El Ayuntamiento de Alcanar se escuda en el conflicto entre transparencia y protección de datos para no facilitar información

El Ayuntamiento de Alcanar no está «preparado» para hacer frente a la Ley de Transparencia ante la necesidad de cumplir también, al mismo tiempo, los preceptos de la normativa de protección de datos.

¡Así ha defendido el alcalde, Joan Roig, la actuación de la administración municipal a quien la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Público (GAIP) acusa de haber cometido dos infracciones muy graves para obstaculizar el acceso a la información pública que reclamó desde el pasado mes de febrero el movimiento vecinal 'Prou! AP-7 Gratuïta Ja'.

Encarnado ha anunciado, tal como le reclama la GAIP, que abrirá un procedimiento sancionador contra el secretario municipal, como responsable del incumplimiento de las seis resoluciones de este organismo.

Según el alcalde, el acuerdo de la GAIP, que se expresa en términos muy contundentes sobre la actuación del Ayuntamiento de Alcanar –asegura que trata de impedir «arbitrariamente» el acceso sin ninguna fundamentación legal creíble-, «habla de una situación que no se ajusta a la realidad».

Defiende que el consistorio «siempre» ha garantizado el acceso al información de todas las personas, partidos políticos y entidades «dentro de sus posibilidades» y «medios», en referencia a los recursos humanos. Así, a pesar de considerar «muy acertada» la finalidad de la Ley de Transparencia, cree que «también tendría que diferenciar entre algunos ayuntamientos a la hora de dar salida a estas demandas», especialmente con respecto a los de menores dimensiones, poniéndolos en un «callejón sin salida».

En el caso de las peticiones formuladas por el movimiento vecinal transversal para la gratuidad de la autopista, argumenta que requerían facilitar cantidades de documentación «ingentes» que, previamente a su traslado, necesitaban un tratamiento previo para hacerlas anónimas, borrando los nombres que aparecen.

«Se enemistan la ley de Protección de Datos y la de Transparencia: la de protección de datos dice que no podemos entregar la documentación si no está anonimizada», apunta. «Somos un ayuntamiento de un pueblo de 9.600 habitantes. Y no tenemos recursos suficientes para anonimizar y digitalizar miles de páginas», subraya. Un argumento, en cambio, que no comparte GAIP, quien recordaba al consistorio que invocaba este argumento de forma «del todo gratuita».

El pasado febrero el movimiento vecinal presentó seis instancias pidiendo información sobre obras de caminos y modificaciones de planeamiento, licencias de obras y actividades, así como expedientes de restauración de la legalidad urbanística para entender los motivos del apoyo municipal a la construcción de las rotondas en la carretera N-340.

Según la GAIP, el consistorio no sólo se negó a proporcionarla sino que tampoco atendió la posibilidad de acordar alternativas. Encarnado ha insistido en que plantearán de nuevo al representante del movimiento vecinal, desde la flexibilidad horaria que le permita efectuar el trámite, que pueda consultar directamente esta documentación en el Ayuntamiento, una salida que la comisión no consideraba adecuada.

Paralelamente, el alcalde ha anunciado que, tal como le exige la misma GAIP, abrirá un expediente sancionador al secretario municipal, como responsable de no haber dado cumplimiento a los requerimientos del organismo tal como le correspondía según sus funciones que tenía atribuidas, pero no ha precisado cómo se concretará esta sanción.