El gobierno sigue sin aclarar el origen de los argumentos que desaconsejaban desmantelar el Castor

El gobierno español sigue inactivo ante el desmantelamiento del proyecto Castor y se mantiene enrocado a la hora de no querer aclarar los argumentos a los que se aferra desde hace años para no proceder al desmontaje de las instalaciones. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha recibido como respuesta a sus preguntas al respecto el enlace en la nota de prensa y la parte del informe encargado a expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard hecha pública en mayo de 2017. Mulet quería conocer el origen de las afirmaciones atribuidas por el ejecutivo del PP a los redactores del informe, según los cuales desmantelar las instalaciones podría «desestabilizar» sísmicamente la zona. El gobierno español tiene que tomar de forma inminente una decisión sobre los sellos provisionales de los pozos del almacén hibernado, que se tienen que reforzar cada cuatro años o abandonarse definitivamente.

Aunque el mencionado informe recomendaba –después de exonerar de cualquier responsabilidad previa la promotora ACS y al gobierno español- no poner en marcha el almacén de gas submarino por su peligrosidad, tanto el exministro de Industria del PP, Álvaro Nadal, como el secretario de Estado de Energia, Daniel Navia, se aferraron a los argumentos que cualquier actividad para retirar las instalaciones podía «desestabilizar» geológicamente el yacimiento para descartar el desmantelamiento.

Nadal, incluso, llegó a hablar al Congreso de un «globo» de gas de que, en el caso de desinflarse, podría afectar a los «cimientos» de las instalaciones. Expertos independientes, sin embargo, se preguntan qué objetivo tendría tocar el gas inyectado, el llamado colchón, que es muy complicado extraer o, incluso, que se podría haber perdido. En este sentido, Mulet ha criticado «la opacidad, la desinformación y las excusas amparadas en un supuesto peligro que no entendemos». «Sin tocar el gas del subsuelo el almacén puede sellarse definitivamente y empezar el desmantelamiento tanto de la industria en tierra como offshore», ha añadido.

Atribuidas a los expertos norteamericanos, las advertencias de peligro por el desmantelamiento no aparecen a los informes del MIT y de Harvard, que costaron 600.000 euros. Por esta razón, Compromís preguntó y pidió por escrito la totalidad del informe, ante la posible existencia de documentos adicionales, apéndice o un estudio más amplio que no se habría hecho público. Ahora, el nuevo Ministerio por la Transición Ecológica, que ha asumido las competencias al respecto, se remite, nuevamente, al documento presentado por sus antecesores del PP.

Dos años y medio de la publicación del estudio del MIT, y después de que la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara la voluntad de hacer efectivo el desmantelamiento, pero sin fijar ningún horizonte temporal concreto, tanto la plataforma marina como las instalaciones terrestre continúan inactivas a merced de los elementos. Una situación insólita en la industria gasista y petrolera por todo el mundo, donde la norma es desmontar las instalaciones una vez se sellan y abandonan los pozos.

En este caso, sin llegar a entrar nunca en funcionamiento, continúan intactos tal como se construyeron. Como ya hizo el PP, Ribera se escuda en la necesidad de pedir estudios técnicos previos para proceder al desmantelamiento. No hay noticias que el gobierno español haya hecho todavía, sin embargo, ningún encargo en este sentido. El ejecutivo español, sin embargo, titular ahora de las instalaciones una vez hizo efectiva la indemnización de 1.350 millones de euros a Florentino Pérez que los tribunales están cuestionando abiertamente, tendrá que tomar una decisión de forma inminente.

El sellado provisional de los pozos, cerca la hibernación el año 2016, se tendría que reforzar en un máximo de cuatro años. Una operación que añadiría encara mayor gasto a los cerca de 16 millones anuales que han pagado los consumidores para mantener anualmente las instalaciones. La alternativa sería la clausura definitiva de los pozos y su abandono. «Es un momento idóneo para dejarse de excusas y abordar con seguridad y garantías el desmantelamiento de estas instalaciones, lo que aportará la tranquilidad que las comarcas próximas a la desembocadura del Ebro están «buscando», ha argumentado Mulet, recordando que las reiteradas peticiones de información al respeto durante los últimos años, han sido abortadas sistemáticamente por el PP y el PSOE.