Caso Castor
Santander, CaixaBank y Bankia reclaman 1.350 millones del Castor delante del TS
Las entidades bancarias aportaron este dinero para facilitar el cierre del almacén submarino de gas
El Observatorio de la Deuda de la Globalización recorrerá el archivo de la querella del Castor contra exministros y empresario
Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por|para los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno central se comprometió a volver en 30 años, «más los daños causados».
El mes de abril pasado, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros.
La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.
Ahora, recurren «por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos después de la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares».
Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió en Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar el financiado por Santander, CaixaBank y Bankia.
Los bancos entienden que esta decisión judicial no tiene que ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, ya que, si no fuera así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad en su costa, ya que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén.
Eso fue a causa de una serie de seísmos que despertaron alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.
En septiembre del 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas después de los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.
Después de esta decisión judicial se dejaron de abonar los pagos a Enagás para el mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los cuales el gestor técnico transfirió los derechos de cobro.