ERC reclama refuerzos urgentes para el juzgado de Vinaròs que investiga el proyecto Castor
Los republicanos alertan de que el exceso de trabajo en esta instancia podría acabar suponiendo el archivamiento precipitado de la causa después de tres años de investigaciones
El Observatorio de la Deuda de la Globalización recorrerá el archivo de la querella del Castor contra exministros y empresario
El diputado de ERC, Jordi Salvador, ha reclamado al gobierno español que adopte urgentemente «las medidas de refuerzo necesarias» para el juzgado número 4 de Vinaròs, encargado de investigar el proyecto Castor. Los republicanos han presentado una proposición no de ley en el Congreso en este sentido, alertando de que el exceso de trabajo que sufre esta instancia podría acabar precipitando el archivamiento de la causa después de tres años de investigaciones, dado que el plazo para instruir esta causa compleja finaliza, teóricamente, este próximo mes de noviembre. Salvador ha recriminado al Consejo General del Poder Judicial que no haya atendido hasta ahora las demandas de refuerzos desde la misma instancia, por el cual han pasado al menos cuatro jueces, hecho que está precipitando el archivamiento de varios casos para|por prolongada paralización procesal.
El caso fue declarado como «causa compleja» en enero de 2016, consideración que supuso una prórroga de dieciocho meses para poder finalizar la investigación. A punto de llegar ya al teórico límite temporal, los republicanos remarcan que el archivamiento supondría, en definitiva, «la impunidad de todos los hipotéticos responsables de uno presunto fraude», por lo que en el 2014 se contrajo una deuda pública de 1.350 millones que percibieron «indebidamente» algunos de los 20 investigados en esta causa.
El pasado diciembre, apunta Salvador, el Tribunal Constitucional anuló algunos artículos del decreto que articulaba el mecanismo de retorno del crédito por este pago. Por eso, cree que es imperativo que la causa penal continúe y se pueda formalizar escrito de acusación pública lo antes posible, como «única forma de depurar responsabilidades legales contraídas por los presuntos culpable». En la proposición, ERC también pide una investigación al CGPJ sobre la paralización de la causa y la apertura de un expediente disciplinario, si ocurre. En las diligencias figuran como investigados la sociedad Escal UGS y una veintena de personas, entre directivos del exconcesionario, tres exdirector generales del gobierno español y funcionarios.
Paralelamente, el diputado republicano en el Congreso ha presentado una segunda proposición no de ley instante el gobierno español a incoar, en el plazo de diez días, un expediente administrativo para requerir a Escal UGS, y solidariamente en sus accionistas y miembros del consejo de administración, la devolución y reintegro de los 1.350 millones de euros, además de los intereses, percibidos en noviembre del año 2014 a raíz de su renuncia al proyecto. La medida supondría, entienden, la ejecución de la sentencia de inconsitucionalitat por el pago de la indemnización. Recuerda que el Tribunal Supremo, cuando desestimó la demanda de lesividad presentada por el gobierno del PP, facultaba al ejecutivo a aplicar factores reductores de la indemnización por la actuación de la empresa, unos extremos que no fueron comprobados en aquel momento.