El alcalde de Amposta certifica la legalidad de las adjudicaciones a entidades de Plataforma Educativa

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha certificado que la legalidad de las adjudicaciones municipales efectuadas desde el pasado 2018 a entidades de la red de Plataforma Educativa. El grupo municipal del PDeCAT ha presentado, en el pleno de esta noche, una moción reclamando que se aclaren «dudas» sobre las contrataciones a raíz de las investigaciones judiciales y de la Oficina Antifraude a las adjudicaciones efectuadas a fundaciones de esta red por parte del exdirector de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Ricard Calvo. Tomàs ha remarcado que los contratos firmados con las fundaciones Gentis, Astres así como Família i Infància han superado el preceptivo concurso público y han sido las únicas que optaban a prestar los servicios. Reprocha al PDeCAT que lo utilicen como arma electoralista contra su figura y los ha invitado a denunciar el caso si tienen indicios.

La moción del PDECAT hace referencia a los contratos que el consistorio suscribió para la gestión del servicio socioeducativo no residencial para niños y adolescentes en situación de riesgo y sus familias (SIS) para el año 2018, adjudicado a la Fundación Privada Gentis por 131.000 euros; el mismo servicio para este año 2019, por 137.200 euros, a la Fundació Infància i Família; así como el contrato por cinco años de los servicios de limpieza vial y mantenimiento de los espacios verdes del parque de los Xiribecs y del Camí de Sirga, que se llevó la Fundació Privada Astres.

Las tres entidades forman parte de la red de Plataforma Educativa. Gentis, de hecho, aparece como una de las fundaciones a las cuales el exdirector general de la DGAIA habría adjudicado directamente, de forma supuestamente irregular, cinco contratos de servicios, hechos que está investigando un juzgado. Anteriormente, Calvo había trabajado para la Fundació Plataforma Educativa, a la que habría vuelto poco después de dimitir del cargo público el verano de 2017. De esta misma fundación es directora ejecutiva la exconsellera de Educación Marta Cid, exconcejala y excabeza de lista de ERC en Amposta durante años, que al mismo tiempo dirige también la Fundació Privada Gentis y es responsable de la Fundació Astres.

Tomàs ha subrayado en la rueda de prensa previa al pleno de que las tres adjudicaciones fueron «correctas» y siguieron los procedimientos preceptivos de concurso público y de licitación. Considera que la relación contractual del consistorio con las tres fundaciones es «irreprochable»: «hay una secretaria y una interventora que validan todo lo que hacemos». También ha recordado que en el caso de los tres contratos únicamente se presentaron al concurso las fundaciones mencionadas. En este sentido, ha retado a los exconvergents a poner en duda los convenios locales con otras entidades, como Pimec y Càritas, que tienen acuerdos con otras instituciones que están siendo también investigados.

El alcalde se ha mostrado convencido que la moción convergente forma parte de una estrategia para erosionar su figura en periodo preelectoral, ha recordado los casos de corrupción de la formación y les ha reclamado que trabajen desde la «presunción de inocencia y no la de culpabilidad». Finalmente, ha animado el PDeCAT a denunciar el caso a los juzgados si tiene indicios de cualquier actuación irregular en este sentido.

56 nuevos pisos sociales

Por otra parte, el pleno de este lunes por la noche tiene previsto aprobar definitivamente el reglamento regulador del fondo social de viviendas de alquiler. Un instrumento, según el alcalde, que permitirá al consistorio poder gestionar los dieciséis pisos cedidos por la Agència d'Habitatge de Catalunya de una antigua promoción privada que acabó en manos del Incasòl. Serán puestos a disposición de personas con rentas inferior a los 11.500 euros anuales en modalidad de llloguer social. Una oferta que complementará los 49 pisos que gestiona directamente la agencia de la Generalitat que han recibido 90 solicitudes para ocuparlos y que están destinados a personas con rentas superiores a los 11.500 euros anuales.

«Es muy interesante disponer de estas viviendas públicas porque hace muchos años que estaban vacías y nadie del gobierno anterior fue capaz de entender la situación social, cuando mucha gente perdió su vivienda y el Ayuntamiento no fue capaz de crear un recurso que ayudara a la gente que era desahuciada», ha argumentado Tomàs, precisando que se trata de vivienda social, de emancipación y alquiler asequible, no únicamente los casos más extremos, sino también para favorecer que los jóvenes se establezcan o ayudar a las personas con sueldos precarios.

El pleno, finalmente, también tiene que dar luz verde inicial a los planes de políticas de mujeres de Amposta 2019-2022 así como el destinado a la comunidad LGTBI. La concejala de Sanitat i Serveis Socials, Susanna Sancho, ha explicado que la voluntad de estos instrumentos es generar medidas para alcanzar la igualdad efectiva. Según ha remarcado, se han formado dos técnicos municipales para que asuman, respectivamente, la implementación y coordinación de las medidas de los dos planes . Sancho ha precisado que en los dos casos se han elaborado con la participación de unas 150 personas y que contarán con sesiones de retorno para recoger su opinión sobre su funcionamiento de aquí un año.