Proyecto Castor
Escal UGS aceleró las inyecciones al Castor por encima de las previsiones iniciales
El juez de Vinaròs mantiene abierta la investigación y quiere averiguar por qué se introdujo más gas de lo que se había planificado a pesar de los terremotos, según corrobora la CNMC
El exconcesionario Escal UGS aceleró las inyecciones de gas al proyecto Castor desestimando la programación inicial, que preveía un proceso más gradual y dilatado en el tiempo. Así lo ha declarado al juzgado número 4 de Vinaròs el ingeniero de almacén Francesco Corallo, en su comparecencia el pasado enero como testigo en la investigación abierta por los terremotos causados por las operaciones y a la que ha tenido acceso la ACN. Lejos de finalizar, la investigación por los terremotos causados por la inyección de gas al proyecto Castor continúa abierta y en marcha. Entre otros aspectos, el juez quiere aclarar por qué durante la tercera fase de inyección, al principio de septiembre de 2013, los responsables del almacén inyectaron un mayor volumen de gas del previsto a pesar de los terremotos, según corrobora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Corallo era el encargado de diseñar la planificación de las inyecciones de gas en el almacén, iniciadas a mediados de mes de junio del año 2013 y acabaron, precipitadamente, sólo tres meses después en medio de centenares de terremotos, el día 18 de septiembre. Ante el juez relató que su propuesta inicial era un plan de inyecciones «más diluido en el tiempo», que su superior en Geostock Iberia, la empresa subcontratada para estas tareas, asumió y validó. A pesar de eso, ha añadido, los responsables d'Escal UGS tenían en mente efectuarlas en «un plazo más corto», planteamiento que se acabó imponiendo.
No se trata de una cuestión menor. El informe del Instituto Geológico y Minero ya recordaba que las buenas prácticas de la industria advertían de planificar las inyecciones sin sobresaltos, con incrementos nunca superiores al 50% y monitorizando los efectos. En el caso de Castor, durante la tercera fase de principios de septiembre, las inyecciones se llegaron casi a triplicar de un día para otro, un incremento que coincidió con el inicio de la actividad sísmica, inexistente durante las dos fases de inyección previas según constató el Observatori de l'Ebre. El proyecto acumulaba, entonces, años de retraso sin todavía haber podido ponerse efectivamente en marcha y sus responsables intentaban superar la prueba de carga de 48 horas que les había impuesto el gobierno español para obtener las autorizaciones definitivas.
La declaración Corallo, además, tenía especial interés después de que un excompañero suyo, Petru Pascu, hubiera revelado al Seprona de la Guàrdia Civil los supuestos miedos y dudas que el desarrollo de la operación generaba al ingeniero de almacén italiano. «¿No es cierto que Usted comentó en alguna ocasión que no quería ser responsable de alguna catástrofe en caso de que se siguiera inyectando?», le preguntó directamente el juez.
Respondió de que él y su familia estuvieron viviendo en la zona con posterioridad a las inyecciones, que se enteró de los terremotos como la misma población y que desconocía qué efectos podrían haber tenido las operaciones. «No soy geólogo», se escudó. También se quiso desvincular de las decisiones operativas y, en especial, de la de seguir inyectando después de que el día 10 de septiembre recibieran el aviso del Observatori de l'Ebre que estaban causando terremotos. Declaró que se limitaba a recoger, enviar datos así como recibir copia de las instrucciones: «yo no manejaba directamente la inyección». En cualquier caso, descarga sobre los responsables técnicos del exconcesionario, entre los cuales, el jefe de operaciones, Manuel Valverde, la responsabilidad sobre estos aspectos.
El juez encargado del caso –en el que se mantienen todavía como investigados por supuestos delito ambiental y prevaricación ambiental una docena de personas: los principales directivos de Escal UGS, responsables y funcionarios de los ministerios de Agricultura e Industria o el IGME- también quería averiguar el motivo por el cual el ingeniero abandonó el proyecto Castorel en junio de 2014, unos meses antes que finalizara su contrato. Según reveló su excompañero al Seprona de la Guàrdia Civil, había sido por discrepancias con la planificación y el rumbo de las operaciones. El ingeniero italiano lo negó y adujo que optó por aceptar una mejor oferta de trabajo ante la paralización del proyecto.
