El presidente de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre asegura que se están poniendo las cuentas al día

El presidente de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre, Hilari Curto, ha asegurado que trabajan junto con el auditor para poner al día las cuentas de la entidad. Así lo transmitió también a los miembros de la junta rectora en una reunión este lunes por la noche, después de que hace unos días trascendiera que uno de sus miembros, el interventor de cuentas Jordi Ferré, había denunciado Curto en los juzgados de Tortosa por ocultar los balances anuales. Según el presidente, que no se ha querido extender en sus declaraciones antes de conocer el contenido exacto de la denuncia, la cooperativa dispone ya de las cuentas de 2016, mientras trabaja para cerrar los 2017 y 2018. A pesar de no revelar el resultado, sí que ha admitido que la entidad sufre en estos momentos «tensiones de tesorería» importantes por las últimas cosechas irregulares y deudas que se arrastran desde hace tiempo.

Una vez las cuentas anuales a partir del ejercicio de 2016 estén cerradas tendrán que ser sometidos a aprobación por parte de la asamblea general. Según la denuncia de Ferré ante el juzgado número 1 de Tortosa –pendiente todavía de ser admitida a trámite-, el presidente sólo ha mostrado durante estos años los balances de 2014 y 2015, pero no los posteriores. El hecho de que no hayan sido presentados ante el Departament de Traball de la Generalitat ha impedido también que, desde entonces, no se hayan podido hacer nuevas anotaciones en las cuentas ni renovar los cargos de la junta rectora, bloqueando en parte el funcionamiento de la entidad.

«Lo estamos solucionando», se ha limitado a asegurar Curto sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, con sede en Camarles. Según ha abundado, su liquidez está muy condicionada por las cosechas de olivas que, durante los últimos años, han estado bastante irregulares, según ha precisado. La denuncia de Ferré argumentaba que eso se habría traducido en el impago de salarios a los trabajadores y la acumulación de una deuda de más de 4.600 euros con la Seguridad Social. Con la presentación de la denuncia, el interventor quería bastante también la convocatoria de una reunión de la junta rectora, que asegura había sido reclamando de forma infructuosa durante los últimos seis meses.