Archivada la investigación a los Mossos por no impedir el corte de la AP-7 en l'Ampolla

La Fiscalía ha archivado la investigación que abrió a los Mossos d'Esquadra para no desalojar a los activistas de los CDR que en diciembre pasado cortaron durante horas la autopista AP-7, ya que entiende que lo hicieron para evitar «el riesgo» que podría comportar una actuación «contundente».

En su decreto de archivo, al cual ha tenido acceso Efe, la Fiscalía de Tarragona acuerda archivar las diligencias que abrió el pasado 11 de diciembre, después de que un grupo de activistas de los CDR mantuviera cortada la AP-7 a su paso por l'Ampolla (Baix Ebre) durante cerca de quince horas, coincidiendo con el puente de la Constitución.

La protesta de los CDR, que acabaron por desconvocar la concentración ya de madrugada, ocurrió en plena polémica por las críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los Mossos d'Esquadra a raíz de las cargas policiales contra grupos de manifestantes que intentaban boicotear actos de Vox en Gerona y Terrassa (Vallès Occidental) el Día de la Constitución.

Después de recoger los informes de los Mossos d'Esquadra sobre su actuación ante el bloqueo de la autopista y el atestado de la Guardia Civil, la fiscal María José Osuna descarta que hubiera «inacción» por parte de la policía catalana y concluye que los efectivos de que disponían a la zona eran «insuficientes» para abordar el desalojo.

Según la opinión de la fiscal, la actuación de los Mossos «fue de acuerdo con los efectivos de que disponían, a la hora que fue consecuente con la valoración del riesgo para las personas que una actuación más contudent podía comportar».

Según el ministerio público, al iniciarse la concentración los efectivos de la policía catalana eran «claramente insuficientes» para impedirla y, una vez sentados los manifestantes, tampoco eran suficientes para «garantizar una actuación sin consecuencias» tanto para los propios agentes como para los ciudadanos que se encontraban «retenidos» en el lugar.

«No dispersaron a los concentrados mediante el uso de la fuerza, ante el riesgo que eso comportaba a causa de la falta de efectivos, la presencia de muchos otros ciudadanos en el lugar y de numerosos vehículos que se encontraban parados sin poder maniobrar con facilidad», concluye la fiscal de Tarragona.

Por este motivo, el ministerio público considera que «no existen indicios de ninguna acción delictiva» en la conducta de los Mossos d'Esquadra, «sin perder de vista los enormes perjuicios y molestias que sufrieron los usuarios de la autopista AP-7 como consecuencia del corte por parte de los CDR».

El escrito de la Fiscalía también recuerda que los agentes de la policía catalana «levantaron atestado de aquello sucedido», que fue remitido a la autoridad judicial competente para investigar los hechos.

Para archivar la causa, el ministerio público ha tenido en cuenta el informe que requirió al entonces comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que adujo que un desalojo de la carretera podría haber comportado «serias dificultades», entre ellas riesgo de incendio en las barricadas que levantaron los activistas y problemas en el tráfico si decidían desplazarse a la N-340.

El sindicato UPSAC, que pidió personarse en las diligencias abiertas por la Fiscalía pera pedir el archivo de la causa, ha celebrado la decisión de la Fiscalía y ha subrayado que defenderá «siempre, allí donde haga falta, la profesionalidad» de todos los agentes del cuerpo, aunque el Departament d'Interior «se encargue de hacer todo al contrario».