Retiran a los padres la tutela de una niña de dos años de Tortosa que ha sufrido ablación del clítoris

El juzgado número 5 de Tortosa investiga un caso de mutilación genital femenina sufrido por una niña de dos años residente en la misma ciudad. Hace una semana, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), siguiendo el protocolo establecido para estos casos y a instancias de Fiscalia, suspendió de sus funciones tutelares a los padres, una pareja originaria de Gambia que lleva viviendo nueve meses en territorio estatal. La Generalitat, según ha confirmado al ACN el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, asumió la custodia de la niña después de verificar que ha sido víctima de ablación del clítoris y, desde entonces, está viviendo con una familia de acogida de emergencia. El protocolo se activó a raíz de una visita al pediatra por las molestias derivadas de una posible infección de orina –que podría estar relacionada con la mutilación. Una revisión en profundidad efectuada en el Hospital Verge de la Cinta confirmó la ablación. Los padres explicaron que la mutilación genital la habría practicado la abuela de la niña pocos días después de su nacimiento en el mismo país africano.

Las primeras valoraciones efectuadas por la DGAIA apuntan que, más allá de las secuelas producidas por la mutilación genital, la situación general de salud de la niña es buena. Tampoco presentaba signos de malnutrición o maltrato. En cualquier caso, los dictámenes en profundidad por parte de los técnicos tendrán que determinar el alcance de la afectación y sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Después de la revisión hospitalaria que confirmó la mutilación, la niña fue trasladada a las dependencias judiciales. Fiscalia recomendó la y, desde allí, directamente en la casa de la familia de acogida, sin necesidad de internamiento en un centro de forma temporal.

Después de que Fiscalia abriera diligencias de investigación el pasado 18 de mayo, la denuncia y el atestado policial entraron finalmente en el juzgado número 5 de Tortosa este pasado martes. De momento, los padres no figuran como investigados en la causa. Antes de establecerse en Tortosa, la familia había vivido en Murcia, donde llegaron hace nueve meses desde su país de origen. Los dos negaron haber practicado la ablación del clítoris, una práctica que no entenderían como propia de su cultura y no punible. Sin embargo, atribuyeron los hechos a la abuela de la niña, que lo habría efectuado pocos días después de su nacimiento en Gambia –zona de la África Occidental subsahariana donde esta 'tradición' se mantiene Las primeras valoraciones efectuadas por la DGAIA apuntan que, más allá de las secuelas producidas por la mutilación genital, la situación general de salud de la niña es buena. Tampoco presentaba signos de malnutrición o maltrato. En cualquier caso, los dictámenes en profundidad por parte de los técnicos tendrán que determinar el alcance de la afectación y sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Después de la revisión hospitalaria que confirmó la mutilación, la niña fue trasladada en las dependencias judiciales y, desde allí, directamente a la casa de la familia de acogida, sin necesidad de internamiento en un centro de forma temporal.

Después de que Fiscalia abriera diligencias de investigación el pasado 18 de mayo, la denuncia y el atestado policial entraron finalmente en el juzgado número 5 de Tortosa este pasado martes. De momento, los padres no figuran como investigados en la causa. Antes de establecerse en Tortosa, la familia había vivido en Murcia, donde llegaron hace nueve meses desde su país de origen. Los dos negaron haber practicado la ablación del clítoris, una práctica que no entenderían como punible. Sin embargo, atribuyeron los hechos a la abuela de la niña, que lo habría efectuado pocos días después de su nacimiento en Gambia –país de la África Occidental donde esta 'tradición' se mantiene todavía muy extendida. La investigación habrá ahora de determinar ahora si, de hecho, participaron o no -como autores materiales, cooperadores necesarios o facilitadores- así como las circunstancias -el momento y el sitio exactos- de la mutilación.

Fuentes próximas a la investigación han apuntado en el ACN que la mutilación genital femenina es un delito que se puede perseguir penalmente al Estado español aunque se haya cometido fuera del territorio estatal. Eso es así desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2005 del Poder Judicial, que cambió los criterios de competencia territorial de los jueces españoles y que les permite perseguir la práctica cuando se haya producido en el extranjero, siempre que los responsables se encuentren en el Estado español. El artículo 149 del Código Penal castiga con penas de seis a doce años de prisión la mutilación genital, además de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad en el caso de menores, entre cuatro y diez años.