ERC quiere anular la modificación de los límites marítimos para que el Gobierno pueda controlar el desmantelamiento del Castor

ERC quiere que el gobierno español anule la modificación expresde los límites marítimos que aprobó y rectificó poco después el año 2008, excluyendo el área de la concesión del proyecto Castor de aguas administrativas catalanas para pasarlas a las de la Comunidad Valenciana. Los diputados republicanos que han participado en la comisión de investigación del caso en el Parlament, Lluís Salvadó e Irene Fornós han incluido en su documento de conclusiones esta demanda que, según argumentan, permitiría el Gobierno control y fiscalizar el futuro desmantelamiento de las instalaciones. Han recordado que el fallido almacén de gas submarino y sus promotores acumulan ya cinco sentencias judiciales contrarias. Reclaman que se depuren responsabilidades y que sea la misma promotora, ACS, la que asuma un coste superior, de momento, a los 2.000 millones de euros.

Salvadó ha recordado que la modificación de los límites marítimos, que tuvo lugar pocas semanas después de su aprobación con una corrección de errores en el BOE en marzo de 2008, quería impedir que la Generalitat podara incidir en el desarrollo y tramitación del proyecto. Por el contrario, su anulación tendría que permitir, a pesar de las escasas competencias de la Generalitat en proyectos de hidrocarburos en aguas territoriales, una «mayor capacidad de participación» -también de la administración local- y que se la considere «parto afectada». Cuando el gobierno español lo cambia es para dificultarlo. Queremos que un mecanismo para generar opacidad se acabe derogando», ha sentenciado, recordando que, tradicionalmente, el ejecutivo catalán ha estado más estricta en estos aspectos que el valenciano. Un desmantelamiento, recientemente anunciado, pero que continúa pendiente desde hace seis años y que, según recuerdan, encarece con el tiempo el coste de mantenimiento y los recursos que se tiene que destinar.

Esta es una de las conclusiones que los republicanos registrarán en el Parlament para que sea incluida en el dictamen final de la comisión de investigación que se ha alargado, prácticamente, durante un año y que ha tenido sonoras ausencias -como la del exministro de Industria del PP, Juan Manel Soria, o la del actual titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera-. Unas disposiciones que, a pesar de no tengan valor vinculante, puedan contribuir, desde el ámbito político, a dirimir responsabilidades sobre un caso que todavía no está cerrado, ni de lejos, sobre todo en el frente judicial, con el caso todavía abierto a los juzgados de Vinaròs y los recursos contra la decisión de suspender los pagos.

En este documento, los republicanos analizan una quincena de ámbitos del proyecto Castor y plantean hasta 33 conclusiones. Al margen de la cuestión de los límites marítimos, ERC señala como una de las prioridades que sea la misma sociedad que controlaba el proyecto y construyó las instalaciones, ACS, la que asuma el multimillonario coste de su ejecución e intento de puesta en marcha. Salvadó ha recordado las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo tumbando el mecanismo de financiación y exigiendo el retorno de las cantidades cobradas, tanto por los bancos como por el gestor técnico del sistema Enagás, encargado de la hibernación y el mantenimiento de las instalaciones desde finales de 2014.

Fue justo después de que el gobierno español aceptara la renuncia de ACS y pagó con un crédito de 1.350 millones que tenía que recaer sobre los consumidores a lo largo de 30 años y volvieron a participar prácticamente los mismos bancos que, desde un principio, habían financiado en la financiación del almacén de gas submarino. Ahora, y cerca las sentencias judiciales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les ha obligado a devolver el dinero cobrado. Un retorno que ya ha sido recurrido judicialmente por las entidad financieras.

Para los republicanos, fue la «concertación» entre las diferentes administraciones responsables, sobre todo en el periodo entre 2002 y 2014, la que hizo posible no sólo que el Castor siguiera adelante sino que lo hiciera con las máximas facilidades desde el punto de vista del pesado procedimiento administrativo y, en este caso también, de una gran complejidad. «Toman, a menudo, decisiones ilegales, irregulares, arbitrarias e injustas, poniendo en peligro la salud pública y los intereses de la promotora por encima de los generales», ha subrayado en este sentido Salvadó.

La bautizada como «cláusula Florentino» en la concesión de mayo de 2018, que le garantizaba el retorno de la inversión incluso en el caso de haber actuar con luto o negligencia ocupa un lugar central esta lista de decisiones. También las denuncias de organismos oficiales de sobrecostes, comisiones, adjudicaciones o falta de concurrencia pública, así como la decisión de alargar, sin hacer demasiado ruido, el periodo para renunciar a la concesión de cinco a 25 años el año 2012, hecho que habría impedido ACS haber devuelto las instalaciones.

Para Salvadó, además, las investigaciones abiertas por el Parlament sobre el caso, más allá de sus implicaciones económicas y ambientales, contienen también un «elemento de dignidad territorial», en referencia a la ubicación del proyecto en las Terres del Sénia, un lugar alejado y con baja población. «Si lo hubiera sido al lado de Tarragona, Barcelona o Madrid estaríamos ante un procedimiento más desarrollado», se ha quejado.

La diputada Irene Fornós, por su parte, ha pedido que las diferentes instituciones implicadas, desde el Gobierno, el Síndico de Agravios o las administraciones locales, hagan un seguimiento esmerado del proyecto y su desmantelamiento. Recuerda Fornós que la del Castor es todavía una historia «inacabada», con «infinidad» de recursos judiciales pendientes de resolver.

El Consejo de Estado pide que se pague los bancos y Enagás

En este contexto, este lunes se ha conocido que el Consejo de Estado, máximo organismo consultivo del gobierno español, le ha pedido que pague la deuda pendiente con los bancos y Enagás lo antes posible. Lo dice desde el argumento según el cual, no hacerlo podría suponer todavía costes más elevados en el futuro. El Consejo de Estado, en cinco dictámenes de junio de 2019, insta al ejecutivo estatal a promover con celeridad una iniciativa legislativa para «evitar perjuicios económicos por su retraso» –pago de intereses- y evitar «efectos indeseables».