Retirarán un monumento fascista italiano en Horta por petición del ministerio

La Dirección General de memoria Histórica del Ministerio de Justicia ha pedido a 656 ayuntamientos, seis de los cuales catalanes, que eliminen los vestigios del franquismo que todavía quedan en el espacio público en sus municipios, en cumplimiento con la Ley de memoria histórica. Son los ayuntamientos de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, y Horta de Sant Joan. También reclama a los gobiernos autonómicos que verifiquen la eliminación de los elementos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía en 1.171 calles y plazas españolas, repartidas entre más de 637 municipios. En este censo, la dirección ha incorporado 19 más según informaciones propias.

En el caso de Horta de Sant Joan, su alcalde, Joaquim Ferràs, destaca que la cruz de los caídos ya fue retirada a un almacén en 2017, pero todavía permanece, en la parte alta del núcleo, un monumento consistente en «unas piedras y un escudo» homenajeando a una brigada de fascistas italianos. «Son elementos ya integrados en el pueblo, pero no queremos que sean un reclamo para grupos fascistas, por eso la intención es sacarlos», afirma. Esta es la única población de la demarcación que consta en el listado, dado que la fuente del ministerio es el INE.

A los gobiernos municipales que han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, les piden la certificación de la «no existencia de simbología de exaltación en su municipio» y, en caso de que estuviera, «proceda a dar cumplimiento a la ley elaborando el catálogo de vestigios municipal, con la inmediata retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la revuelta militar y la represión de la dictadura».

En su carta, el director también recuerda que una sentencia del Supremo establece que el artículo 15 de la Ley de memoria histórica impone a todas las administraciones retirar los monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, «con el objetivo de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió la aprobación de la Constitución». Con aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la plaza San Juan de la Cruz de Madrid.

Además de dirigirse a los municipios, el gobierno español también ha pedido a los ejecutivos autonómicos información sobre esta simbología en sus territorios. Además de objetos, la ley también prevé la retirada de subvenciones o ayudas públicas.