Joan Sabaté adelanta que el Consejo de Ministros dará la última prórroga de concesión de Casablanca

El Consejo de Ministros de este viernes aprobará la segunda y última prórroga de explotación de la plataforma de extracción petrolífera Casablanca de Repsol, situada delante de las costas del Ebro. Como ha comunicado el subdelegado del gobierno español en Tarragona, Joan Sabaté, el ejecutivo ha cogido las reivindicaciones del territorio y ha valorado la importancia de mantener los puestos de trabajo - 120 directos- para otorgar un permiso de explotación para diez años más. Sabaté ha defendido que ampliar la concesión «no es incompatible» con la política de reducción de consumo de los combustibles fósiles que defiende el gobierno español, de acuerdo con la Unión Europea y los acuerdos internacionales para reducir los efectos del cambio climático.

Este jueves, Repsol ha estado preparando la plataforma Casablanca para detener la actividad, previendo que el gobierno español podría no prorrogar la concesión, que se otorgó el año 1978 por un periodo de 30 años, más dos prórrogas de diez años cada una. La primera prórroga se extingue este jueves pero el subdelegado del el ejecutivo español en Tarragona, Joan Sabaté, ha comunicado que, este viernes, en el Consejo de Ministros habrá un pronunciamiento favorable para poder operar diez años más.

Sin embargo, Repsol tiene que detener la producción de 2.000 barriles diarios –con un valor anual de 40 millones de euros- esta próxima madrugada y reactivar la actividad una vez tenga la autorización. Ya hacía varios días que, según fuentes de la compañía, la extracción de crudo de los pozos y su procesamiento en Casablanca se iba reduciendo para pararla del todo. Repsol había pedido que se autorizara la prórroga durante el Consejo de Ministros a los cuales se celebró en Barcelona, para evitar costes y el complejo proceso de paro y puesta en marcha de la plataforma.

Las cámaras de comercio de Tarragona, Valls y Tortosa se habían pronunciado a favor de mantener la infraestructura industrial situada en alta mar, señalando que el cierre haría perder 120 puestos de trabajo directos, además de los indirectos y el efecto inducido por diferentes negocios de la zona. Las cámaras habían advertido que se dejarían de ejecutar inversiones próximas a los 150 millones de euros en diez años y quedarían sin efecto contratos de servicios valorados en 16 millones de euros cada año.

Sabaté ha asegurado que justamente el gobierno español ha valorado los sitios de trabajo y la importancia de la plataforma para la economía del territorio para otorgar la última autorización. El subdelegado en Tarragona ha asegurado que el ejecutivo mantiene sus objetivos para reducir el consumo de combustibles fósiles a largo plazo y los efectos del cambio climático. «No obstante, las medidas que adopta el gobierno no son un obstáculo para que se pueda agotar esta explotación y mantener los puestos de trabajo sabiendo que son los diez últimos años», ha defendido Sabaté. «El objetivo es contribuir y reducir las emisiones de efecto invernadero pero estamos hablando de una concesión a diez años que no afectan a los objetivos estratégicos de futuro y permitirá que Repsol acabe el periodo de concesión», ha añadido.