Desmantelar las instalaciones y restituir a los propietarios afectados: los retos pendientes de Alcanar con el Castor

Aparentemente sentenciado de forma definitiva por el gobierno español, el proyecto Castor todavía plantea importantes retos al pueblo de Alcanar, el municipio catalán que más directamente ha sufrido el fiasco del almacén de gas submarino. Aunque no será un tema fundamental en el debate electoral de las próximas municipales, los partidos posicionan, nuevamente, al lado de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia asumiendo la exigencia de un sellado y desmantelamiento definitivo, así como de la plena restitución de los propietarios agrícolas locales afectados por los gasoductos: de hecho, lo que conecta la planta terrestre con la red general está declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Sin embargo, los campesinos siguen sin poder disfrutar del usufructo de sus tierras y temen que el desmantelamiento de esta cañería les estropee, de nuevo, las fincas.

«Queremos que se devuelva a cada uno lo que es suyo: el usufructo de la tierra. Sí que es cierto que aquí la gente no acostumbra a vender, pero si alguien lo quiere hacer y hay un usufructo el precio que obtendría nunca será como si la finca estuviera limpia. Y ya que se falló en contra de la empresa con el gasoducto tenemos que conseguir que las fincas estén limpias para toda la gente de Alcanar», reclama el portavoz de la Plataforma, Evelio Monfort.

En total, son cerca de 170 las fincas afectadas por los gasoductos terrestres del Castor, a lo largo de más de 20 kilómetros entre la costa y la red general que une Paterna y Tivissa. Aunque los terrenos se encuentran principalmente dentro del término vecino de Vinaròs –la empresa promotora evitó en todo momento pisar territorio catalán para evitar la legislación ambiental más estricta que la valenciana-, la gran mayoría de los propietarios son vecinos de Alcanar.

En el momento que se declaró de utilidad pública el proyecto y se ejecutaron las obras, tuvieron que sufrir una ocupación temporal de una franja de 14 metros de ancho. Una vez ya construido, tuvieron que respetar una servidumbre de siete metros, en la que tienen prohibido plantar cualquier árbol y sólo pueden aprovecharla para cultivar verduras o viveros. Unas restricciones que todavía continúan, aparentemente, vigentes a pesar de las resoluciones judiciales en contra de los promotores y del mismo gobierno español.

Infraestructuras anuladas

Años después de su construcción e, incluso antes de la renuncia de la empresa de Florentino Pérez al proyecto, la justicia española ya declaró como ilegales las principales infraestructuras terrestres del proyecto Castor. Primero fue la Audiencia Nacional, en abril del pasado 2013, que declaró nulo el tramo de 11,6 kilómetros de gasoducto que conecta la planta terrestre del proyecto Castor con la red general, a la altura de Ulldecona, a raíz de la denuncia de uno de los propietarios.

A diferencia del gasoducto de ocho kilómetros entre la planta terrestre y la costa, que superó el estudio de impacto ambiental, la empresa promotora, Escal UGS, y Enagás intentaron fragmentar indebidamente el proyecto para evitar que fuera escrutado ambientalmente. La actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado para el Cambio Climático, bendijo este planteamiento y emitió una resolución eximiendo a las dos empresas del trámite.

En septiembre de 2015, el Tribunal Supremo ratificó la decisión de la Audiencia Nacional declarando ilegal este gasoducto. Nueve meses antes, a principios del mismo año, el juzgado número 2 del Contencioso Administrativo de Castellón anulaba también la licencia de obras para la planta terrestre solicitada y otorgada durante los días festivos de Navidad de 2009. Según la sentencia, la instalación es incompatible con el planteamiento urbanístico: se instaló en unos terrenos rurales, cuando tendría que haber sido situada en una zona industrial.

Estas sentencias judiciales, de facto, incapacitaban legalmente y técnicamente cualquier posible puesta en marcha del almacén de gas submarino. Es ilegal la cañería que tiene que llevar el gas de la red general a la planta terrestre, que urbanísticamente también está fuera de la ley. «El gasoducto hasta el mar ya no vale para nada», resume Monfort. Sin embargo, a pesar de los reveses en los tribunales el anuncio del gobierno español sobre el desmantelamiento del Castor, los propietarios de los terrenos afectados no pueden todavía dormir tranquilos y se ven acondicionados por los derechos de servidumbre que todavía les imponen las cañerías.

Amenazas a los propietarios

Incluso, justo en el momento que ya se había formalizado la renuncia de Escal UGS al proyecto, a finales de 2014, la misma promotora enviaba cartas a los propietarios afectados advirtiéndoles que no podían plantar en la zona de servidumbre y que, en caso contrario, les denunciaría ante la subdelegación del gobierno español en Castellón. Desde entonces, según el portavoz de la Plataforma, ninguna noticia al respeto. Es por eso que la entidad, conocida la presumible intención del gobierno español de clausurar definitivamente y desmantelar el proyecto, se ha puesto en marcha para recuperar sus derechos.

