Judicial
El Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar tendrá que pagar 2,13 MEUR por el contencioso de Aqualia
La empresa denunciante tendrá que avalar también la mitad de los 4,27 MEUR que reclama al consistorio, según el TSJC
Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar
El Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) tendrá que pagar 2,13 MEUR como medida cautelar en el contencioso presentado por la empresa Aqualia, concesionario del servicio de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, que le reclama un total de 4,27 millones de euros por facturas impagadas entre 2009 y 2015. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impuesto también a la denunciante que avale la mitad de esta cantidad cautelarmente. Aqualia solicitó cobrar el importe total en el momento de iniciar el procedimiento judicial, pero el consistorio se opuso e, inicialmente, los juzgado de Tarragona descartó adoptar medidas cautelares. El TSJC ha estimado ahora parcialmente la demanda de medidas, a la espera de la sentencia definitiva.
El contencioso, sin embargo, se encuentra a estas alturas suspendido de tramitación, a la espera de que se resuelva otro sobre la revisión de oficio que el consistorio hizo el verano del año pasado de la modificación del contrato de 2009, que declaró nula. El procedimiento cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora y que no queda cuestionado en la sentencia, según un comunicado municipal.
La revisión ha supuesto que la relación contractual se vuelva a regir por las cláusulas del 2004 y que Aqualia devolviera en las arcas municipales 2,53 millones de euros que facturó de más, de acuerdo con las condiciones económicas suspendidas. Por eso, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán ahora la posible presentación de un recurso contra la decisión judicial.
Previamente al comunicado municipal, Aqualia emitió uno propio en el cual presentaba la decisión del TSJC de hacer pagar los 2,13 millones de euros al Ayuntamiento como una sentencia firme. El consistorio, por el contrario, ha querido recordar que la sentencia no responde a la resolución de ningún litigio y se trata únicamente de un procedimiento de medidas cautelares, por el cual la empresa también tiene que depositar una garantía de 2,13 millones de euros.