El juez reclama más informes
A la luz de esta declaración, el titular del juzgado número 4 de Vinaròs exigió a Escal UGS que aportara todas las planificaciones y documentos elaborados por Geostock, con la participación de Corallo, sobre las operaciones de inyección. La empresa exconcesionaria acompañó estos informes de un escrito de alegaciones en el cual argumenta que la idea de llenar el almacén de forma progresiva figuraba en una primera planificación, pero que finalmente se optó por otra de más rápida, de las diversas que también habría elaborado el mismo ingeniero italiano y aprobado su empresa Geostock. Según la exconcesionaria, «independientemente de la estrategia de llenado se respetarían y se respetaron los márgenes de seguridad establecidos para los parámetros de la operación».
La defensa de Escal UGS, que aprovechó la ocasión para calificar la investigación judicial de «inquisición general» y rcordando que el pasado 29 de noviembre finalizaba la prórroga cerrar la instrucción de esta causa compleja, se esforzó en destacar de la declaración de Corallo sus afirmaciones sobre el supuesto buen comportamiento del yacimiento en el momento que se inyectó el gas. «No vi nada de extraño durante la inyección. Los pozos recibían bastante buen caudal, -el almacén- tenía una buena permeabilidad, poros muy grandes y bien conectados. Castor era una buena esponja, cuando inyectábamos no había problemas en recibir gas. Si hubieran habido problemas, la presión al cabo del pozo habría subido mucho», adujo.
En cualquiera de los casos, el ingeniero también admitió que el gas que se inyectó hasta la paralización de las actividades era un porcentaje muy pequeño respecto del total de 1.900 millones de metros cúbicos –sumando los 600 millones de colchón- que, teóricamente, podía meter el almacén. De hecho, los argumentos de la empresa, sin embargo, chocan directamente, con informes técnicos y datos oficiales. Mientras el IGME sentenciaba que no existía prácticamente margen de seguridad para efectuar las inyecciones en el almacén, el posterior estudio de la MIT y la Universidad de Harvard relacionaban directamente las inyecciones con los seísmos.
Instituciones como el Síndic de Greuges y expertos como el profesor de Geología Josep Giner han reclamado reiteradamente una auditoría técnica total del proyecto para determinar si la concepción geológica del almacén partía de un «grave error de diseño», tal como manifestó al exministro de Indústria, Álvaro Nadal.
La CNMC desmiente Escal UGS
De momento, tanto el juez como la fiscal del caso siguen intentando averiguar por qué Escal UGS, lejos de parar o reducir las inyecciones de gas colchón al subsuelo, tal como le acabó aconsejando el Observatori de l'Ebre el día 13 de septiembre, estas fueron incluso superiores a la planificación finalmente aprobada. Aunque la exconcesionaria sostiene que redujo las inyecciones a partir del día 13, los datos del gas servido por la red a la plataforma marina, en manos de la CNMC, lo desmienten.
El organismo encargado de la regulación del sistema gasista corrobora en un documento de supervisión del gas colchón que hasta el 17 de septiembre de 2013, el exconcesionario había introducido unos 115 millones de metros cúbicos de gas en el almacén, superando en unos 6 millones de metros cúbicos la previsión de inyección acumulada hasta esta fecha por la misma empresa.
Después de inyectar por encima del caudal máximo diario previsto de 8 millones metros cúbicos durante 48 horas -los días 5 y 6 de septiembre- para superar la prueba de carga que les había impuesto el gobierno español, volvieron a esconder el máximo diario previsto el día 12, cuando ya habían sido advertidos de los seísmos –que empezaron con el inicio de las inyecciones a principios de mes. Las operaciones se alargaron cinco días más con volúmenes superiores a los 4 millones de metros cúbicos diarios hasta la finalización, contribuyendo decisivamente a incrementar la diferencia de las inyecciones acumuladas reales respecto de las previstas.