Hace unas semanas, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcanar, convocó una reunión con propietarios para empezar a trabajar. De momento, pocos se han interesado activamente. Monfort, sin embargo, avisa de que en caso de que se ejecute la sentencia que declara ilegal el gasoducto de interconexión, y se procediera a un desmantelamiento de la cañería, las consecuencias serían, de nuevo, nefastas para los campesinos: la entrada de las máquinas en las fincas podría obligar a arrancar, de nuevo, los árboles replantados en la zona de ocupación temporal que se habilitó para las obras y, posiblemente, podría provocar destrozos en las vías de acceso, interrupciones del regadío o, en función de la época, también impedir la cosecha. «Queremos que se nos devuelva el usufructo pero sin tocar lo que hay debajo y permitir que cada uno sea dueño de su finca, propietario total y nadie pueda entrar para mirar que hay debajo», concluye.

Canalizar las reclamaciones

El actual gobierno municipal de ERC se sigue mostrando dispuesto a colaborar en esta línea con la Plataforma del Sénia. La candidatura republicana, que encabeza el actual alcalde, Joan Roig, ya ha incluido a su programa un epígrafe específico mostrando esta voluntad a la hora de exigir el desmantelamiento de las instalaciones y la restitución del usufructo de los propietarios agrícolas expropiados. Durante muchos años los campesinos no han podido producir en este tramo de finca. Eso es un agravio comparativo y se tiene que solucionar», ha explicado el alcaldable republicano a la ACN, mostrando su sorpresa ante la posibilidad, planteada por el gobierno español, de desenterrar la cañería, hecho que podría convertirse en una nueva fuente de problemas.

El consistorio se encarga de recoger la información de los propietarios para poder poner en marcha los trámites de reclamación. «Sobre todo, queremos que nos den un calendario con las acciones de desmantelamiento. Nos interesa mucho para saber el tiempo de respuesta. A partir de aquí, daremos forma a las reclamaciones. La administración estará al lado y esperamos que el resto de partidos políticos municipales también lo hagan», ha añadido Roig.

Desde Junts per Alcanar, el alcaldable Ivan Romeu recoge el guante. «Se tiene que dar respuesta a toda esta gente. A pesar de no tener competencia directa, el Ayuntamiento se tiene que poner a disposición con la Plataforma y también estar al lado de los vecinos y vecinas», subraya. Pide que, estando al gobierno o desde la oposición, hace falta tener en cuenta todas las fuerzas representadas en el consistorio y poner a disposición toda la información. Esta, cree, es la base que tiene que permitir buscar soluciones ante las administraciones, «sea el Ministerio o la vía europea» así como conseguir «indemnizaciones más que justificadas» para los propietarios expropiados y también los vecinos afectados por los movimientos sísmicos. «Eso se ha quedado en el aire y no se ha resuelto», lamenta.

El sello provisional de los pozos, a punto de caducar

De momento, ni el futuro de los gasoductos ni de las instalaciones, tanto terrestres como marinas, parece del todo claro ante la opacidad y pasividad mostradas por el gobierno español socialista. Si bien la ministra Ribera anunció la clausura definitiva, el desmantelamiento sigue sin disponer de ningún calendario ni proyecto. Un hecho que preocupa a la Plataforma y también a los partidos políticos municipales. «Nos dijeron que el sello provisional de los pozos duraría como mucho cuatro años. Ya vamos hacia el quinto: cualquier día puede reventar uno de estos sellos y hacerlo costaría mucho dinero, dijo la ministra. ¿Cómo se tendría que hacer bien? Haciendo el sellado definitivo. Una vez eso esté hecho, la planta marina es un peligro y se tiene que sacar», argumenta Monfort.

Roig recuerda que, además de pedir un calendario, invitaron a la ministra Ribera a visitar Alcanar para conocer de cerca el problema y plantear soluciones a los vecinos. De momento, el silencio es la única respuesta. «Hacemos un llamamiento a cualquier partido que gobierne en el futuro que tenga en cuenta que el sellado caduca. Nos preocupa mucho: hemos sufrido más de 500 terremotos, hay miles de millones tirados a la basura y se tiene que dar una solución definitiva. Para nosotros es el desmantelamiento, pero el primer paso es ocuparse del sellado», indica el candidato republicano.

«Eso se ha quedado en el aire y nadie lo ha resuelto. El PSOE nos da ahora esta solución cuando ellos mismos lo autorizaron, con fondo del Banco Europeo de Inversiones, cuando podían escoger entre dos proyectos: el corredor del mediterráneo o el Castor, que sólo nos ha llevado quebraderos de cabeza y problemas,» ha razonado por su parte, Romeu, que ha alabado también la tarea de la Plataforma del Sénia en la lucha contra este fiasco.

De momento, el coste del proyecto Castor sigue incrementando a medida que pasa el tiempo. A la espera de que los tribunales acaben decidiendo quién, finalmente, se tiene que hacer cargo del despropósito, la broma asciende ya además de 3.300 millones de euros. «Hay expertos que dicen que una plataforma marina siempre es rentable si la tiene una empresa. Bien, lo tendrá el gobierno: que no lo envíe para chatarra. Servirá, quizás, para sacar gas al mar del Norte o Nigeria. Que busquen a alguien y lo aproveche y no lo pierdan todo. La planta marina, que siempre será un peligro estando dentro del mar, cuando ya desaparezca, la planta terrestre no tiene motivo de ser», concluye Monfort.