Alcanar y la Plataforma del Sénia reclaman que se hagan públicos los costes de la hibernación del Castor

El Ayuntamiento de Alcanar y la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia reclamarán al gobierno español que se los reconozca como parte interesada en el expediente para sellar definitivamente los pozos del proyecto Castor, el estudio de impacto ambiental y el plan de desmantelamiento. Después de todos los antecedentes que han llevado al fiasco del proyecto, consideran imprescindible poder controlar y seguir de cerca todo el procedimiento. «Estamos hartos de las mentiras del gobierno español con este proyecto y que se nos ignore como parte afectada. Eso proyecta una desconfianza crónica», ha declarado el alcalde de Alcanar, el republicano Joan Roig. Reclamarán también que se hagan públicos los costes de hibernación y se indemnice a los propietarios expropiados.

Roig ha avanzado que la Junta de Gobierno Local aprobará este mismo miércoles una propuesta de acuerdo por la que iniciarán los trámites ante el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir que se los reconozca como parte interesada en todos los procedimientos que, a partir del acuerdo Consejo de Ministros de la semana pasada, se emprendan para ejecutar el desmantelamiento de las instalaciones. Considera, precisamente, que por el momento –justo el día que arrancaba la campaña electoral- y la forma, se trata de un anuncio «sospechoso», que en ningún caso se ha comunicado a los consistorios afectados.

El Ayuntamiento canareu ya instó hace unos meses a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando adelantó la voluntad de cerrar definitivamente el proyecto Castor, para que hiciera público el calendario definitivo para el desmantelamiento, se dejaran sin efecto las servidumbres forzosas de siete metros a ambos lados del gasoducto, se indemnizara a los propietarios afectados y visitara el territorio para dar explicaciones. El Ministerio nunca dio respuesta a estas peticiones.

El mismo acuerdo municipal se complementa con la reclamación de los estudios de costes totales que ha supuesto el mantenimiento e hibernación de las instalaciones desde la renuncia del exconcesionario de Escal UGS, efectiva en diciembre de 2014, y hasta el acuerdo del Consejo de Ministros, así como saber quién se hará cargo de los gastos del sellado. También pedirán información para que se puedan indemnizar los propietarios afectados por las expropiaciones de las instalaciones terrestres, tanto la planta como los gasoductos, unos 180 de los cuales son vecinos de Alcanar.

Desde la Plataforma del Sénia, que ya ha anunciado que presentará varias instancias al Ministerio en el mismo sentido y poder ser reconocida como parte interesada en el procedimiento. Consideran fundamental estar pendientes del proceso para evitar, entre otros aspectos, «que no vuelva a beneficiar a la misma empresa que hizo el fiasco», según ha apuntado el portavoz de la entidad, Evelio Monfort. «¿Lo desmantelará Enagás o se lo volverán a dar a Florentino?», se ha preguntado. Quieren conocer, además, qué afectación paisajística y ambiental puede tener, especialmente, el desmantelamiento de la planta terrestre. En este sentido, pedirán al Ayuntamiento de Vinaròs que los informe sobre estas consecuencias y también en el Gobierno valenciano, como responsable de las autorizaciones ambientales.

También instarán al gobierno español a facilitar la información completa sobre el costes de mantenimiento del proyecto y lo acusan de haber actuado constantemente desde «la opacidad» y vulnerando de forma «flagrante» la Ley de Transparencia estatal que lo obliga a facilitarla de forma diligente. En este sentido, la también portavoz de la Plataforma, Cristina Reverter, ha recordado que los informes hechos públicos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las retribuciones por mantenimiento de los años 2013 a 2015 ocultan las cifras de los costes recurrentes bajo una etiqueta de «confidencial».

«Tenemos derecho a conocer las cifras qué estamos pagando cuando se están repercutiendo en el bolsillo de los consumidores», reprocha Reverter, quien precisa que la auditora Deloitte no quiso entrar a valorar estas imputaciones de costes de importes desconocidos. En el caso de no conseguir esta información de la CNMC, anuncia que recurrirán el Consejo de la Transparencia del gobierno español, al Síndic de Greuges y el defensor del pueblo madrileño.

Tres meses para reclamar

En paralelo, el movimiento social ha anunciado que trabajará también para dar apoyo a los propietarios afectados en los suya reclamación no sólo para recuperar los terrenos expropiados -Enagás prevé dejar soterrados los gasoductos y liberar las servidumbres. Un procedimiento, han alertado, para el cual tendrán, de acuerdo con la Ley de Expropiaciones forzosas, tres meses desde la publicación en el BOE del acuerdo de cierre del Consejo de Ministros. Por eso, harán llegar a los afectados la necesidad de iniciar ya los trámites para conseguir la reversión y piden al mismo Ministerio que se lo comunique directamente.

No sólo eso. Monfort ha remarcado que los propietarios agrícolas tienen derecho también a indemnizaciones por el lucro cesando de su actividad durante todos estos años. «Ya perdieron mucho dinero cuando les expropiaron las fincas», apunta, recordando que tuvieron que arrancar naranjos y mandarineros. En el caso de tener que replantarlos ahora y volver a ponerlos en producción en los mismos terrenos expropiados, los costes se disparan. «Es mucho dinero de lucro cesante», ha cerrado.