Los consumidores siguen pagando en su factura los 39,22 MEUR del Castor

A pesar de las sentencias judiciales de inconstitucionalidad y ordenando el retorno de los pagos por el mantenimiento y el retorno de la indemnización del proyecto Castor, los consumidores de gas siguen pagando el rastro de facturas pendientes de que deja el fracasado almacén de gas submarino. Concretamente, los 39,22 millones de euros que Enagás Transporte invirtió para adquirir el gas que se empezó a inyectar el año 2013 en el proyecto Castor. El gobierno español del PP pidió al gestor técnico del sistema que se hiciera cargo de la compra ante la incapacidad financiera del exconcesionario Escal UGS para hacer frente. Según ha reconocido el actual ejecutivo del PSOE, a raíz de una pregunta de los senadores de Compromís, los consumidores están pagando desde entonces este coste con cuotas anuales. La de 2018 asciende a 3,56 millones de euros.

Según precisa el gobierno español en su respuesta por escrito, la inversión por el gas esta siendo retribuida «según el procedimiento estándar» metido en la Ley 18/2014 de medidas urgentes «para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia», que incluye también la amortización. Antes de la de este 2018 ya se habían abonado cinco anualidades: 1,58 millones en el 2013, 4,73 en el 2014, 3,86 en el 2015, 3,76 el 2016 y 3,66 en el 2017. Estas cantidades, apunta la respuesta, se integran en la retribución conocida en Enagás Transporte como gestor de los almacenes subterráneos estatales en las diferentes órdenes ministeriales que aprueban los peajes y retribuciones por las actividades reguladas del sector gasista que se cargan en la factura de los consumidores.

Hasta estos momentos, al menos de forma pública, era una incógnita todavía el coste real del gas colchón y como se financiaba su adquisición por parte de Enagás Transporte. El año 2012, el gobierno español impidió en un primer momento Escal UGS participar en la subasta de adquisición. El exconcesionario no había acreditado la solvencia financiera necesaria. Delante de eso, el ejecutivo del PP acordó que la empresa de Florentino Pérez subrogara todos los derechos y obligaciones para la inyección de este gas en Enagás Transporte, la misma empresa que posteriormente negociaría el crédito para la indemnización de 1.350 millones y que tenía que percibir 16 millones de euros anuales por mantener las instalaciones hibernadas –de los que, habría cobrado 33 hasta las recientes sentencias anulando los pagos y obligando a devolverlos a los consumidores.

114 millones de metros cúbicos adquiridos

La compra del gas se hizo efectiva, finalmente, a mediados de mayo de 2013. A partir de aquel momento, sin embargo, nadie quiso concretar qué coste concreto tendría y sobre quien recaería el pago final. Únicamente el exministro de Industria del PP, José Manuel Soria, aseguró el 10 de octubre en el Congreso que el coste del gas podía llegar a los 186 millones de euros que, supuestamente, hacen referencia al coste del volumen total necesario para el Castor. Ahora, la respuesta gubernamental apunta que Enagás había adquirido en nombre de Escal UGS 114,5 millones de metros cúbicos -1.208 GWh-, a un precio de 32,46 euros/MWh para una primera fase.

De hecho, para poner en marcha el almacén, había que inyectar previamente 600 millones de metros cúbicos de lo que se conoce como gas de colchón: es aquel que queda atrapado entre el agua y las rocas, permitiendo extraer a la presión adecuada el gas de trabajo o útil-1.300 millones de metros cúbicos más en el caso de Castor-. La empresa controlada por Florentino Pérez, sin embargo, sólo pudo inyectar 103 millones de metros cúbicos entre junio y septiembre de 2013, cuando las instalaciones todavía estaban en periodo de pruebas.

Antes de finalizar el primer ciclo previsto de inyección del gas colchón, que tenía que acabar en octubre, las operaciones desencadenaron la ola sísmica –finalmente, con más de 1.000 terremotos- y el gobierno español decidió parar los trabajos y cerrar las instalaciones a finales de septiembre de aquel mismo año. Así las cosas, el exconcesionario del Castor sólo llegó a inyectar el 17% del total del gas de colchón y únicamente un 5,42% sobre la capacidad total teórica del almacén, que se estimó en 1.900 millones de metros cúbicos en total –la suma del gas colchón y el de trabajo.

«Desastre económico y financiero»

«El proyecto fue un desastre económico y financiero desde que empezó el desvío económico respecto del presupuesto inicialmente previsto y los sobrecostes y siguió el fiasco con las inyecciones de gas y los terremotos. En la actualidad los efectos de esta chapuza y el descrédito que supuso este proyecto siguen retribuyéndose en Enagás Transport, titular de este almacén y que siguen abonando los consumidores de gas natural de forma injusta», ha subrayado el senador de Compromís, Jordi Navarrete, quien ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que Enagás siga cobrando por el gas colchón después de las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo anulando los pagos y obligando a devolver el dinero a los consumidores.

El senador también ha cargado contra «el silencio, la opacidad que rodea Castor y los intereses en juego que han existido por la connivencia con la clase política tienen que acabar. «Los consumidores tienen que tener acceso a la información existente, abrir las ventanas a la transparencia y que los ciudadanos dejan de ser los paganos de una chapuza de la cual nadie ha asumido responsabilidades y que el PP evita investigar a cualquier precio», ha insistido.

Según ha recordado, los actuales Presupuestos del Estado contienen 96 millones de euros en indemnizaciones vinculadas a los costes de operación y para la hibernación de Castor que realiza Enagás sin que se haya efectuado «ninguna auditoría sobre el estado de la planta, su correcto funcionamiento y diseño y castigando a los consumidores por encima de los verdaderos causantes de este despropósito de la ingeniería y del sistema energético». El senador ha anunciado que reclamará más información al gobierno español y ha instado la ministra por la Transición Ecolgica, Teresa Ribera, a desmantelar definitivamente el proyecto.