La jueza ve indicios de malversación por parte del exalcalde de Amposta, Manel Ferré

La titular del juzgado número 2 de Amposta ha ordenado que continúe el procedimiento por supuesta malversación de caudales públicos contra el exalcalde de Amposta, Manel Ferré, después de la vista celebrada con todas las partes el pasado 30 de julio para concretar la imputación. Considera que existen indicios suficientes para atribuirle y mantenerlo como investigado por este presunto delito, penado con hasta seis años de prisión, a raíz del cobro de 23.640 euros en dietas duplicadas del Ayuntamiento de Amposta, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) y otros organismos públicos de los cuales formaba parte de los órganos de dirección en los cuales acudía sin representar el consistorio. La jueza, que abrió el procedimiento de juicio jurado popular hace unos meses, rechaza el argumento de la defensa, según la cual Ferré no actuaba con ánimo de lucro alegando una «olvidada gestión» por su parte fruto de la «superposición de cargos y reuniones». Por otra parte, y a petición de Fiscalía, se encargará a la Sindicatura de Cuentas que confirme el informe de los Mossos y sobre la legalidad de las dietas.

Tanto el Ayuntamiento, acusación, como Fiscalía se pronunciaron sobre la necesidad de que el procedimiento siguiera adelante por supuesta malversación de caudales públicos. Sobre la base del informe elaborado por la División de Investigación Criminal de los Mossos –que rastreó todos los gastos cobradas por Ferré entre 2011 y 2014- y los solicitados en secretaría e intervención municipales, la jueza entiende que el exalcalde habría pasado al consistorio gastos de desplazamiento, peajes, comida, alojamiento y aparcamientos de reuniones de organismos para los cuales no había sido designado como representante municipal. Las dietas en cuestión suman un total de 23.630 euros.

La jueza rechaza de lleno el argumento de la defensa según el cual no existía el elemento doloso o el ánimo de lucro. Sorprendentemente, y especialmente después de que Ferré hubiera proclamado reiteradamente su inocencia y rechazado cualquier pacto con Fiscalía o la acusación en la salida de los juzgados, los abogados adujeron una «olvidada gestión» por parte de del exalcalde, fruto de una «superposición de cargos» –tenía cargos directivos o formaba parte de unos dieciocho organismos, muchos de los cuales por designación de su partido, CDC y no del Ayuntamiento. Una explicación que, según reprocha la jueza, no puede asumir, «más todavía teniendo en cuenta el especial deber de gestión de los recursos públicos en razón del cargo».

La defensa intentó también explotar el hecho de que las dietas habían sido autorizadas por la interventora. En este punto, la jueza recuerda que la funcionaria, de acuerdo con su declaración y los informes presentados, ejercía una función «meramente formal o instrumental» y eran aprobadas, finalmente, vía decreto de alcaldía. Por el contrario, apunta que era el funcionario público, en este caso el exalcalde, quien firmando las notas de gastos declaraba que estas han sido efectuadas en el ejercicio de sus funciones. «No se considera estrictamente necesario que el funcionario tenga en su poder los caudales públicos en razón de la competencia que ostenta, sino que es suficiente que tenga competencia para adoptar decisiones que se traduzcan en la disposición sobre los mismos», razona la jueza en su escrito, remarcando que los funcionarios no sólo tienen que velar para no dañar el patrimonio público, sino que disponen de la confianza de los ciudadanos en su «honesta gestión» y la «fidelidad al servicio» que se les encarga.

«Nadie está por encima de la ley»

El concejal no adscrito German Ciscar, que llevó el caso a los tribunales después de detectar irregularidades en las dietas de Ferré, confía en que el caso acabe finalmente a juicio. Espero que se haga justicia, que se lo acuse por lo que es verdad, malversación de caudales públicos, y que el Ayuntamiento de Amposta recupere estos millares de euros. Y sobre todo que se envíe un aviso: que nadie está por encima de la ley. El señor Manel Ferré pensaba que sí. Ya no sólo yo quien ve eso: es Fiscalía, la jueza y los Mossos d'Esquadra», ha valorado. En caso de que se acabe abriendo juicio oral y se acuse formalmente Ferré, la vista se haría con un jurado popular en la Audiencia de Tarragona. Ciscar también ha mostrado sorpresa ante el argumento de la defensa de una «gestión olvidada» por parte del exalcalde. «A estas alturas poca gente se lo puede creer. La justicia tampoco se lo cree. Que nos lo explique: cuando es de forma continuada y reiterada, hablamos de miles de euros, gestión olvidada, que es su defensa, es muy pobre. Si hubiera sido un momento puntual y de pocos centenares se podría creer o no. Pero siente|oye miles de euros y de forma sistemática se ve que ha sido malversación de caudal público», ha añadido.

De acuerdo con el informe policial, el consistorio abonó Ferré entre 2011 y 2014 13.828 euros en gastos que ya habían sido sufragados por alguno de estos organismos, principalmente el CSC. Algunos de los conceptos, causaron estupefacción entre la ciudadanía entre las dietas que Ferré cobró de forma duplicada al mencionado organismo y el consistorio figuraba una comida en un restaurante de Barcelona a base de «bogavante», «filete», «vino de Rioja». Los 9.800 euros restantes fueron asumidos por algunos de los entes públicos mencionados. Prácticamente desde su nombramiento como presidente de este consorcio, Ferré dispuso de una tarjeta de crédito del CSC con la cual, según los Mossos, financiaba la bencina y los costes de desplazamiento con su vehículo particular. Desde mediados de 2012, además, el ente le puso un coche a su disposición. Pero Ferré continuaba pasado dietas supuestamente duplicadas en el consistorio.

Ahora, la jueza ha acordado también, a petición de Fiscalia, solicitar un informe técnico a la Sindicatura de Cuentas sobre el documento presentado por los Mossos en la línea de «confirmar, matizar o corregir» su contenido. También pide al organismo que determine la corrección legal del doble imputación de gastos o dietas entre el Ayuntamiento, por una parte, y el CSC, el ACM, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el ICS, GINSA y SEM, por los cuales también solicitó dietas aunque no representaba en el Ayuntamiento cuando asistía a sus reuniones. Finalmente, la Sindicatura se tendrá que pronunciar sobre la reclamación del consistorio por los gastos de kilometraje efectuados con el todoterreno que le entregó el CSC.