Presentan un recurso de amparo al Constitucional contra el archivamiento de la investigación del Castor

Los promotores de la querella #CasoCastor -la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, la plataforma X-Net y el Institut Català de Drets Humans- han presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que investigue la trama en torno al fracasado proyecto Castor. Después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara el archivamiento del caso, los querellantes ya adelantaron en septiembre que se dirigirían al alto tribunal antes de emprender el camino de los juzgados y las instituciones de la Unión Europea. Entre otros, la querella acusaba cinco exministros y el presidente de ACS, Florentino Pérez, de los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.

Los impulsores de la querella ciudadana piden en el Tribunal Constitucional que revoque la decisión de la Audiencia Nacional de no investigar el caso y «que ordene respeto para el derecho a la tutela judicial efectiva» mediante la apertura de una investigación judicial con la práctica de las diligencias necesarias para aclarar posibles responsabilidades penales. De hecho, apelan a la necesidad de «practicar una mínima investigación» con el fin de poner en cuestión «la impunidad» de las conductas de presunta corrupción en torno al proyecto.

La querella acusaba, entre otros, los exministros José Manuel Soria, Miguel Sebastián, Joan Clos, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez, además del presidente de ACS, Florentino Pérez, de supuestas malversación, prevaricación y fraude a la administración en la tramitación y construcción del fracasado almacén de gas submarino. También figuraban el presidente del exconcesionario del proyecto, Escal UGS, Recaredo del Potro; el exsecretario general de Indústria, Ignasi Nieto; y el exconseller valenciano de Urbanismo, Juan Cotino.

La querella se interpuso el 21 de febrero, pero el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional la desestimó en junio. Aunque los querellantes recurrieron la decisión, el pasado septiembre la Sala de lo Penal mantuvo el criterio y cerró el paso en la acción judicial. El colectivo ha criticado que los argumentos esgrimidos por la justicia son poco sólidos. Entre estos, el hecho de aducir que las decisiones administrativas que permitieron autorizar y construir las instalaciones del proyecto Castor se repartieron entre gobiernos de diferentes signo político y que, por lo tanto, no se aprecian indicios de conjura, de «concierto delictivo», para favorecer los intereses de ACS.

El grupo del caso Castor quiere que se llegue hasta el final a la hora de reclamar responsabilidades por el fiasco del almacén de gas submarino, que nunca ha llegado a entrar en funcionamiento y provocó más de mil terremotos durante el periodo de inyección de gas pruebas. Además, critican que se hayan pagado 1.350 MEUR -más intereses del canon y peajes del gas- por la instalación fallida. «Es uno de los fraudes más importantes que la sociedad española ha vivido en los últimos tiempos en cuanto a la gestión del dinero recaudado mediante el canon de todos los consumidores de gas», señalan.

Los promotores sostienen que hay indicios de conducta delictiva en la actuación de los querellados, a quién señalan como los «máximos responsables de la preparación, ejecución y cierre del proyecto Castor». Además, lamentan que los tribunales «hayan omitido totalmente» la actividad que les es propia y que se hayan «alejado de su función constitucional».

Declaración de un perito en los juzgados de Vinaròs

Por otra parte, este martes está citado a declarar en los juzgados de Vinaròs un perito de Enagás. El juez que investiga la tramitación y los seísmos causados por el proyecto Castor quiere aclarar por qué el exconcesionario Escal UGS inyectó el máximo caudal de gas diario previsto el día 12 de septiembre de 2013, cuando ya había sido alertada por el Observatorio del Ebro de que las operaciones estaban originando terremotos.