Escal UGS desacredita, dos años después, el informe norteamericano que avaló el cierre del Castor

Justo cuando el gobierno español tendría que aprobar el sellado definitivo de los pozos del proyecto Castor y su desmantelamiento, la exconcesionaria Escal UGS ha roto su silencio mediático para cuestionar y desacreditar el informe encargado a expertos norteamericanos que avaló el cierre. Presentado públicamente en mayo de 2017 al entonces Ministerio de Energía, hace casi dos años, el estudio fue elaborado por profesores y expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard, con el gallego Rubén Juanes al frente. Según ha comunicado ahora Escal UGS al Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, los responsables de estos centros aseguran que no es un informe «oficial». Aun más, la empresa intenta desacreditar su contenido como «erróneo» a partir de otros estudios que no ha querido difundir.

En un comunicado de prensa, el exconcesionario anuncia que el pasado miércoles presentó un informe al ministerio en el que responsables del MIT y de Harvard reconocerían que no es un estudio «oficial, producido o perteneciente» a estas instituciones. De acuerdo con el real decreto de octubre de 2014 que extinguía la concesión, aprobaba la indemnización de 1.350 millones de euros a la filial de ACS y ordenaba la hibernación de las instalaciones, Enagás encargó el estudio a profesores y expertos de estas prestigiosas instituciones americanas.

Fuentes del sector han explicado a la ACN que en la elección de Juanes, John Shaw y su equipo se valoró su experiencia en la investigación de casos de sismicidad en infraestructuras, como la ampliación del almacén de Minerbio, en Italia, y su relación con los terremotos que se han experimentado en la zona. Expertos del mundo universitario han apuntado también que es habitual que las universidad no asuman oficialmente como propios los estudios que efectúan sus docentes, aunque a menudo, en el caso del Estado español, facturan estos trabajos y retienen un porcentaje para sus respectivas fundaciones.

A partir del conflicto de atribuciones, Escal UGS ha intentado también desacreditar el contenido del estudio, publicado en la página web del ministerio desde el momento que se presentó el 3 de mayo de 2017. «El informe contradice las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto. En el informe de Escal UGS se manifiesta que es erróneo y olvidado por lo que los resultados principales son inconsistentes, contradictorios e incompatibles y, por lo tanto, lo invalidan», argumenta el exconcesionario, que no ha querido facilitar el acceso a su documento, a pesar de la petición en este sentido efectuada por la ACN.

«Revisión independiente»

Nuevamente, la exconcesionaria intenta centrar el debate en la falla que habría originado los terremotos, de hasta 4,3 grados en la escala de Richter. El informe de Juanes apuntaba hacia la falla de Amposta, pero Escal UGS asegura que esta tesis «contradice observaciones fundamentales y tiene» que ser refutada. En este sentido, la empresa reclama que las conclusiones del informe tenían que ser sometidas a una «revisión independiente» por parte del ministerio antes de hacerse públicas y reclama, ahora, un «debate riguroso con la participación de expertos que pueden aportar una visión completa».

Elaborado durante prácticamente un año y medio y con un coste final de 600.000 euros, que se tenían que trasladar a los consumidores en sus facturas del gas, el llamado informe del MIT concluyó, tal como ya había hecho anteriormente el Instituto Geológico y Minero (IGME), que los seísmos habían sido provocados directamente por las inyecciones de gas en el almacén. Sorprendentemente, sin embargo, sostenía que, con la tecnología y la información disponibles cuando se gestó el proyecto, no se podían conocer las consecuencias sísmicas que tendría la operación. Así pues, de facto, apuntaba hacia el cierre definitivo de las instalaciones por una parte, pero exoneraba de cualquier responsabilidad tanto a Escal UGS como los diferentes gobiernos españoles que autorizaron todos los trámites desde el punto de vista técnico, ambiental y administrativo.

Sellado inminente

El contraataque de Escal UGS, además, llega en un momento en el que el proyecto Castor ha sido ya sentenciado políticamente, con el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ordenar de forma inminente el sello definitivo de los pozos y, a más largo plazo, el desmantelamiento de unas instalaciones que nunca se habrán puesto en marcha. Una decisión que, según la ministra, podría hacer efectiva el consejo de ministros en breve. Todo eso, con la pugna judicial abierta por los bancos y, administrativamente, por Enagás, con el objetivo de cobrar las cuotas del crédito que sirvieron para pagar la indemnización de 1.350 millones de euros y la hibernación, respectivamente.

Mientras tanto, los principales responsables de Escal UGS, con su presidente Recaredo del Potro al frente, siguen siendo investigados en el juzgado número 4 de Vinaròs por los supuestos delitos ambiental y de prevaricación ambiental después de causar más de mil terremotos con las inyecciones de gas al almacén de gas submarino. Según reveló la ACN esta misma semana, la empresa aceleró sus planes de inyección iniciales para ganar tiempo y mantuvo las operaciones, incluso, después de conocer que provocaba seísmos.

Varios estudios científicos habían apuntado anterior que las inyecciones en el subsuelo marino se efectuaron sin respetar los márgenes de seguridad por lo que hace la presión ni el aconsejable incremento gradual de caudales, intercalado con periodos de paro de la actividad para estabilizar la estructura geológica. Ante el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, atribuyó explícitamente la ola sísmica a un «grave error de diseño» del proyecto. Ribera anunció recientemente que los servicios jurídicos del Estado español estudian todavía si pedirán responsabilidades a la empresa filial de Florentino Pérez por el fiasco.