La Plataforma del Sènia y los afectados por el Castor lamentan que sólo se acaben juzgando dos directivos de Escal UGS

La decisión de limitar a un más que previsible juicio por los terremotos provocados por el proyecto Castor al exconcesionario Escal UGS y sus dos principales directivos, el presidente Recaredo del Potro, y el consejero delegado, Javier Martínez Dalmau, no ha acabado de satisfacer los movimientos sociales y los afectados por el almacén de gas submarino. La Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Sènia ha recordado la responsabilidad en el proyecto del presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, así como de los funcionarios y cargos estatales exonerados. También la asociación de afectados Aplaca, que ejerce de acusación popular, ha mostrado su sorpresa por la resolución judicial, pero confía en que el procesamiento les permita recibir compensaciones.

«Ya va bien que se acuse a los que son las cabezas visibles de la empresa y la empresa en sí. El juez reconoce que ha pasado alguna cosa, que hubieron más de 500 terremotos, que la Universidad de Zaragoza y una Alemania elevaron después a más de mil», ha recordado el portavoz de la Plataforma del Sènia, Evelio Monfort. En su interoluctòria el titular del juzgado número 4 de Vinaròs acusa a los altos cargos de incrementar el caudal de las inyecciones de gas en fase de pruebas cuando ya sabían que provocaban terremotos y existía un riesgo «catastrófico» para las personas y el medio ambiente.

El movimiento social contra el proyecto Castor, sin embargo, cree que el juez se ha quedado corto a la hora de señalar a los grandes responsables del caso. «Si sólo matamos los peces del medio y no en el grande, este seguirá comiéndose a los pequeños. Es una expresión. Pero el máximo culpable, quien consintió que pasara eso es un señor: el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez», ha remachado.

Monfort, de hecho, ha recordado las palabras que el mismo Pérez pronunció ante la comisión de investigación del Castor al Parlament, durante el cual calificó de «desgracia» los hechos, se desentendió totalmente de la toma de decisiones al respecto y aseguró que el proyecto sólo suponía un 1% de su negocio. «Los gastos lo eran pero si eso hubiera funcionado habría sido lo que le había dado más rentabilidad de todas sus empresas», ha precisado. Más todavía, ha querido desmentir la supuesta desvinculación del presidente de ACS apuntando que la decisión en su momento de bautizar la planta terrestre en Vinaròs con el nombre Ignacio Pérez, en honor a su hermano difunto, afianza su clara apuesta y vinculación con las decisiones operativas del proyecto.

La exoneración de responsabilidades de los altos cargos y funcionarios de los entonces ministerios de Industria y Medio Ambiente, para tramitar y autorizar de forma acrítica el almacén de gas submarino, ha sido también acogida con contrariedad. «Si se puso el gas que se puso fue porque el permiso lo dio a alguien que no era del Potro. Eso lo tenemos que tener claro. Si alguien del gobierno y los funcionarios dio permisos también eran culpables, por mucho que alguien por encima de ellos les dijera que firmara que ya lo arreglarían. Si alguien pone la firma se hace responsable de lo que pone», reprocha Monfort. «Estos lo han hecho mal y nadie les ha dicho nada. Oh pobres, lo hicieron sin querer, nadie lo podía saber. Nosotros dijimos que había peligro de terremotos en el primer tríptico», ha precisado, añadiendo que tanto el Observatori de l'Ebre como la Generalitat reclamaron un estudio de riesgo sísmico que el gobierno español y la empresa van explícitamente rechazar.

Pero a pesar de las advertencias, y siendo informados de los terremotos por el Observatori de l'Ebre cuando incrementaban las inyecciones de forma repentina hasta al máximo previsto, la empresa no sólo no detuvo la actividad sino que mantuvo sus planes durante prácticamente dos semanas. «Se lo dijeron y no hicieron caso. Aquí hay una serie de culpables que no son sólo los jefes de la empresa, sino mucha más gente que lo consintió. Por esta parte no estamos contentos. Culpables hay muchos más», ha cerrado Monfort.

Reconocimiento de los afectados

En una línea similar, pero más matizada, se ha pronunciado Joan Ferrando, presidente de Aplaca, la asociación de afectados que encabeza la acusación popular en el juzgado de Vinaròs. «Nos extraña que exoneren a todos altos cargos porque no tenían mala fe. Nos extraña porque cuando vemos otros jueces atribuyendo hechos que no han pasado por condenar, aquí dicen que sí que han pasado los hechos pero que no tenían mala fe», ha declarado.

Más allá de eso, Ferrando se ha mostrado satisfecho ante el hecho que del Potro y Martínez Dalmau se acaben sentando en el banquillo de los acusados por supuesto delito ambiental. «Ellos sabían –que existía riesgo sísmico al inyectar gas-, lo tenían que saber. A nosotros nos decían exagerados y alarmistas. El Observatori de l'Ebrr los advirtió claramente», sostiene. Así, el auto da «como hechos comprobados» aspectos que hace años el movimiento social denunciaba.

«Nos da ánimos que se abra definitivamente juicio a Escal y sus representantes», sostiene Ferrando, que ha puesto énfasis en el hecho de que se relacionen los casos de nuevo propietarios de viviendas afectadas por los seísmos y la consideración de un potencial riesgo «catastrófico» a raíz de la actividad de inyección de gas. «Vemos de manera clara el posible delito contra el medio que se los puede atribuir por el riesgo que corrimos la comarca y los pueblos próximos», sostiene. Aplaca, con unos 200 asociados, cree pues que el proceso judicial reactiva su lucha: reconoce la existencia de afectados, tanto física como moralmente, y refuerza la posibilidad de reclamar compensaciones.