Enagás desconoce el caudal de gas que Escal UGS inyectó en los pozos del proyecto Castor
Un alto directivo de la compayia revela ante el juez de Vinaròs que la información facilitada por el exconcesionario era incompleta
El Observatorio de la Deuda de la Globalización recorrerá el archivo de la querella del Castor contra exministros y empresario
La compañía Enagás, encargada de suministrar el gas que utilizó Escal UGS durante las pruebas del almacén submarino, desconoce el caudal que el exconcesionario inyectó en los pozos al inicio de la ola sísmica de principios de 2013. El director general de Enagás GTS, Diego Vela, declaró este miércoles como perito, a petición de Fiscalía, ante el juez de Vinaroz que investiga el caso. Admitió que sólo podía explicar los volúmenes, caudales y presiones que llegaron a la planta terrestre d'Escal UGS, pero en ningún caso el punto de inyección. El exconcesionario se escudó con los datos del caudalímetro de Enagás para defender que redujo el caudal cuando tuvo conocimiento de los terremotos. Fue ocho días después de que se le notificaran los primeros seísmos y justo el día siguiente de inyectar el máximo volumen diario previsto en el almacén.
Enagás se limitó a dispensar el gas hasta la Estación de Regulación y Medida situada en Vinaroz. El directivo, sin embargo, matizó que no conocía ni podía explicar todo aquello que podía pasar entre de la planta terrestre de Escal UGS y la plataforma marina, entre otras cosas, porque la información aportada por el exconcesionario era incompleta. En estos términos se pronunció ante el juez que investiga el exconcesionario y una veintena de personas –entre directivos, técnicos, altos cargos y funcionarios del gobierno español- por presuntos delitos ambientales y de prevaricación ambiental.
Según fuentes de la acusación particular que encabeza la asociación de afectados Aplaca, Vela aseguró que Escal UGS no podía inyectar más gas del que Enagás le servía en el punto de conexión y que, aparentemente, todos los parámetros eran normales. Sin embargo, enfatizan las mismas fuentes, reconoció posteriormente que el gas es comprimido antes de ser inyectado, hecho por el que el caudal puede variar. Un valor, en todo caso, que el director general de Enagás GST aseguró que no conocía.
Precisó que la compañía se limita a informar mensualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el gas que sirve y adujo que no tenían un papel especial en la tercera fase de inyección, durante la primera mitad de septiembre, más allá de reportar que Escal UGS había reducido el caudal de inyección a la mitad a partir del día 13, justo un día después de esconder en el subsuelo marino unos 8 millones de metros cúbicos al día, el mismo volumen que los días 4 y 5 de septiembre, a partir de los cuales el Observatorio del Ebro detectó los primeros terremotos. La fiscal de Medio Ambiente de Castellón que lleva el caso, Dolores Ofrecio, ha solicitado ya a la CNMC varios informes sobre los caudales reales dispensados y utilizados en el almacén de gas submarino.
La cuestión no es menor. La empresa controlada por el grupo ACS de Florentino Pérez se escudó en los valores de los caudalímetros de Enagás para defender que había actuado correctamente reduciendo las inyecciones a partir del 13 de septiembre –y completando la fase temporal prevista hasta el día 16-, cuando recibió una recomendación en este sentido del Observatorio del Ebro. Así lo argumentaba un informe pericial elaborado por varios técnicos, entre los cuales Jesús Artieda, cuya empresa había sido subcontratada en la ejecución del proyecto Castor.
Las inyecciones en fase de pruebas habían empezado en el mes de junio de 2013. A principios de septiembre, y según reconoció el Ministerio de Industria del gobierno del PP, Escal UGS llegó a inyectar al Castor un 147% más de caudal de gas diario que la inyección máxima que había efectuado hasta aquel momento con el objetivo de superar la prueba de carga que le exigía el gobierno español para conseguir el permiso definitivo. El Instituto Geológico y Minero (IGME), que correlacionó de forma clara las inyecciones y los seísmos el año 2014, avisaba de que este volumen contravenía las buenas prácticas de la industria, que recomendaba incrementar los caudales de gas de cada fase hasta un máximo del 50%. También advirtió que los márgenes de seguridad con respecto a presiones eran escasos. Los seísmos generados por estas operaciones superaron el millar.
Aplaca pide más explicaciones
El presidente de Aplaca, Joan Ferrando, ha recordado la importancia de establecer la secuencia de las operaciones en las instalaciones d'Escal UGS los pasados 12 y 13 de septiembre para determinar si la empresa actuó con motivación dolosa o de forma negligente. «Consideramos que es fundamental que en sede judicial se pueda demostrar, mediante pruebas periciales de técnicos, que durante la inyección de gas el proyecto no estaba en fase operativa sino de pruebas», ha declarado. Ferrando reclama respuestas para dos preguntas: «si se habían previsto los terremotos cuándo se llevaba a cabo la inyección» y, en caso afirmativo, «por qué no se informó en la población y no se tomaron medidas para evaluar el riesgo». «Esperamos que el juez lo sepa entender», ha remachado.
A pesar de admitir que Aplaca prioriza la vía de la demanda civil en este caso, Ferrando ha subrayado la importancia de la investigación penal en curso por parte de una instancia judicial ubicada en el territorio. «Si llega el juicio y se va a Madrid, a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, con la que está cayendo no sabemos si durará mucho», ha lamentado.