El Tribunal Supremo desestima el recurso de la PDE y del territorio contra el Plan Hidrológico del Ebro

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo contra el Plan Hidrológico del Ebro presentado el año 2016 por la Plataforma en defensa de l'Ebre (PDE) y varios ayuntamientos y consejos comarcales del territorio. La sentencia, dictada el 11 de marzo pasado, concluye que los caudales fijados por el plan son suficientes para evitar el deterioro físico de los hábitats y especies del delta del Ebro. Según denuncia la PDE, la resolución «legitima judicialmente» la política hidráulica del estado español y hace «caso omiso» a las evidencias científicas y técnicas aportadas sobre el estado del río y el Delta de l'Ebre, así como sus necesidades con respecto a caudales y sedimentos. La plataforma alerta que la resolución evidencia «un pacto de estado para una gestión mercantilizada de los ríos y el territorio, basada en nuevos trasvases y grandes regadíos».

El contencioso se interpuso el año 2016 por parte de la PDE, la asociación Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural y los ayuntamientos de Alcanar, l'Aldea, Amposta, Arnes, Sant Carles de la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Horta de Sant Joan, Móra d'Ebre, Móra la Nova, la Palma d'Ebre, la Pobla de Massaluca, Roquetes, la Sénia, Tivenys, Tortosa y Ulldecona; las EMD de Jesús y los Muntells, y los Consells Comarcals del Baix Ebre y de la Terra Alta.

El recurso pedía la anulación del Real Decreto 1/2016 del gobierno español y, específicamente, de varios artículos de la normativa del plan. La base de la demanda era la insuficiencia de los caudales ecológicos -entre 80 y 155 metros cúbicos por segundo fijados en el Plan del Ebro- para garantizar los ecosistemas del Delta, así como la propia estabilidad física del Delta y las actividades humanas asociadas al entorno. La PDE denunciaba que los caudales ecológicos fijados en el Plan son los sobrantes de las nuevas concesiones y promesas de grandes regadíos hechas por toda la cuenca -más de 550.000 hectáreas-, así como la construcción de más de medio centenar de nuevas infraestructuras de regulación.

Según informa la PDE, el Tribunal Supremo justifica el rechazo a la demanda por el hecho de que los caudales ecológicos previstos son «muy superiores a los que se contemplan en el resto de ríos del Estado». Al mismo tiempo, sostiene que los caudales fijados por parte del plan son suficientes para evitar el deterioro físico de los hábitats y especies del Delta de l'Ebre, y que las medidas contempladas -más hectáreas de regadío y embalses- no tienen ningún efecto ambiental sobre el espacio natural. Según el tribunal, los argumentos esgrimidos por los demandantes son «juicios de valor que no responden a uno análisis objetivo de los contenidos y disposiciones del plan». Con respecto a la alegación sobre la falta de sedimentos en el Delta de l'Ebre que se genera por la gestión del agua en la cuenca, el Supremo considera que la queja no tiene suficiente contraste con el contenido del plan.

La plataforma contrapone la sentencia con el análisis hecho recientemente por parte de la Comisión Europea (CE), que cuestiona el contenido de los Planes de Cuenca estatales. «Según la CE, los indicadores aplicados para medir la situación ecológica de las masas de agua no aclaran su estado actual ni el impacto ambiental de las infraestructuras previstas ni mucho menos la posible recuperación de los costes económicos. Por lo tanto, la CE considera que las medidas de los Planes de Cuenca parecen más destinadas a satisfacer las nuevas demandas hídricas que a conseguir un estado adecuado de las masas de agua», ha afirmado la entidad.

La organización ve «inaceptable» que el Supremo «legitime judicialmente un menor caudal en el Ebro y que en este Plan no se contemple la necesidad de hacer llegar al Delta los sedimentos que están retenidos en los embalses». Al mismo tiempo, la PDE reprocha al Supremo que «desprecie» los argumentos de la demanda, pero obvie que él mismo «denegó una prueba pericial independiente solicitada por la PDE para constatar los problemas que hay actualmente en el Delta de l'Ebre, alegando que ya disponía de suficiente información». «La prueba pericial habría permitido contrastar la documentación técnica aportada desde la administración del Estado con el resto de trabajos científicos que podía aportar la PDE», asegura.

El Supremo reconoce que el delta es una zona húmeda de una gran importancia internacional y que se tiene que preservar, pero recuerda que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es favorable al plan y, por lo tanto, este no repercutirá negativamente. Sin embargo, la PDE alerta de que, tanto la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que redacta el plan de cuenca, como el organismo estatal que ha elaborado la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), forman parte del mismo ministerio y eso hace «que estén sujetos a las decisiones de Estado por encima del cumplimiento de las normas estatales o europeas». En este sentido, la PDE recuerda el caso del Castor, «el cual tampoco tenía que perjudicar negativamente en la zona y ya hemos comprobado las consecuencias».

La organización critica que el Supremo se escuda en la presunta «bondad del gobierno» para cumplir las normas europeas y estatales con respecto a conservación y defensa del río y del Delta de l'Ebre. «Esta presunción nos deja en una situación de indefensión como ciudadanos y como territorio, ya que el Plan promovido por el Estado no soluciona los graves problemas que tiene a día de hoy el Delta de l'Ebre -cómo son la regresión y la subsidencia-, sino que les agrava con nuevas detracciones de agua», lamenta. Delante de eso, la PDE constata que el Supremo «toma partido por una de las partes» y recuerda que el estado español es uno de los que tiene «más demandas y sentencias negativas por incumplimiento de las directivas comunitarias, especialmente de las que hacen referencia al medio ambiente».

La PDE denuncia que esta es una constatación más «del funcionamiento poco democrático y parcial del Supremo, con actuaciones arbitrarias» y considera que es «un nuevo caso de arbitrariedad y de parcialidad por parte de un tribunal que se ha convertido en el garante de los intereses del Estado en lugar de ser un árbitro neutral que pueda defender a los ciudadanos ante situaciones injustas del propio Estado». «El Tribunal Supremo se pone, una vez más, al servicio del gobierno de turno, esta vez para dar apoyo a un pacto de estado para una gestión del agua basada en la sobreexplotación y los intereses económicos», concluye la plataforma.

En un comunicado, la entidad adelanta que seguirá trabajando para ofrecer respuestas coordinadas y consensuadas a nivel de territorio, con ayuntamientos e instituciones. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la movilización social, en las Terres de l'Ebre y por todo el país, para denunciar «esta nueva agresión al río y al Delta de l'Ebre». En este sentido, pide participar «masivamente» en las actividades organizadas en Amposta el sábado que viene.