Caso Castor
El gobierno español se desentiende del desmantelamiento del Castor
El secretario de Energía asegura que tampoco contemplan indemnizar a los propietarios de los terrenos expropiaciones
El gobierno español considera que no es responsable del gasoducto del Castor y se desentiende de su desmantelamiento y de indemnizar a los propietarios de los terrenos por las expropiaciones de servidumbre forzosa. El secretario de Energía, José Domínguez Abascal, ha respondido así al senador de ERC, Miquel Aubà, en la comisión de Transición Ecológica. Domínguez Abascal ha señalado que la sentencia del contencioso administrativo de Castellón y del recurso posterior al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, exonera de administración general del Estado de cualquier responsabilidad, ya que no ha estado parte del procedimiento judicial donde se ha acabado anulando la licencia urbanística de las instalaciones de Vinaròs.
El secretario de Energía ha asegurado que no se hará nada con el gasoducto, que conecta la planta terrestre del Castor y la red general de gas, hasta que no se decida el «futuro» del almacén. Este gasoducto fue declarado ilegal, primero por la Audiencia Nacional, y más tarde por el Tribunal Supremo, porque se hizo sin la declaración de impacto ambiental correspondiente. El secretario de Energía, José Domínguez Abascal, se ha aferrado al hecho de que no existe «ningún pronunciamiento administrativo ni judicial» que obligue al estado español a asumir el desmantelamiento de la planta terrestre y el gasoducto del Castor, ni a indemnizar a los propietarios que se vieron afectados por las expropiaciones.
Domínguez Abascal ha asegurado que el gasoducto forma parte de la red básica del sistema gasista, y que «en el momento actual», mientras no se decide el futuro del almacén, la sentencia del Supremo no los obliga a desmantelarlo e indemnizar los daños que haya podido causar la instalación. El secretario de Energía ha recarcomido se encuentra en fase de concurso público la redacción de los informes que utilizará el gobierno para resolver el futuro del Castor. «Estos estudios son necesarios para identificar las diferentes alternativas y riesgos que comportan, medioambientales y de todo tipo», ha apuntado.