Teresa Ribera anuncia el desmantelamiento definitivo del proyecto Castor

Ha explicado que el Ministerio por la Transición Ecológica tiene que elevar de forma inminente una propuesta para que, durante las próximas semanas, el Consejo de Ministros apruebe la finalización de esta fase de hibernación provisional y proceda al sellado definitivo de los pozos. Varios departamentos ministeriales y Enagás ya trabajan en este proyecto, según ha precisado. Los técnicos del Ministerio se inclinan por que se instalen dos barreras, tapones de hormigón en diferentes profundidades, para evitar riesgos y escapes de fluidos tanto al yacimiento como a la superficie.

Previamente se retirarían los tapones metálicos actuales, se limpiarían de las cañerías de producción, recuperando las cañerías y revestimientos. Una vez instalados los sellos de hormigón, se restauraría el fondo marino. Ribera ha adelantado que el gobierno español licitará, vía contrato de servicios, la ejecución de estas tareas a una empresa externa.

«A día de hoy, la solución técnica más adecuada, con la información que disponemos, es el sellado definitivo de los pozos», ha proclamado. Según ha detallado, aunque las instalaciones se encuentran en situación de «seguridad» y no se ha producido ninguna actividad sísmica desde que se pusieron en hibernación, a partir de abril de 2016, el sello provisional de los trece pozos es temporal y «con el tiempo los tapones sufren degradación y dejan de garantizar el estanquey se recomienda que sean reforzados cada cuatro años».

Costes injusstificables

Aunque las revisiones no han revelado ninguna «alteración en su funcionalidad» –la empresa Lloyd's fue contratada para certificar el proceso-, ha dicho que este escenario «no se puede prolongar mucho tiempo». «Nuevas soluciones temporales sólo aplazarían sólo aplazarían el abandono definitivo de los pozos y del desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres. Eso implicaría unos costes adicionales difícilmente justificables», ha remachado.

De hecho, la hibernación de las instalaciones y su mantenimiento se elevaría a más de 50 millones de euros, que Enagás, como encargada de estas tareas, reclama al gobierno español después de que el Tribunal Constitucional suspendiera los pagos vinculados con el Castor y el Tribunal Supremo haya ordenado su retorno a los consumidores. «La decisión del gobierno es actuar abordando actuaciones definitivas de cara al futuro, no temporales, evitando incurrir en costes y riesgos adicionales desde el punto de vista del interés general», ha añadido.

Nuevamente, la ministra ha recurrido al estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard para recordar la complejidad de definir unos márgenes de operación segura para las instalaciones y que el riesgo, en caso de ponerlo en marcha, sería «mucho elevado», por los daños que podrían causar seísmos de magnitud muchos superiores al millar que ya generó a partir de las inyecciones en fase de prueba a partir de septiembre de 2013. Un estudio hecho público ya hace casi un año y medio por el entonces gobierno del PP, que también aprovechó para anunciar que el almacén de gas submarino ya no funcionaría más, pero sin querer asumir la espinosa cuestión del desmantelamiento.

Ya no es necesario

Ahora, además, el Castor ya no es necesario ni a corto, ni a medio, ni largo termine para el sistema gasista, vista la demanda de gas natural, con la previsión que se voy reduciendo durante los próximos años y muy lejos de las previsiones que habrían justificado como necesario el almacén. «Las cosas han cambiado mucho y si a día de hoy se hiciera un documento de planificación de infraestructuras gasistas el Castor no podría ser incluido ni justificado», ha añadido.

La ministra, sin embargo, ha dejado para una fase posterior la cuestión del desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres. «Es mucho más compleja técnicamente, con más riesgos que se tienen que evaluar, no el sellado, sino el desmontaje de la parte superficial y subterránea. Quizás la superficial es más sencilla y la subterránea es la más complicada, no la más recomendable», ha apuntado. «Creemos que lo fundamental es ejecutar el sellado definitivo lo antes posible con independencia del largo de que sea el proceso de desmantelar las instalaciones», ha insistido.

Proyectos «pintorescos»

De hecho, Ribera ha atribuido al gobierno del PP la voluntad de querer mantener el Castor en hibernación con la posibilidad de reabrirlo y ha descartado proyectos «pintorescos» para reutilizar las instalaciones para otras actividades, desde centrales eólicos offshore, usos turísticos o como gasolinera marina pera barcos. «Eso en principio no forma parte de nuestras prioridades. Se puede estudiar de forma puntual en la estrategia a medio plazo pero no forma parte de aquello que nos preocupa en este momento», ha cerrado.

La ley de Hidrocarburos establece que las instalaciones de explotaciones de hidrocarburos marinas se tienen que desmantelar una vez finalizada su vida útil. El exconcesionario del proyecto Castor, Escal UGS, incluyó una previsión inicial de 140 millones de euros para asumir este procedimiento. Una cifra, sin embargo, que al final del periodo concesional previsto inicialmente podría llegar a ascender a los 300 millones de euros con el paso de los años. Expertos como el profesor y geólogo Josep Giner han recordado frecuentemente que el abandono y cierre es una práctica habitual a la industria de explotación marina de hidrocarburos. De hecho, no existen prácticamente precedentes en el mundo de plataformas marinas de hidrocarburos que se mantengan después de su explotación, como el Castor.