Los querellantes por la trama del Castor recurrirán al Constitucional

Los promotores de la querella #CasoCastor -la Red del Observatorio de la Deuda en la Globalización, la plataforma X-Net y el Instituto Catalán de Drets Humans- pedirán el amparo del Tribunal Constitucional para que se investigue a fondo la trama en torno al fracasado proyecto Castor. Después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya emitido un auto confirmando el archivamiento del caso, los querellantes quieren dirigirse al alto tribunal antes de emprender el camino de los juzgados y las instituciones de la Unión Europea. Lamentan que la decisión judicial hecha pública este miércoles se base, entre otros, en el argumento que en las decisiones sobre la tramitación y ejecución participaron varios gobiernos. «Los gobiernos son de signo diferentes pero están unidos por un común denominador que es siempre igual: ACS y Florentino Pérez», ha subrayado Simona Levi, portavoz de #CasoCastor. La querella acusaba, entre otros, los exministros José Manuel Soria, Miguel Sebastián, Joan Clos, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez, además del presidente de ACS, Florentino Pérez, de supuestas malversación, prevaricación y fraude a la administración en la tramitación y construcción del fracasado almacén de gas submarino.

Siguiendo el camino que impone la actual legislación para trasladar los casos a los tribunales y las instituciones europeas, las entidades denunciantes recurrirán al Tribunal Constitucional. Abrimos la querella porque hay elementos e indicios para investigar, consideramos que no es una cosa caída del cielo. Estamos pidiendo una cosa que tiene sentido. Si la Audiencia Nacional se niega a investigar estamos desamparados», ha explicado la misma Levi en declaraciones a ACN. La petición en el Constitucional, que podría tener forma de recurso de amparo, quiere convertirse en la continuidad de las acciones ciudadanas abiertas cerca la presentación de la querella el pasado 27 de febrero. Aparte de los exministros citados, a la querella figuraban también el presidente del exconcesionario del proyecto, Escal UGS, Recaredo del Potro; el exsecretario general de Indústria, Ignasi Nieto; y el exconseller valenciano de Urbanismo, Juan Cotino.

La jueza Carmen Lamela, en primera instancia, y la Sala de lo Penal, de forma ya definitiva, han cerrado pero el camino de esta acción judicial con argumentos que, consideran, poco sólidos. Entre estos, el hecho de aducir que las decisiones administrativas que permitieron autorizar y construir las instalaciones del proyecto Castor se repartieron entre gobiernos de diferentes signo político y que, por lo tanto, no se aprecian indicios de conjura, de «concierto delictivo», para favorecer los intereses de ACS. El grupo constructor compró dos terceras partes de la sociedad promotora del proyecto, Escal UGS, y resultó agraciado como adjudicatario de la construcción llave en mano en un concurso sin concurrencia. Tanto el gobierno del PSOE, hasta el año 2011, como el posterior gobierno del PP participaron en la aprobación y materialización de un proyecto que puede acabar costando más de 3.300 millones de euros a los consumidores de gas y a los contribuyentes. «Hay denominadores comunes en estas dos etapas», subraya Levi.

En caso de que el Constitucional, que ya suspendió en buena medida el decreto que autorizaba el pago de la indemnización del proyecto Castor, acabe desoyendo la demanda de una investigación en profundidad del proyecto, que los querellantes entienden como un paradigma de los casos de corrupción administrativa y empresarial, se abrirá la vía comunitaria. «Europa es más sensible e independiente. Pero nos interesa estudiar como hacerlo, porque no queremos pagar una cuarta vez el Castor. No nos interesa en que condenen el Estado, porque después lo pagamos todos», apunta. Así, aparte de la vía de los tribunales europeos, explorarán otras vías, de cariz más político, para exigir las responsabilidades económicas por el fiasco del almacén de gas submarino, que nunca ha llegado a entrar en funcionamiento y provocó más de mil terremotos durante el periodo de inyección de gas pruebas.

«Hay aspectos relacionados con las responsabilidades económicas que se tiene que investigar. Tenía que ser trabajo de la Audiencia Nacional pero parece que no lo hará. Pero somos ciudadanía activa, estamos acostumbrados, y las investigaciones que se tenían que hacer con recursos públicos lo haremos nosotros, como solemos hacer ya moldes veces», ha cerrado a Levi.