UGT denuncia que un millar de temporeros del Ebro están expuestos a mafias

En torno a un millar de temporeros del campo en situación irregular en las Terres de l'Ebre están expuestos a la explotación por parte de redes mafiosas. Así lo ha denunciado la Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA)del sindicato UGT, que ha constatado también la existencia de numerosos pisos patera, especialmente en la zona de Amposta, donde se amontonan los trabajadores para dormir en colchones en el suelo que les pueden costar 120 euros en el mes. A pesar de asegurar que la Inspección de Trabajo cumple su tarea, los responsables sindicales han hecho un llamamiento a los trabajadores para que denuncien estos casos y eviten los abusos que, principalmente, se viven en el sector del cítricos así como en el arroz. En este sentido, señalan que, además de no darlos de alta en la Seguridad Social, las mafias les retienen parte de sueldo y les retienen la documentación.

Según ha explicado el responsable del sector agro y manipulado de productos hortofrutícolas en Catalunya de UGT, Paco Folch, la mayoría de los trabajadores afectados son de origen indio o pakistaní, como sus explotadores que actúan como empresarios intermediarios con los propietarios o gestores de las tierras. En la mayoría de casos, explican desde el sindicato, se los puede ver recoger cada mañana a los trabajadores con furgonetas en puntos concretos del territorio para trasladarlos hasta los campos.

Relata el mismo Folch que los responsables de estas organizaciones suelen engañar a sus compatriotas con anuncios y mensajes a las redes sociales donde atraen a las personas en situación irregular de todo el país ofreciéndoles trabajo, casa y comida. En realidad, explica, «no los legalizan y los tienen escondidos en pisos patera» para hacerlos trabajar ilegalmente, reteniéndolos, además, importantes cantidades de sus ganancias, que son por capazos o por kilos recolectados.

Según recuerda UGT, los empresarios están obligados a alojar en condiciones a los trabajadores que tengan su domicilio habitual además de 75 kilómetros y que se los puede descontar del sueldo por vivienda y comida un máximo del 25%, evitando que acaben cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. «Como ya les pagan menos, no les tendrían que descontar nada», apunta Folch, reclamando a las administraciones que actúen contra estos pisos, para cuatro personas pero que pueden albergar una docena, situados principalmente en Amposta, pero también en Tortosa, Ulldecona, Deltebre y l'Aldea.

El sindicato reclama que se cumplan las leyes y el convenio firmado con la patronal. Avisa a los propietarios de las fincas, especialmente de cítricos, donde el campesino vende la cosecha en un almacén que compra y coge el fruto sin saber que «tener una persona sin papeles dentro de su finca vale 10.000 euros». En muchos casos, explica la UGT, estas mafias dan de alta a un pequeño número de trabajadores para cubrirlos todos y, una vez acaba la campaña de los cítricos, los trasladan a recoger cerezas y fruta en la Ribera d'Ebre y en Lérida antes de volver por la campaña del arroz.

Para evitar estas situaciones y las intervenciones de la Policía Nacional, el sindicalista asegura que estas mafias han desarrollado métodos de vigilancia hasta el punto de destinar a una persona a detectar los coches policiales camuflados, que ya conocerían, o trabajar de tarde. El año pasado, agentes de este cuerpo efectuaron cuatro actuaciones en explotaciones arroceras. También la Inspección de Trabajo abrió unos 60 procedimientos a las Terres de l'Ebre. Pero todo resulta insuficiente, según reiteran. Los campos ofrecen más posibilidades para «esconderse» y evitar estas actuaciones en los almacenes.

Pagos pendientes a los trabajadores

En total, según cálculos sindicales, al millar de temporeros en situación irregular se añadirá, al inicio de la próxima campaña de los cítricos, un millar más de trabajadores que serán dados de alta y contratados legalmente por los almacenes. Aunque en estos casos la explotación y el fraude es más complicado, UGT también exige a estas empresas que cumplan la ley. Especialmente con respecto a la actualización retroactiva del precio por hora que cobran los temporeros y la obligatoriedad para los empresarios de hacer efectiva la diferencia a partir de enero de 2019 sin necesidad que los trabajadores lo pidan.

Avisan también de que actuarán para evitar el incumplimiento de la ley con respecto a los contratos fijos discontinuos, recordando que el trabajador ocupado durante 28 días seguidos durando dos años tendría que ser contratado por esta vía, con los mismos derechos que los indefinidos con respecto a indemnizaciones por despido, por ejemplo. El sindicato también ha denunciado que todavía existen importantes de salarios entre hombres y mujeres, que cobran entre cinco y diez céntimos menos la hora, especialmente en los almacenes. Reclaman que las empresas faciliten a los trabajadores la ropa y utensilios adecuados –aseguran que, en muchos casos, se los cobra por estos conceptos- y la importancia de registrar y firmar al inicio y al final del horario laboral.

Folch ha avisado también de que conocen casos de empresas de perejil, apio o menta en el delta del Ebro con trabajadores en situación irregular que tienen que recoger un palet diario para el jefe, que se traslada a otro lugar y se vende mayormente en negro.