El juez quiere saber por qué se inyectó el máximo de gas a pesar de los terremotos

El juez que investiga la tramitación y los terremotos causados por el proyecto Castor quiere aclarar por qué la exconcesionaria Escal UGS inyectó el máximo caudal de gas diario previsto el día 12 de septiembre de 2013, cuando ya había sido alertada tanto por el Observatorio del Ebro de que las operaciones estaban originando terremotos. Según el presidente de Aplaca –entidad que reúne a los afectados personada en la causa-, Joan Ferrando, este mes de de octubre comparecen en el juzgado número 4 de Vinaròs, y a petición de Fiscalía, peritos de la exconcesionaria y de la compañía Enagás para aclarar las cantidades de gas inyectadas, que habrían contribuido a intensificar la ola sísmica vivida en las Terres del Sénia a finales de septiembre y principios de octubre de aquel mismo año.

Inyectaron prácticamente ocho millones de metros cúbicos de gas diarios a lo largo de 48 horas, los días 5 y 6 de septiembre. Era la prueba que les había impuesto el gobierno español para conseguir el permiso de apertura definitivo. Desde el mismo día 5, pero, el Observatorio del Ebro ya detectó los movimientos sísmicos y el día 10 se activó Protección Civil y otros organismos. Pero la empresa siguió las inyecciones según el plan previsto inicialmente: el día 12 de septiembre volvía a inyectar ocho millones de metros cúbicos y, a partir de este momento, empezó a bajar el caudal hasta cerrar el grifo el 16 de septiembre. A pesar de este escenario, que consta en documentos oficiales en manos de los juzgados, elexconcessionàriacontrolada por Florentino Pérez ha basado buena parte de su defensa en una supuesta actuación correcta durante el periodo de inyección y, incluso, llegó a sacar pecho de haber reducido los caudales a raíz de los terremotos a partir del día 13, por indicación de los técnicos el Observatorio del Ebro. Los directivos de la exconcesionaria tampoco han dejado escapar ninguna oportunidad de intentar de desacreditar los organismos oficiales por los informes que ponen en entredicho esta versión.

Las inyecciones en fase de pruebas habían empezado en fase de pruebas el mes de junio de 2013. A principios de septiembre, y según reconoció el Ministerio de Industria del gobierno del PP,EscalUGSllegó a inyectar al Castor un 147% más de gas que la inyección máxima que había efectuado hasta aquel momento. El Instituto Geológico y Minero (IGME), que correlacionó de forma clara las inyecciones y los seísmos en 2014, avisaba que este volumen contravenía las buenas prácticas de la industria, que recomendaba incrementar los caudales de gas de cada fase hasta un máximo del 50%. También advirtió que los márgenes de seguridad en cuanto a presiones eran escasos. Además, expertos como el profesor de la UB, Josep Giner, y el catedrático emérito de la Complutense, José Luis González de Vallejo, apuntaron que la maniobra podría haber llegado a empujar los fluidos del subsuelo, fracturando las rocas, afectando la falla y generando, de formar diferida, los terremotos de mayor magnitud entre finales de septiembre y principios de octubre -4,3 grados a la escalera de Richter el 2 de octubre-. La oleada superó, finalmente, el millar de seísmos de diferente magnitud.

El presidente de Aplaca considera que el esclarecimiento de las cantidades exactas de gas inyectadas y el procedimiento son «un punto esencial» para esclarecer una parte de la casuística operativa del Castor que acabó desencadenando los seísmos. La causa,arranla denuncia presentada inicialmente por Fiscalía, acumula miles de páginas y una veintena de investigados por los supuestos delitos ambientales y de prevaricación ambiental. Además del presidente deEscalUGS,Recaredo delPotro, el director técnico, Carlos Barato, y el consejo de administración de la empresa, figuranexaltscargos y funcionarios de los ministerios de Industria y Agricultura, así como laIGME.

«El proceso parecía parado pero no lo está», ha subrayado Ferrando, que a pesar de todo se muestra prudente y poco optimista a la hora de pronunciarse sobre la decisión final un golpe el juez dé por acabada una investigación que se declaró causa compleja, con enero de 2019 como límite teórica máximo para concluir las diligencias. «El que tenemos muy claro es que, sea qué sea el resultado, tenemos preparada colectivamente una demanda civil para pedir indemnizaciones porque la gente del territorio tenga un reconocimiento no sólo moral, también económico. Somos ya unos 300. Puesto que la empresa ha sido indemnizada, la gente del territorio se merece que se haga justicia», ha señalado.

LaCUPpide la comisión de investigación

Desde la planta terrestre del proyecte Castor, ahora hibernada con un coste anual de 16 millones de euros de mantenimiento, la diputada de laCUP, Maria Sirvent, ha pedido celeridad a ERC porque convoque la comisión de investigación sobre el almacén de gas submarino al Parlamento. A pesar de entender que las competencias de la cámara en este ámbito son «limitadas», Sirvent se ha comprometido a instar porque se investigue, se citen las personas que puedan esclarecer el caso, pedir responsabilidades a los protagonistas del que ha calificado como una «estafa» y «engaño a la ciudadanía», que «han trinchado el territorio y no han respondido todavía por esta actuación». La diputada también ha querido poner en valor la tarea de denuncia de los movimientos sociales que han luchado contra el proyecto, como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y ha reprochado que sea el mismo territorio quien acabe recibiendo los costes de la operación, que «no responde a los intereses público y de la ciudadanía», mientras «los beneficios se los llevan los de de siempre, que no viven y no sufren las consecuencias».