Citan a declarar como investigados el alcalde y dos concejales de Roquetes por el 1-O

El juzgado de instrucción número tres de Tortosa investiga al alcalde de Roquetes, el republicano Paco Gas, por los hechos que tuvieron lugar durante el referéndum del 1-O en la población. El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ACN, le atribuye el presunto delito de sedición. Lo hace «máximo responsable de la actitud de la turba de gente» concentrada en los puntos de votación así como de «aportar las pautas» para que la multitud «se alzara públicamente y tumultuariamente» para impedir la actuación policial. El cuerpo armado, incluso, lo responsabiliza de las cargas de los antidisturbios contra los ciudadanos, que se saldaron con una decena de personas heridas. Gas ha sido citado para comparecer en el juzgado el próximo 25 de marzo junto con el primer teniente de alcalde, Francesc Ollé (ERC), y el segundo, Josep Codorniu (PDeCAT). A los tres, se los atribuye también los supuestos delitos de desobediencia y malversación.

El atestado relata que había congregadas entre 300 y 500 personas, según el momento del día, ante los puntos de votación establecidos en el municipio. Unas concentraciones, que son definidas literalmente por la Guardia Civil como «turbas» y que, sostienen, tendrían el objetivo de impedir el cumplimiento policial de la orden judicial de detener el referéndum. En este contexto, señalan al alcalde como el encargado de dirigir a los vecinos para que actuaran en este sentido.

Además, a partir de este relato consideran que, desde este rol, habría instigado «de forma directa la actitud de la multitud» ante los antidisturbios y su posterior respuesta violenta, que causó una decena de heridos y varios desperfectos materiales en la zona del Pabellón Municipal. Esta sería la base argumental de la Guardia Civil para atribuir al alcalde de Roquetes el presunto delito de sedición, que intentan reforzar a partir de unas declaraciones públicas en las que el alcalde anunciaba la intención de habilitar espacios públicos para hacer posible la votación.

No es lo único que le imputan: también lo acusan de desobediencia «respecto de las instrucciones» de los cuerpos policiales y las autoridades judiciales sobre la prohibición del referéndum. Una orden ante la que, aducen, se opuso de forma «contumaz» y se habría negado a aceptar de forma persistente. También le atribuyen un supuesto delito de malversación, como responsable de la administración de equipamientos públicos –el Pabellón Municipal y el Casal Municipal de la Raval de Cristo- utilizados supuestamente para el referéndum. Un hecho que, argumentan, «podría haber causado un perjuicio al patrimonio municipal» a partir también de los gastos de luz, agua o el dinero de su alquiler que tenía que asumir el Ayuntamiento.

La Guardia Civil también acusa de desobediencia y malversación al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetes, Francesc Ollé (ERC), y el segundo, Josep Codorniu (PDeCAT). Los dos han sido citados también como investigados el próximo día 25. Según adelantó ACN, también un vecino del pueblo ha sido citado como investigado el próximo día 26 para formar parte de una mesa electoral. En este caso se le atribuye también supuesta desobediencia. Aparte, entre los investigados que tendrán que prestar declaración figura también un agente de los Mossos d'Esquadra.