Los vecinos que han hecho cerrar la pista polideportiva de la Galera reprochan la pasividad del Ayuntamiento

Los vecinos de la Galera (Montsià) que han hecho cerrar la pista polideportiva municipal por las molestias del ruido que les producía reprochan al Ayuntamiento su pasividad a la hora de tomar medidas correctoras cuando, tiempos atrás, se las requirieron. En un comunicado hecho público por su representante legal, los propietarios que han ganado el contencioso administrativo contra el consistorio, residentes en una casa construida hace 20 años al lado de la pista ya existente, argumentan que la sentencia, lejos de solucionar el problema, ha empeorado su situación de forma «drástica» porque ahora también tienen que hacer frente a la «incomprensión y crispación del resto de vecinos». Además de cerrar la instalación, el gobierno municipal tendrá que encargar un estudio de impacto acústico.

«Carece de empatía e indolencia del Ayuntamiento» hacia su problema «durante años y años». Este, aseguran, es el motivo que ha llevado a los vecinos a recurrir a la vía judicial que les ha acabado dando la razón. Una «inactividad del deber legal del Ayuntamiento, de ejercer sus competencias y cumplir la legalidad» que, sostienen, podría afectar a cualquier otro vecino y no se tendría que repetir.

Critican que, una vez la sentencia se ha vuelto firme, desde el pasado 20 de julio, el consistorio sólo se haya limitado a encargar un estudio de impacto acústico y «todavía no se ha materializado ningún tipo de medida efectiva para evitar los ruidos y enmendar técnicamente las carencias del equipamiento». En este sentido, subrayan que la suspensión de actividades sólo se alargará hasta que se apliquen efectivamente estas medidas para evitar las molestias a los vecinos.

Los propietarios denunciantes defienden que iniciaron el proceso para defender su «salud y sus derechos» delante de el consistorio. Argumentan que su vivienda, construido al lado de la pista hace 20 años «con los correspondientes permisos y licencias municipales para el uso residencial» dintel con el equipamiento, hecho de hormigón y con planchas metálicas tanto en los laterales como en el techo.

Dicen que la instalación no cuenta con ninguna restricción de accesos para evitar el uso incontrolado y que requirieron al Ayuntamiento «en incontables ocasiones», como administración «plenamente» competente en la materia, para que paliara los ruidos provenientes de las actividades que se hacían. En noviembre de 2009, la técnica de la Diputació de Tarragona les habría trasladado la necesidad de medidas correctoras para evitar los valores de contaminación acústica superiores a la normativa. A pesar de reconocer que el consistorio asumió el problema y aplicó algunas de estas acciones, no las acabó de instalar y pronto comprobaron que eran «del todo insuficientes».

Pero a pesar de la sentencia que les da la razón, ahora se quejan de que su situación, lejos de mejorar, ha empeorado a raíz del «juicio público» que, aseguran, se ha abierto cerca los bandos y la difusión mediática del caso. La pareja, que tiene dos hijos, explica a través de su abogada que tienen que hacer frente ahora a la «incomprensión y crispación del resto de vecinos», con los cuales, sostienen, «siempre» han tenido «una relación de convivencia cordial por encima de todo».