Florentino Pérez se sacude la responsabilidad y califica de «desgracia» el proyecto Castor

«Desgracia» es la palabra que más frecuentemente ha utilizado el presidente de ACS, Florentino Pérez, para referirse al fracasado proyecto Castor durante su comparecencia a la comisión de investigación del Parlament que investiga el caso. Cuando nadie esperaba ya su presencia, Pérez se ha sentado este lunes por la tarde delante de los diputados con tono altivo e interrumpiendo casi todas las intervenciones. Ha empezado declarando que prácticamente no conocía un proyecto que supone un 1% de la facturación de su grupo para acabar defendiendo el blindaje de su concesión, que le garantizaba el retorno de la inversión aunque actuara con luto o negligencia porque «si el Estado no garantiza los riesgos geológicos no se haría ningún almacén». Sin responder en ningún momento a las preguntas sobre adjudicaciones a dedo, sobrecostes y comisiones, Pérez ha negado haberse embolsado la indemnización de 1.350 millones de euros que, ha asegurado, sirvió para pagar a los bonistas del BEI.

«Soy una persona muy conocida. Por eso me han invitado aquí: para que tenga trascendencia», ha llegado a responder Pérez a los diputados después de asegurar que no había intervenido en ninguna gestión en lo referente al Castor y mostrarse «consternado»ante la «desgracia»que ha supuesto el fiasco del almacén de gas submarino. Su grupo constructor no solo es el propietario de las dos terceras partes deEscalUGS, la empresa concesionaria del proyecto, sino que también se adjudicó la construcción de la obra en un concurso sin concurrencia y prácticamente hecho a medida, llegando a ingresar más unos 1.800 millones de euros.

Y, a pesar de todo esto, ha querido situar el Castor como una pequeña obra más dentro del gran movimiento de adjudicaciones y proyectos en el que se mueve ACS por todas partes por 70 países del mundo, con centenares miles de trabajadores e incluso una empresa a la que ha llegar a calificar de ONG. Trascendente, pero casi insignificante. No ha querido, pero, entrar en detalles y dar respuesta a las numerosas preguntas que le han planteado los diputados de los diferentes grupos. «Tenemos 10.000 obras a la vez y nos pasan muchas cosas», se ha excusado. «Yo no he sabido nada hasta que han pasado las cosas. Yo no he participado en este proyecto», ha llegado a decir, para sorpresa de la mayoría de los asistentes, que incluso le han recordado que la planta terrestre puerta el nombre de su germano difunto, Ignacio Pérez, por deseo exprés suyo.

«Nada oculto»

Los argumentos de uno de los empresarios más poderosos del Estado no han convencido la gran mayoría de los diputados, que lo han intentado acorralar planteándole algunos de los puntos oscuros que todavía rodean la tramitación y la ejecución del proyecto. Para Florentino, pero, «no ha habido nada oculto» en el Castor. Seria, de forma resumida, la historia de un gobierno español que «quiere hacer un almacén de gas porque lo necesita el país»y los promotores canadienses,DundeeEnergy, acuden a la constructora «porque somos los único que lo podíamos hacer». «Lo podemos hacer felizmente en otros países del mundo», ha llegado a proclamar.

Pero en ningún caso en las costas del Ebro y del Sénia. Más de un millar de terremotos y dos estructuras metálicas gigantescas e inservibles testimonian la magnitud del fiasco en el territorio. En el Parlament, pero, a Florentino se le ha recordado que el Castor oculta todavía efectos más perniciosos: especialmente, el de cargar sobre las costillas de los ciudadanos y los consumidores el faraónico coste de esta infraestructura, que supera de largo los 3.200 millones.

Según Florentino, su construcción requería en todos los casos la garantía del Estado, la cláusula según la cual recuperaría la inversión en el caso, incluso, que actuara de forma dolosa que nunca había aparecido en ningún otro almacén subterráneo de gas en funcionamiento en el Estado español. «En algunas infraestructuras no se necesitan de garantías. En algunas sí: hay un riesgo económico que nadie asume, por su complejidad», ha argumentado. En conclusión: si el Estado no los cubre «no se haría ninguno». «Se ha hecho para todos los almacenes de gas», ha remarcado en diferentes ocasiones.

