Desmantelar el proyecto Castor costaría más de 260 MEUR y cinco años de trabajos

Desmantelar las instalaciones del fracasado proyecto Castor tendría un coste superior a los 260 millones de euros y los trabajos se alargarían durante cinco años. Así consta en el plan previo que la compañía Enagás elaboró el mes de febrero del pasado 2018 y que se encuentra sobre la mesa del gobierno español. A pesar de disponer del documento, reclamado por el senador de Compromís, Carles Mulet, y en el cual ha tenido acceso la ACN, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha dejado de dar largas al encargo de los estudios para valorar y ejecutar la obra. El plan de Enagás, que se encarga de la hibernación y mantenimiento de las instalaciones, no prevé retirar la totalidad de los gasoductos terrestres y submarinos sino que apuesta por abandonarlos.

El documento, inédito hasta estos momentos, demuestra que el gobierno español ha estado sondeando el posible desmantelamiento del Castor todo y que en un estadio todavía bastante prematuro. De hecho, los estudios técnicos que la misma ministra en funciones, Teresa Ribera, prometió hace diez meses para hacerlo posible, teóricamente, todavía no se han licitado. Durante los últimos meses, y a preguntas de Compromís, el mismo gobierno español no ha dejado de repetir que este trámite, poner fin a la hibernación e iniciar el desmantelamiento, está en manos del consejo de ministros y este todavía no se ha pronunciado. También ha negado que esté estudiando dar un uso alternativo en las instalaciones.

La estimación presupuestaria que efectuaba Enagás hace 20 meses, concretamente 259,92 millones de euros en total, se sitúa dentro de la horquilla entre los 143,1 millones de euros que Escal UGS –la empresa controlada por el ACS de Florentino Pérez- tuvo que prever en el momento de obtener la concesión el año 2008 y los 300 millones que podía acabar costando si hubiera consumido el periodo de explotación máximo de 50 años previsto, por el encarecimiento de la vida.

Según la Ley de Hidrocarburos en vigor, el concesionario tenía la obligación previa de aprobar un plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones para ejecutarlo al final de su vida útil partiendo de esta garantía financiera. Escal UGS, sin embargo, no elaboró ni el plan ni hizo efectiva la dotación. A finales de 2014, las instalaciones acabaron revirtiendo al Estado. A pesar de eso, en su artículo 29, la misma norma recuerda que, en caso de anulación o extinción de la concesión y revertidas las instalaciones en el Estado, la administración podrá exigir al titular el desmantelamiento. De momento, sin embargo, el gobierno español, inmerso en una batalla legal por la financiación de la indemnización de 1.350 millones de euros en Florentino Pérez y el coste de mantenimiento en Enagás, todavía no ha abierto la boca al respecto.

En cualquier caso, el informe no descarta una desviación del 30%, no incluye el margen de beneficio industrial que tendría si ejecutara ella misma la obra y los importes se encuentran reflejados en euros constantes de 2018. Tampoco se ha previsto el posible aprovechamiento de los equipos o su «tratamiento como chatarra». Eso podría elevar bastante por encima de los 260 millones el coste final.

160 millones para la plataforma marina

De las partidas detalladas en el documento, las más destacadas son las que corresponden al desmantelamiento de las plataformas marinas –la de procesos, que pesa 9.000 toneladas sobre una estructura de 4.700, y la de los pozos con 1.200 toneladas de peso y una estructura de 1.400-, con 159,35 millones de euros; el abandono de los trece pozos, 58,16 millones; y el desmantelamiento de la planta terrestre de operaciones y restitución de los terrenos, con 18,93 millones de euros previstos; así como 8,4 millones para la limpieza y la reposición del entorno marino.

