Los alcaldes de la Energía reclaman el dinero del impuesto nuclear

La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya (MADE) reclama a la Generalitat la dotación económica que le corresponde en el territorio del impuesto nuclear. La Mesa señala que la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) está liquidando este impuesto, que no tiene un carácter finalista, y denuncia que la Generalitat, hasta ahora, la haya destinado a gastos generales del Govern, excepto una pequeña dotación de unos 240.000 euros que consigna a Protección Civil. La MADE pide el porcentaje de los 17.314.000 euros que se han recaudado entre 2017 y 2018 para «empezar a invertirlo inmediatamente en el territorio». Se ofrece como gestora de los recursos para hacer inversiones, una vez definido el calendario para el cierre nuclear.

El impuesto de las nucleares, impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotòxics aprobado el año 2017, preveía dejar un 20% de la recaudación en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona. Con la nueva tasa, el Govern preveía captar 60 millones de euros anuales, de los cuales 12 millones tenían que destinarse en inversiones al territorio. Se tenían que diseñar y gestionar proyectos estratégicos donde destinar los recursos con el objetivo de mejorar la competitividad del territorio.

Según datos del Departament d'Economia, en el 2017 se ingresaron con el impuesto de elementos radiotòxics 7,4 millones de euros, y el año pasado, 9,9 millones más. El Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del gobierno español contra el impuesto en enero del año pasado pero no suspendió la recaudación.

La Mesa d'Alcaldes de l'Energia exigen la dotación que le corresponde en el Ebre y Tarragona porque, en el caso de la energía nuclear, el nuevo tributo se aplica a los propietarios de las centrales que «tienen que asumir el coste que generan las externalidades negativas que provoca esta actividad en el medio ambiente y la salud de las personas», según el preámbulo de la ley.

La MADE defensa que tiene la potestad de hacer este requerimiento porque fue la impulsora de la creación de un impuesto de estas características y pionera al demandar la recaudación de este impuesto «como herramienta de diversificación para huir del monopolio nuclear en que el territorio está instalado». La Mesa es posiciona como gestora de estos recursos porque es «la única asociación catalana del sector público que aglutina el territorio donde hay instalados los tres grupos nucleares en Cataluña», porque «tiene como objetivo desarrollar la zona en base la energía» y porque puede conseguir grandes consensos «con los consejos comarcales, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos».

La MADE está impulsando un estudio con la fundación FUNSEAM y la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona, con la colaboración de la Diputació de Tarragona, para intentar cuantificar el impacto económico del impuesto. «Es el momento que estos recursos del impuesto sobre elementos radiotòxics reviertan en grandes inversiones en la zona, huyendo de la tanto conocida 'repartidora municipal'», reclaman en un comunicado este viernes.