El gobierno español quiere que los consumidores sigan pagando para mantener el Castor a pesar de las sentencias judiciales

El gobierno español quiere que los consumidores de gas sigan asumiendo el coste del mantenimiento del proyecto Castor este próximo 2019 a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que anulan y revierten los pagos anteriores. Según el borrador de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para el próximo año que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sometido a consulta pública con la previsión de aprobar los próximos días, Enagás Transporte será retribuida por este concepto con 8,73 millones de euros y, además, percibirá la misma cantidad anual para los 2017 y 2018. Una cifra que supone prácticamente la mitad de los 15,72 millones que ingresó anualmente en el 2015 y en el 2016. El ejecutivo lo justifica para «evitar el abandono incontrolado de la instalación». El grupo ciudadano Cas Castor ha denunciado la «irresponsabilidad» de la medida.

Enagás Transporte, que ya percibió un total de 33 millones de euros por el mantenimiento y la hibernación de las instalaciones del proyecto Castor durante diciembre de 2014 y los dos años siguientes, liquidaciones que están siendo revisadas de oficio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), volverá a cobrar por estas tareas. Esta es la intención del Ministerio para la Transición Ecológica, que ahora se encarga de aprobar las órdenes de peajes y cánones que cargan anualmente sobre la factura de los consumidores los costes del sistema gasista.

Si, finalmente, la orden acaba siendo aprobada los próximos días, de poco habrá servido la sentencia de hace un año del Tribunal Constitucional –espoleada por un recurso del Gobierno, el Parlamento y el Grupo Socialista en el Congreso- que anulaba los pagos, tanto para amortizar el crédito que permitió pagar los 1.350 millones de euros al exconcesionario Escal UGS, en manos de Florentino Pérez, como los costes de mantenimiento pagados a la empresa filial de ACS y Enagás. Tanto en el preámbulo como a la disposición adicional primera del borrador de esta orden, el gobierno español apela al real decreto 13/2014 de extinción de la concesión, declarado parcialmente inconstitucional, para justificar la medida.

Más allá de volver al conocido argumento que el Constitucional sólo cuestionaba el tipo de norma, porque no se había justificado su necesidad extraordinaria y urgente, aducen que la sentencia no anuló los apartados de las disposiciones transitorias en las cuales se reconocía el derecho del exconcesionario a percibir el mantenimiento hasta la fecha bisiesta de las instalaciones y así como el hecho de que Enagás acabaría asumiendo las instalaciones. También remite a la Ley de Hidrocarburos, que reconoce la retribución para las actividades reguladas, que se reconocieron en Escal UGS, también a Enagás. «Asimismo, y con el objetivo de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar la empresa responsable de la administración de las instalación con los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medio ambiente».

Así, y dentro del articulado de la orden, la disposición adicional primera prescribe que se abone en Enagás Transporte estos costes «con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista». Unos costes, precisa, que se tendrán que justificar mediante una auditoría y «se determinarán con carácter definitivo por orden de la ministra para la Transición Ecológica, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia». El importe incluiría, como coste adicional, el beneficio industrial y, en caso de subcontratación, los gastos de gestión y administración.

Según consta en la norma, para fijar la cantidad a retribuir, Enagás Transporte tendrá que remitir al Ministerio antes del 31 de octubre de cada año, y a partir de este próximo 2019, el plan de costes estimados para el ejercicio siguiente. La empresa tendrá que acompañar este documento de una memoria explicativa sobre las actuaciones que tiene que realizar en virtud del decreto de extinción de la concesión, así como del estado de los principales elementos de la instalación, «con especial atención a los elementos críticos para la seguridad de las personas, bienes y del medio ambiente». También se detallará la forma de contratación que se utilice para las principales partidas con el objetivo de garantizar «la concurrencia, la transparencia y el mínimo coste».

Por último, se añadirá la memoria de gastos auditados del ejercicio precedente para que se reconozca con carácter definitivo. El importe anualmente previsto, sostiene el gobierno español, podrá quedar acondicionado para el ejercicio siguiente en función de los gastos auditados y acreditados. Los desvíos de las retribuciones de anualidades anteriores como consecuencia de las revisiones definitivas también serán incluidos. En este sentido, el gobierno español reconoce también a Enagás Transporte 8,73 millones de euros anuales correspondientes al mantenimiento de los años 2017 y 2018 que se pagarían de forma única a la próxima liquidación disponible de este año.

«Farsa» de consulta

El grupo ciudadano Cas Castor ha denunciado la estrategia del gobierno español, que caalificado de un «acto irresponsable» para que la ciudadanía siga pagando el coste del fracasado almacén de gas submarino. La portavoz del grupo, Simona Levi, ha calificado de «farsa» la consulta pública sobre la orden abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica en su web. «El e-mail no funciona y son decisiones que se tiene que tomar antes de finales de año: si fuera serio habrían dado más tiempo a responder», ha valorado. «Quieren, una vez más, que paguems el Castor en la factura del gas e invitamos a la ciudadanía a enviar respuesta a la consulta para decir que no, que ya que nos consultan no lo queremos pagar», añade. Cas Castor, de hecho, ha llamado la ciudadanía a manifestarse en este sentido, sea a través del Twitter o una dirección de correo alternativa: SGH@miteco.es.

Levi ha lamentado que la campaña se haya abierto en el último momento, sin dar suficiente tiempo, «con las fiestas y el tema de Cataluña, que será muy sonado», y que todo responde a la estrategia de esconder «una vez más, y por tercera y cuarta vez, que pagamos el Castor en nuestra factura del gas y no lo hagan los responsables». Unos pagos por el mantenimiento, avisa, que pretenden que sean «sine die», «para el resto de nuestra vida», atendida la manifiesta falta de voluntad de abordar el desmantelamiento de las instalaciones por parte del gobierno español y por el cual ya se ha cargado a la factura de los consumidores 181 millones de euros desde su cierre. «Pedimos que se analice cómo el responsable tiene que pagar el desmantelamiento y que nos devuelvan el dinero que hemos pagado a la factura del gas», ha cerrado a Levi, quien ha anunciado nuevas acciones a principios de 2019.