Por el contrario, dentro del presupuesto no constan partidas para el desmantelamiento del gasoducto. Y es que Enagás considera que retirar este elemento –de 42 kilómetros en total: 22 kilómetros submarinos y los 20 quedando terrestres- sería «muy costoso y técnicamente difícil de ejecutar», especialmente el tramo que transcurre por el lecho marino, además de «el impacto» que generaría. Eso lleva a Enagás a optar por el «abandono» de las instalaciones enterradas y sin servicio, también en el tramo terrestre donde igualmente se encuentra soterrado, desmantelando sólo las de superficie. Este capítulo se endurecía, sumando las diversas partidas incluidas para los diferentes sectores, unos 8,74 millones de euros.

La operación, según las previsiones que apunta el mismo operador en un cronograma, se alargarían durante cinco años. Un plazo, aducen, que se puede ver alterado por el retraso en la concesión de permisos o las ventanas de trabajo en equipo. Empezarían con los trámites administrativos, entre los cuales, el inicio del Estudio de Impacto Ambiental o la solicitud del permiso a la comisión del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR).

También habría que cumplir las disposiciones de seguridad en explotaciones de hidrocarburos en el medio marino, designando un operador como máximo responsable, hacer planes de emergencias y someterse a verificación independiente así como formula la solicitud de autorización administrativa para el cierre de las instalaciones. En este ámbito, también se requieren autorizaciones de los municipios afectados por los gasoductos e instalaciones terrestre así como varios servicios de la Generalitat catalana y valencianas, confederaciones hidrográficas, o la concesión del uso del Dominio Público Marítimo Terrestre estatal. En un siguiente paso, haría falta volver a inscribir en el registro industrial y levantar la servidumbre sobre los terrenos afectados, que los propietarios podrían recuperar en su totalidad o la parte sobrante –en este caso con indemnización).

Desde el punto de vista técnico, uno de los capítulos más complejos, según Enagás, sería el abandono de los pozos, que actualmente cuentan con tapones temporales que tienen que ser desmontados y que, de hecho, tendrían que ser renovados para garantizar la seguridad cuatro años después de su instalación en el proceso de hibernación. Su retirada, de hecho, se efectuaría antes de movilizar los equipos para abandonar definitivamente el almacén y se alargaría seis semanas.

Estación submarina de monitorización sísmica

Una de las novedades sería la instalación de una estación submarina de monitorización sísmica para conocer a tiempo real si se producen terremotos de una forma «más precisa» que los sismógrafos actuales situados en la costa. Una tecnología que muchos expertos, apuntan, se tendría que haber instalado en el momento de construir el Castor. Según Enagás habrá que tener en cuenta a la hora de sellar los pozos la presencia de asfaltenos, el conocido como 'xapapote' en la cañería de producción, hecho que requiere una limpieza previa al abandono definitivo, tapando con cemento, de los pozos.

Para el desmontaje y desmantelamiento de la plataforma marina, cuya construcción requirió la participación de la entonces mayor grúa|grulla marina que existía en el mundo, habrá que estudiar la disponibilidad de este tipo de equipos en el ámbito mundial o un fuselaje diseñado especialmente para estas tareas. Se trataría de efectuar la operación de forma inversa al montaje, aunque sólo existen dos grúas en el mundo capaces de izar la plataforma de procesos en alta mar y desmantelarla por piezas resultaría más caro. Todo podría alargarse durante más de un año. Las previsiones de Enagás es que para los restos de la plataforma se priorizará la reutilización al reciclaje y, en última instancia, la eliminación como chatarra.

La misma suerte seguirían los equipos y elementos de la planta terrestre: reutilización o chatarra. Los terrenos se tendrían que limpiar y nivelar nuevamente antes de dar por acabado el proceso. Con respecto al gasoducto enterrado será abandonado. Únicamente en los cruces con servicios como autopistas, carreteras o caminos asfaltados, se aislarán y rellenarán con mortero para evitar subsidencias. Las instalaciones del gasoducto que conecta con la red general –con un nudo de válvulas, unidad de medición y sala de control- serían desmontadas y desmanteladas, siguiendo el mismo criterio anterior.