En su esquema argumental, pues, el máximo responsable de ACS ha descargado sobre el Estado la voluntad de situar y materializar el almacén por, supuestamente, triplicar la capacidad de almacenar gas y equipararse con otros estados europeos La iniciativa empresarial lo ha situado en el terreno de sus antiguos socios canadienses, con los cuales actualmente está enfrentado. «Era la zona de menor riesgo geológico en España y lo decidieron hacer allí. Como constructores nos pidieron que participáramos con ellos», ha relatado. Y «juntos»consiguieron la concesión.

La lonja del Bernabéu y los papeles deBárcenas

Rechaza con vehemencia la existencia de un círculo de intereses alrededor de la lonja delSantiagoBernabéu y se ha enojado cuando le han recordado que su nombre aparecía en los papeles deBárcenas. También ha negado haber hablado con ningún ministro del gobierno español sobre el tema hasta que empezaron los «problemas», hacia el año 2012, con el ministro del PP José Manuel Soria. Viniendo de un gobierno socialista y en medio de una caída del consumo de gas que caía en un año por encima del 20% en algunos casos, las condiciones de retribución se modificaron –«pasando de 10 años a 20 el periodo de amortización»- y, según Florentino, los diecinueve bancos con los cuales había subscrito un crédito se hicieron atrás. Es aquí cuando entra en juego el Banco Europeo de Inversiones (BEI)y su ventajosa propuesta de financiación, con 1.460 millones de euros.

«Han dicho: le han dado 1.350 millones a Florentino. Porque soy conocido. No me han dado un duro, ni a mí ni aEscal. Todo el dinero del decreto se los han llevado los inversores, que son los que financiaban en estas condiciones y si no lo hacían no lo habrían prestado y no se haría el almacén. Podríamos haber vivido sin hacer esta obra: hemos perdido dinero aquí, con los que recibimos no se cubría los 100% del que debíamos a losbonistesy alBEI», ha declarado. Ninguna respuesta para las comisiones del 17% que se embolsaba con las adjudicaciones a las empresas de su propio grupo y que constató organismos oficiales o los sobrecostes que multiplicaron el presupuesto inicial.

El responsable de ACS ha aludido a las auditorías técnicas y económicas que habrían certificado el proyecto, a pesar de que los estudios obviaron aspectos esenciales de la geología del proyecto que habrían podido influir decisivamente en el fracaso final. «A mí me aseguran que están todos los estudios de impacto están muy hechos», ha precisado. Más todavía, cree que todavía no se ha dicho la última palabra sobre las causas que llevaron al fracaso del proyecto Castor y confía que el juzgado de Vinarós que investiga el caso dirimirá las responsabilidades pertinentes –«a mí no me han llamado, porque saben que no tengo nada que ver con el tema», ha llegado a afirmar-. «Tengo la esperanza que todavía se hagan estudios y digan que no ha salido mal», ha aventurado.

En este contexto ha posado en cuestión el posible desmantelamiento, del cual ha eludido también la responsabilidad. «Se tiene que profundizar como dijo el MIT», ha añadido. Un estudio que, como bien ha recordado, exoneraba tanto a los funcionarios como a los gestores porque, supuestamente, en aquel momento no podían saber qué pasaría, cosa que otros expertos han rebatido. «No se si es el informe bueno. Yo pediría más informas a científicos con solvencia», ha cerrado.

DelPotrono responde preguntas

Antes de Pérez, por la comisión de investigación ha pasado también el presidente deEscalUGS,RecaredodelPotro. Acompañado de su abogado se ha negado a responder las preguntas de los parlamentarios y, en una breve intervención, ha recordado los 40 millones que la empresa invirtió en trabajos e investigaciones porque el proyecto se hiciera «con plenas garantías de viabilidad técnica y económica»; ha calificado su empresa de «operador prudente»por cómo actuó durante el periodo de inyección que causó los terremotos, y que ha sido censurado por organismos oficiales y expertos independientes; y ha acabado negado que no hay estudios que vinculen la falla de Amposta con los movimientos sísmicos.

Este lunes también ha sido el turno de losexregidoresdel Ayuntamiento de Vinarós JavierBalada, responsable de urbanismo cuando se tramitó lo proyecte Castor, y elexedilde turismo DomènecFontanet. También el empresario más afectado por las expropiaciones del Castor y que ha ganado varios litigios judiciales a la empresa, así como el consejero delegado de CaixaBank, GonzaloGortázar.