elena Espinosa como ministra de Agricultura y Medio Ambiente, que fue aprobada sin exigir a la empresa un estudio de riesgo sísmico –tal como habían reclamado instituciones científicas. Reprochan al Ministerio también que no sometiera a evaluación de impacto ambiental el gasoducto de conexión de la planta terrestre con la red general, una obra que ha acabado siendo anulada, por este motivo, por la misma Audiencia Nacional. Las dos resoluciones, aseguran, pretendían evitar someter la actividad d'Escal UGS a los «controles necesarios» para que la empresa pudiera poner en marcha la actividad y «garantizar el beneficios económicos previstos, eludiendo el control de la administración». En este ámbito, acusan al exconseller de Medio Ambiente valenciano, Juan Cotino, de emitir la autorización ambiental de la planta terrestre sin responder las alegaciones de ayuntamientos y la Generalitat de Catalunya. La querella recuerda también la decisión del Ministerio de Fomento, en marzo de 2008, de corregir –poco después de su publicación- los límites marítimos para que la superficie de la concesión del proyecto Castor pasara a depender íntegramente de la Generalitat Valenciana, hecho que dificultaba la intervención de la administración catalana, crítica con el proyecto.

Más coste, mayor beneficio

De acuerdo con documentos del mismo gobierno español, los beneficios de ACS por la construcción del proyecto Castor llegaron prácticamente a los 203 millones de euros, un 17,2% del total del contrato clave en mano -1.179 millones-, aunque la inversión total acabó ascendiendo a 1.461 millones. Para el ODG, los trabajos de construcción estuvieron «plagados de irregularidades», que se tradujeron en un incremento de costes y la adjudicación de la mayor parte de los trabajos en ACS o en empresas de su grupo. Es decir, el contratista se acababa subcontratando él mismo y disparando beneficios a medida que el importe crecía. La querella reclama, de hecho, que se averigüen «exactamente» las cantidades de «negocio ilícito por parte del grupo empresarial con la concertación del resto de querellados», con los beneficios generados en la fase constructiva, donde se multiplicó el coste del proyecto ante la «falta de control» por parte de las autoridades estatales, hecho que revelaría un «acuerdo delictivo». El grupo empresarial de Florentino Pérez, que acabó siendo socio mayoritario y constructor, ganó el concurso público de la obra sin que existiera concurrencia ni competidores e, incluso, siendo vicepresidenta del BEI la exministra Magdalena Álvarez, recibió una emisión de bonos con el amparo y participación de la institución financiero europea por valor de 1.440 millones de euros, que le permitieron mejorar sustancialmente las condiciones de financiación que hasta entonces tenía con un crédito sindicado con diecinueve bancos estatales y europeos. Unos recursos «clave» en la materialización del proyecto.

Después del fracaso de las pruebas de inyección en septiembre de 2013, que acabaron provocando más de un millar de terremotos durante las semanas y meses siguientes, Escal UGS acabó renunciar a la concesión en julio de 2014. Este fue el preludio del real decreto de octubre de 2014, con el cual el gobierno español aceptaba esta renuncia y compensaba el exconcesionario con 1.350 millones de euros. Al respecto, la querella recuerda en el momento pronunciarse sobre la lesividad de esta compensación, si bien el Tribunal Supremo no consideró nulo el artículo de la concesión concreto, matizaba que su pago dependía de las causas de extinción de la concesión: así, la conducta dolosa o negligente podía afectar o anular este derecho. En este contexto, el ODG que cree que los querellados quisieron «blindar» el enriquecimiento ilícito de ACS y recuerdan que el exministro de Indústria, José Manuel Soria, había ampliado de cinco a 25 años el periodo para renunciar a la concesión.

Enagás recauda para pagar el Castor

Más todavía, la querella considera abiertamente el real decreto de Soria y el gobierno del PP como una acción por «favorecer de forma injusta, arbitraria e ilegal Escal UGS» y ACS. Argumenta que la hibernación ordenada por el gobierno español mantiene la utilidad pública del proyecto y permitió imputar sus costes al sistema gasista. Así, recuerda, el gobierno español, a través de Enagás, como gestor técnico del sistema, quiso trasladar el coste del Castor a la factura del gas de los consumidores con una operación financiera con una devolución en 30 años y a un interés del 4,3%, que disparaba el coste de la medida hasta los 2.420 millones. También intenta malversación en la acción de utilizar Enagás para recaudar, a través de los peajes de la tarifa, los costes mantener el Castor, apartándose de su tarea de recaudar recursos para cubrir finalidades públicas. El pago de esta operación de crédito y del mantenimiento, sin embargo, han quedado ahora anulados por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en que no vio motivos extraordinarios y de urgente necesidad por parte del gobierno español a la hora de imponer el pago de la indemnización por decreto.

El ODG, en este contexto, va más allá y cuestiona también la actuación de Soria de compensar la empresa exconcesionario y los buenistas sin la necesidad de asumir los riesgos inherentes a este tipo de negocios por el «trato de favor de las instituciones». Así, recuerda que en el prospecto editado para captar inversores cerca la emisión de bonos del BEI, la empresa reconocía que el gobierno español podía rechazar la renuncia a la concesión y que, para hacerla efectiva, era necesario que las instalaciones estuvieran operativas, situación que nunca se llegó a producir. Si el concesionario vulneraba las s ve obligaciones esenciales, el gobierno español podía revertir las instalaciones sin derecho de compensación, un derecho que, en cualquier caso, podía variar según la causa y que podía no llegar a cubrir las obligaciones con los accionistas. En cambio, Soria, «actuando de espalda al interés público y exclusivamente al servicio de la defensa de la operación de ACS», acabó propiciando el pago antes del 30 de noviembre de 2014, fecha que el BEI puso como límite para recuperar la inversión si las instalaciones no se ponían en marcha.

Proceso paralelo al abierto a Vinaròs

La acción judicial del ODG contra los impulsores políticos y empresariales del proyecto Castor se dirige a la Audiencia Nacional porque entiende que se trata de la instancia competente en casos de defraudación que puedan producir graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, la economía nacional o perjuicio patrimonial general. En paralelo, el juzgado número 4 de Vinaròs mantiene abierta como causa compleja la investigación por los terremotos que causaron las inyecciones de gas en el almacén submarino y en los cuales se encuentran como investigados por supuestos delitos contra el medio ambiente y prevaricación ambiental una veintena de personas, entre altos cargos y funcionarios de los ministerios de Industria y Agricultura, así como los directivos de la empresa Escal UGS -entre los cuales, el querellado del Potro-. El pasado 17 de junio, el ODG organizó un juicio popular en Barcelona en el cual condenó simbólicamente a los responsables del proyecto Castor.