«La estafa eólica»: la Terra Alta se planta y considera superada su cuota de solidaridad energética

La energía eólica ha marcado un antes y un después en el desarrollo de algunos pueblos de la Terra Alta pero no para ser el revulsivo que se había prometido que sería. Las promotoras no cumplen los convenios y los ayuntamientos acaban en el juzgado para cobrar. Los sitios de trabajo y la formación juvenil prometida ha sido un espejismo. Y el último dato que habla por sí sola es que los pueblos con más aerogeneradores han sufrido con más dureza la despoblación. Después de años de parálisis, las empresas energéticas han reactivado la construcción de tres nuevas centrales en la Terra Alta. En cambio, en otras zonas del país, como el Alt Empordà, donde hay debe proyectos autorizados y en trámite, todavía no se ha plantado ni un molino.

«Lo perdimos casi todo, salvamos las zonas de los Ports y de Pàndols i Cavalls pero la meseta se llenó de molinos». Este es el resumen de la lucha contra la masificación eólica que empezó en la Terra Alta hace más de dos décadas. Con estas palabras, el portavoz de la plataforma en defensa de la Terra Alta, Xavier Fortuño, ha situado el actual punto de partida contra una amenaza que renace en la comarca, con tres nuevas centrales eólicas proyectadas para construirse este verano.

El «No a la masificación» vuelve a colgar de balcones y reaparece con fuerza en las conversaciones y en las preocupaciones de los sectores económicos y sociales de la Terra Alta. La diferencia entre el 2019 y 1999 es que el debate sobre la solidaridad energética y la factura de los parques y los monstruos del aire ha llegado a los consejos rectores y a los plenarios. «Los ayuntamientos negociaban por su parte, nunca a nivel comarcal se llevó el tema a debate, cada uno jugaba sus cartas por separado», ha lamentado Fortuño. «Empezó a llover proyectos, a hacerse grandes líneas de evacuación de energía y llegaron las obras que estropearon el paisaje y la memoria y la dignidad de los combatientes de la Batalla del Ebro», ha añadido.

En esta nueva etapa, el Consell Regulador de la DO Terra Alta ha capitaneado una lucha resurgida y, junto con la plataforma y el Ateneu Popular la Pastora, se ha presionado y conseguido un acuerdo «unánime» de las fuerzas políticas en el Consell Comarcal contra la implantación de más centrales. El movimientos sociales quieren alcaldes decididos a decir «no» a nuevos parques y dispuestos a batallar con las administraciones superiores aunque lleguen tarde para racionalizar el agravio.

Toda esta nueva presión arrancó, al principio de año, en una reunión en Gandesa, un compromiso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la consellera de Empresa, Àngels Chacón, para negociar con Naturgy (Gas natural) sacar de la comarca los parques nuevos y los 30 nuevos aerogeneradores que proyectan. Después de meses de silencio y con los agentes sociales y económicos nerviosos y desconfiados de las intenciones del Govern – Territori aprobó en marzo los planes urbanísticos especiales de las tres centrales-, Chacón reaparecía casi por sorpresa en la comarca durante la Semana Santa, de nuevo en Gandesa, y anunciaba la derogación de la normativa que regula las Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP). La consulta pública previa a la derogación se iniciaba el 30 de abril.

La noticia fue celebrada en la comarca pero no se conforman al invalidar un decreto en que se ha demostrado «un fracaso». Piden que tenga un efecto retroactivo y que los parques tramitados al amparo de esta normativa, en Batea, Vilalba dels Arcs y la Pobla de Massaluca, se puedan detener. Si se tuviera que indemnizar a las promotoras como prevé Empresa, la plataforma considera que lo tendría que asumir la Generalitat. «Sería el precio a pagar por no hacer bien las cosas», recordaba Fortuño. La DO Terra Alta ha iniciado uno contención administrativo contra la tramitación de las tres centrales nuevas.

La ZDP con mayúsculas

El decreto 147/2009 que ahora derogará el Govern regulaba la segunda fase de implantación eólica en el país. Se basaba en ocho Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) en el Alt Empordà, la Segarra y la Conca de Barberà, el Alt Penedès y el Alt Camp, la Ribera d'Ebro y el Baix Camp, el Segrià y la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, y la Anoia y la Segarra. En diez años, sólo se han tramitado tres nuevas centrales en Cataluña –y una cuarta ha empezado también los trámites en la Fatarella-. Todas, en la Terra Alta. En la zona norte de la comarca con la normativa anterior se instalaron 184 aerogeneradores. Producen el 25% de la energía eólica de todo el país. La comarca representa el 0,16% demográfico. Con 30 nuevos molinillos en trámite, la media de producción casi se duplicaría hasta el 45%.

