Medio ambiente
La Terra Alta exige a la Generalitat que «asuma los costes» parar los nuevos parques eólicos
Entidades sociales y económicas celebran que se quiera derogar la ley del 2009 y que se los invite a debatir la futura normativa
![Foto de archivo de molinos eólicos.](https://imagenes.diarimes.com/files/image_large/uploads/2023/11/21/655c5dbdb880c.jpeg)
molinos, parque eólico
La plataforma en defensa de la Terra Alta y el Ateneu Popular La Pastora exigen a la Generalitat que «asuma los costes» de detener la implantación de tres nuevos parques eólicos en la comarca, en Batea, Vilalba dels Arcs y la Pobla de Massaluca, indemnizando, si hace falta las empresas adjudicatarias de los proyectos. La consellera de Empresa, Àngels Chacón, anunciaba el sábado desde la comarca la intención de derogar la ley de implantación eólica del 2009. En una década, no se ha proyectado ninguna central en todo el país, excepto las tres previstas en la Terra Alta. Si la derogan es que ven que ha habido un error. Si ha sido un fracaso tienen que asumir el precio que haya que pagar por no hacer bien las cosas», ha defendido a Xavier Fortuño, portavoz de la plataforma.
El sábado, en una reunión urgente en Gandesa, la consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, anunciaba a la plataforma en defensa de la Terra Alta, el Ateneu Popular la Pastora, y representantes políticos del territorio y la comarca, que el Govern iniciará la derogación del decreto 147/2009 que regula la segunda fase de implantación eólica en el país, basada en ocho Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) en el Alt Empordà, la Segarra y la Conca de Barberà, el Alt Penedès y el Alt Camp, la Ribera d'Ebre y el Baix Camp, el Segrià y la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, y la Anoia y la Segarra.
En diez años, sólo se han tramitado tres nuevas centrales en Cataluña –y una cuarta ha empezado también los trámites en la Fatarella. Todas, en la Terra Alta. En la zona norte de la comarca ya se instalaron con la normativa anterior 184 aerogeneradores. Producen el 25% de la energía eólica de todo el país. La comarca representa el 0,16% demográfico. Con 30 nuevos molinillos en trámite, la media de producción casi se duplicaría hasta el 45%.
Estas cifras, para las entidades sociales y económicas de la Terra Alta, demuestran que el decreto del 2009 no ha funcionado. «Evidencia el fracaso del sistema en que las empresas y la administración deciden cuál es la manera de implantar las centrales sin hacer mucho caso a sectores que se ven afectados», ha señalado Xavier Fortuño, portavoz de la plataforma y el Ateneu. «Si la ley se deroga es porque no funciona y si no funciona, todo aquello que lleva del brazo tendría que paralizarse», ha añadido.
Al compromiso de la consellera Chacón de abolir el decreto de implantación eólica, la comarca reclama también que se detenga la tramitación de los parques de Batea, Vilalba dels Arcs y la Pobla de Massaluca. El Consejo Regulador de la DO ha iniciado un contencioso administrativos, después de alegaciones y recursos de alzada ignorados por la Generalitat. Empresa también intenta negociar con la promotora de las nuevas centrales, con Naturgy (Gas natural). La consellera admitió en la reunión que la «retirada» de los parques fuera de la Terra Alta «es difícil» y que habría que pagar indemnizaciones.
«Entendemos a las empresas al mismo tiempo que pedimos formalmente a la Generalitat que haga prevalecer el interés de toda una comunidad cómo es la Terra Alta, que tiene muy en juego, y que es especialmente desfavorecida, con una grave despoblación y envejecimiento», ha defendido Fortuño. Si derogan una ley, que desde el Govern se había dado por buena, es que ven que ha habido un error. Si ha sido un fracaso tienen que asumir unos costes y si supone indemnizar a las empresas, lo tendrán que asumir. Será el precio a pagar para no hacer bien las cosas. No nos pueden cargar esta responsabilidad en la comarca», ha insistido.
Moratoria
Los movimientos sociales también insisten en reclamar «responsabilidad y coherencia», a los representantes políticos territoriales y sobre todo comarcales que acordaron la petición de una moratoria con una moción aprobada por unanimidad en el Consell Comarcal en diciembre. Los sectores económicos más importantes de la comarca están afectados por la implantación eólica y se han mostrado en contra de la masificación insistentemente. «El paisaje ya está degradado y es difícil encontrar rincones donde todavía haya mosaicos de cultivo y bosque y terrenos vírgenes, que son los que gustan al visitante y los que tienen una huella y aportan un valor añadido sobre el producto de calidad», ha dicho Fortuño.
Preparados para un debate energético de futuro
La consellera de Empresa aprovechó la reunión para invitar la plataforma y las entidades sociales y económicas de la Terra Alta a participar en la redacción de la nueva ley de energías verdes del país. Desde la comarca proponen dos ejes básicos: hace falta reducir los consumos energéticos e incentivar la autosuficiencia energética de empresas y hogares. Fortuño ha reivindicado que hace falta un modelo que permita desconectar del sistema eléctrico tradicional y de instalaciones alejadas de los grandes centros de consumo y ha asegurado que, como ya ha hecho otras veces, participarán en el debate y las mesas de trabajo que se creen para desarrollar una nueva normativa.
Ahora bien, la Terra Alta «tiene que quedar fuera» del nuevo plan. «La comarca, con un 25% de producción, ya ha sufrido las consecuencias de la masificación, se ha trinchado el territorio, se ha agravado la despoblación. Si de alguna cosa tenemos que hablar es de cómo revertir la situación y no de seguir implantando parques eólicos. Ya hemos sido muy generosos y ejemplares con la contribución energética en el país», ha sentenciado.