El Síndic reclama que se devuelva el dinero cobrado por el Castor a los consumidores

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha reclamado que se dé cumplimiento definitivamente la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la indemnización de 1.350 millones de euros para el proyecto Castor y se devuelva a los consumidores el dinero pagado con la factura de gas. En su comparecencia a la comisión de investigación sobre el caso en el Parlament, Ribó ha lamentado que, casi un año después de la sentencia, ni la misma alta instancia judicial ni el gobierno español, a pesar de disponer de los mecanismos adecuados, hayan actuado todavía en este sentido. Por su parte, los representantes de la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia ha descrito el trámite y la ejecución del almacén de gas submarino como un «largo camino de despropósitos consentidos».

Las veces judiciales contra la indemnización del proyecto Castor y la inacción del gobierno español al respecto siguen cerniendo también sobre los debates de la comisión, que este lunes ha llegado a su segunda jornada. Primero el Constitucional anulando el pago de la indemnización en Escal UGS, a finales de diciembre del año pasado. Hace unas semanas el Supremo, suspendiendo el de los costes de mantenimiento a Enagás de 2014 y 2015. Y, a pesar de todo, los más de 180 millones de euros que ya habían pagado los consumidores por el fallido proyecto de gas submarino todavía no les han sido devueltos. Tampoco se conoce qué mecanismo se utilizará para hacerlo.

«Es una falla al máximo nivel por unanimidad y queda clarísima. Independientemente que algún día legislen otra vía para hacer otra indemnización, y ya veremos cómo la justifican, porque ahora está demostrado que aquella plataforma al inyectar gas provocaba terremotos, era insegura, llevamos meses de dilación en los cuales no se ejecuta la sentencia. Y los ciudadanos de Cataluña sabemos lo que es una sentencia del Constitucional, porque aquí se han aplicado al segundo», ha argumentado Ribó, justo después de comparecer. El Parlament, de hecho, presentó un incidente de ejecución para forzar el cumplimiento íntegro de la sentencia. «Se tendría que haber devuelto de inmediato, cosa que no ha sucedido», ha lamentado.

El Síndic ha aprovechado su intervención para volver a exigir al gobierno español el encargo de una auditoría técnica, con «valor para cambiar las cosas» y que sirva para delimitar las responsabilidades del exconcesionario por posibles negligencia o, incluso luto. También ha cargado contundentemente contra «la opacidad» que todavía rodea el proyecto y ha querido poner en evidencia varias contradicciones que evidenciarían que «se especuló con la información». «El Supremo dejó claro que hay derecho a una compensación siempre y cuando fuera operativa y no hubiera luto o negligencia», ha afianzado.

Ribó ha reprochado, además, que no se tuvieron en cuenta las advertencias del Observatori de l'Ebro y que a estas alturas todavía no se conoce toda la información sobre las operaciones d'Escal UGS. En todos los casos, apunta, la respuesta ha sido la «pasividad». También ha cargado contra el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por la falta de transparencia en la operación para la emisión de bonos que sirvió para financiar el proyecto.

Despropósitos gubernamentales y empresariales

La segunda jornada de la comisión de investigación ha llevado también hasta el Parlament a los representantes de la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, la entidad que ha plantado cara al proyecto desde que trascendió a la luz pública, en el territorio, en agosto de 2007. «Ha sido un largo camino de despropósitos consentidos por unos y otros. Si lo hubieran mirado cuando lo pedíamos ni gastaríamos dinero ni habríamos llegado aquí», ha denunciado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverté, que ha reprochado con numerosas fechas y referencias documentales la «tolerancia» anchísima de los diferentes gobiernos españoles con la empresa exconcesionario Escal UGS, controlada por el grupo ACS de Florentino Pérez.

Desde las autorizaciones administrativas «dadas porque sí» y el gobierno español respondiendo «por boca de una empresa con intereses lucrativos». También la fragmentación del proyecto para evitar trámites de impacto ambiental, que después han enmendado sobre el papel los tribunales. O las autoadjudicaciones que ACS hizo en el proceso de construcción disparando su margen de beneficio, como constructor, contratista y socio mayoritario, del 5 al 17%, en un contexto de descontrol del gasto para materializar el proyecto. En este contexto, ha recordado, la losa del Castor supone el 54% del déficit del sistema gasista español. «La empresa no ha arriesgado nada, la administración nada y los ciudadanos todo», ha resumido, recordando los más de mil terremotos provocados por las inyecciones de gas.

Por su parte, el también portavoz de la Plataforma, Evelio Monfort, ha relatado cómo el movimiento social inició la lucha contra el proyecto prácticamente desde el desconocimiento. La entidad, ha recordado, alertó previamente, sobre la base de lo que ya habían advertido varios expertos del Observatori de l'Ebre, que la actividad de inyección podría acabar provocando terremotos. «¿Si nosotros éramos unos 'sabocs' y fuimos capaces de encontrarlo, esta gente no lo encontró? ¿No fueron capaces de saber que habría un problema de terremotos no cuando se ponía el gas, sino cuando se sacaría?», se ha preguntado. Monfort también ha querido poner en evidencia las incoherencias del gobierno español y su complicidad con Escal UGS, así como las consecuencias de la instalación del Castor para el territorio y sus actividades económicas.

Por último, el exalcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, ha comparecido también a la comisión poniendo sobre la mesa la opacidad del proyecto desde sus inicios que se tradujo con una falta constante de información para el Ayuntamiento. También ha recordado la amenaza que la ola sísmica supuso para los vecinos del territorio y actividades económicas como el turismo.