El mapa eólico se intentó invalidar, se presentaron alegaciones y también un contencioso, pero sólo fueron desapareciendo los proyectos de altas ZDP, excepto, «extrañamente», los de la Terra Alta. «Parece que aquí es la tierra donde tiene que ir a caer todo. Puede ser es que políticamente alguien tiene interés», ha lamentado el portavoz de la plataforma. «Ya no sabemos si hay más viña o más molinos en la Terra Alta», ha ironizado el secretario del Consell Regulador de la DO del vino, Jordi Rius.

Despoblación agravada

La DO Terra Alta ha sumado nuevos argumentos contra la masificación. «La energía eólica no reequilibra el territorio ni contribuye a fijar la población», recuerdan desde el Consell Regulador del vino. Según datos del IDESCAT, la bajada de población en la Terra Alta ha sido del 11% desde el 2008, y la pérdida de habitantes ha sido más significativa en los pueblos donde la energía eólica está instalada. «Eso tenía que ser justamente el contrario, tenía que crear riqueza y puestos de trabajo», ha recordado Rius.

Los proyectos que se han reactivado ahora se basan en datos demográficos de hace diez años, la cartografía es antigua, y en muchos aspectos, como se empezaron a preparar hace una década, no se adaptan a la realidad actual de la comarca. Estos son los principales argumentos en que se basará el contencioso en que intentará tumbar los parques.

«Ahora no los queremos porque en la Terra Alta hay un futuro evidente basado en la agricultura. El enoturista señala cada vez que viene los muchos molinos que tenemos», ha apuntado a Rius. «Nosotros ya hemos cumplido, somos los que tenemos más. Esperemos que alguien tenga juicio y vean que ya es suficiente», ha añadido Fortuño. «La juventud se exilia, no vuelve porque aquí no tiene oportunidades. Hemos dicho basta y la Generalitat lo tendría que entender y buscar alternativas», se ha sumado el alcalde de la Fatarella, Francisco Blanch.

El cuarto parque en la Fatarella

De hecho, en plena polémica por las tres centrales de Naturgy, Copcisa hizo la petición a Empresa para reactivar la tramitación de un cuarto parque, el Fatarella Nord. Blanch recuerda que se sienten amparados en la oposición unánime a la implantación eólica que ha mostrado el Consell Comarcal de la Terra Alta pero los ayuntamientos están vendidos a la decisión del Govern. «Lucharemos para que la masificación no vaya a más», ha recordado.

La falta de un planteamiento unitario hace veinte años es para algunos alcaldes una lección aprendida. No se atreven a decir si la comarca se vendió barato a la energía eólica pero durante estos años los ayuntamientos han tenido que batallar contra las empresas, cada uno por su cuenta porque negoció cada uno por su cuenta. La Fatarella ha cobrado por vía judicial la licencia de obras, Batea ha necesitado el amparo de un juez para que se cumplieran los acuerdos del convenio, y son sólo algunos ejemplos. «Faltó un planteamiento común para ver cómo se revertía a nivel de comarca. Tenemos carencias de energía y comunicaciones, las empresas dejan una serie de dinero pero si hubiéramos ido todos a una, la cosa habría sido diferente y quizás se habría creado más trabajo y tendríamos más medios», ha reconocido Blanch.

«Nos vendían las centrales como una oportunidad para el territorio. Nos han destruido parte del activo que tenemos en la comarca», ha recordado a Gerard Ubalde, miembro del Ateneu la Pastora. Ni se dio trabajo cuando las construyeron –las empresas trajeron de fuera a sus trabajadores-, ni para mantenerlas –una decena de personas de toda la comarca trabaja en ello-. Además, mientras que en países como Francia o Dinamarca las empresas revierten entre el 25% y el 30% de sus beneficios en el ámbito público de los territorios donde se instalan, en la Terra Alta están retornando como máximo un 3%. Tampoco los beneficios que reciben los propietarios de los terrenos privados donde se ponen los molinos acaban creando riqueza.

«Hay zonas que pagan el coste de otras zonas que consumen la energía. Se aprovechan de zonas poco habitadas, donde estas multinacionales no encuentran una resistencia fuerte y trinchan el territorio. Se tiene que hacer un cambio de planteamiento», ha dicho Ubalde. «Tenemos un activo muy importante que es el paisaje, y hemos encontrado una esperanza en el enoturismo. No queremos que los proyectos se vean contaminados por los aerogeneradores. Hemos pagado nuestra cuota, no queremos más y hay que hacer un replanteamiento del modelo que tenemos aquí», ha añadido.