Nueve edificios conviven seis años después con las grietas producidas por el proyecto Castor

Seis años después de la ola sísmica que causó las inyecciones de gas en el subsuelo marino, el gobierno español publicaba hace una semana en el BOE la orden para ejecutar el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor. Las marcas por los seísmos, sin embargo, continúan todavía bien visibles en la casa de la calle Canàrias de Amposta donde vive José Miguel Monllaó y su familia. Es uno de los nueve edificios afectados por daños materiales dentro del procedimiento abierto en el juzgado número 4 de Vinaròs y que hará sentarse en el banquillo dos directivos de Escal UGS. A pesar de haber ganado una demanda por daños y haber sido indemnizado con 2.800 euros por el exconcesionario, Monllaó quiere que se le abonen los gastos para reparar las grietas que todavía van apareciendo en la casa.

Vista desde la calle, nada hace pensar que esta casa situada muy cerca de las instalaciones de la Cambra Arrossera hubiera sido una de las más afectadas por los terremotos de mayor magnitud del millar que causó el proyecto Castor. Especialmente, los que se notaron más allá de las Terres de l'Ebre y del Sénia, como el que tuvo lugar la noche del 1 de octubre de 2013, con una magnitud de 4,3 grados en la escala de Richter. En el interior de este inmueble, con un almacén y dos pisos que ocupan cada una de las dos plantas superiores, las cicatrices se multiplican por cualquier pared. En el comedor, en las escaleras o en las habitaciones. Incluso, en el suelo de hormigón de la planta baja.

Monllaó explica a ACN que no tiene ningún tipo de duda que los movimientos sísmicos que en su casa se notaron entre finales de septiembre y principios de octubre de hace seis años son el origen de sus quebraderos de cabeza. Curiosamente, en una casa de construcción bastante reciente, concretamente entre los años 2005 y 2007. De hecho, relata que la madrugada de uno de los terremotos de mayor magnitud registrados a principios de aquel mes estuvo a punto de provocar una tragedia. «En el primer piso dormían mi exnuera y mi hijo. Suerte que aquel día se tenían ir a trabajar más pronto y se fueron. Pero cuando nos dimos cuenta habían casi tres bovedillas de doble capa que habían caído sobre toda la anchura de la cabecera», recuerda.

Sólo era el comienzo de su pesadilla. «Cuando me di cuenta vi que se estaban haciendo grietas y grietas, cosas inusitadas que me llamaban la atención», explica. Después de avisar a la compañía de seguros Plus Ultra –pagaba él la póliza de uno de los pisos y la otra, a cargo de su mujer-, los peritos descartaron que se tratara de movimientos atribuibles a la propia estructura de la casa.

Las aseguradoras se lavan las manos

«Como aquel día había pasado el terremoto pensamos que podía ser por eso», añade. Efectivamente, el informe técnico constataba que las grietas no eran uniformes ni coincidían con las zonas donde están situados los elementos de soporte estructural o de carga, hecho que descartaba un asentamiento del edificio o defectos de construcción. Nunca hasta entonces, corrobora, se habían detectado grietas.

Fue, finalmente, el Consorcio de Compensación de Seguros –quien asume las indemnizaciones en casos de catástrofes naturales-, quien acabó rechazando la reclamación del propietario asumiendo que los movimientos sísmicos tenían origen «en una actividad industrial derivada de la acción humana y realizada en capas profundas de la tierra», según el informe pericial que acompañaba la demanda presentada por el mismo vecino afectado en el juzgado de primera instancia número 39 de Madrid en septiembre de 2014, a través del abogado que pusó a disposición la compañía aseguradora.

Incluso, técnicos enviados por Escal UGS visitaron su domicilio en Amposta para, teóricamente, verificar estos extremos. «Estuvieron haciendo pruebas y fotos», recuerda Monllaó. «Me engañaron: estuvieron dos o tres días y me dijeron que me darían un estudio», recuerda. Ya no volvió a saber nada con posterioridad. De hecho, el exconcesionario en manos del grupo ACS de Florentino Pérez, no se llegó a personar en la vista oral del juicio por la reclamación de daños que se siguió en este mismo juzgado de Madrid y, consecuentemente, se la declaró en situación procesal de «rebeldía».

La jueza que relacionó inyecciones y seísmos

Emitida en abril de 2015, justo cuatro meses después de que el juzgado de Vinaròs abriera la investigación por delito ambiental y prevaricación ambiental contra una veintena de directivos de Escal UGS así como técnicos y cargos políticos del gobierno español que autorizaron el proyecto, la sentencia por la denuncia de Monllaó ya atribuía, sin ningún tipo de duda, el origen de los daños en los terremotos que generó «la actividad industrial» de la empresa en el almacén de gas submarino. Así, niega explícitamente que fueran causados «por fuerzas de la naturaleza», tal como el mismo exconcesionario se empeñaba en pregonar a los cuatro vientos.

La jueza condenaba a la sociedad controlada por Pérez a pagar 2.699,52 euros por los daños, además de 97,16 euros por intereses vencidos en la fecha de ejecución, así como las costas del procedimiento. Justamente un año después, y después de requerir al juzgado para que se ejecutara la sentencia, Monllaó recibió un cheque por valor de 2.800 euros a su favor. Un dinero, a pesar de la victoria judicial, que siempre ha considerado del todo insuficientes. Calculaba que los daños a cada uno de los dos pisos se situaban entonces en torno a los 10.000 euros.

Monllaó desconoce que su caso es uno de los nueve –junto con otra vivienda de Amposta, uno de Sant Carles de la Ràpita, uno de Sant Mateu y cinco de Vinaròs- que cita el auto del juzgado número 4 de Vinaròs incluye como dañados por los terremotos que ocasionaron las inyecciones de gas. El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, se encuentran a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por presunto delito ambiental: se les acusa de haber mantenido e incrementado las inyecciones de gas en el almacén a pesar de conocer que provocaban terremotos.

Grietas que reaparecen

«Ya sería hora que alguien u otro viera el daño que se está haciendo con eso y el tiempo que cuesta poder llegar a hacer alguna cosa. Para las personas afectadas eso es un caos. Nosotros, por ejemplo, somos jubilados y a ver dónde podemos llegar para pagar todo eso», manifiesta, escéptico, el propietario afectado. Calcula que hasta mediados de 2014 tuvo que gastar entre 16.000 y 17.000 euros para hacer frente a los desperfectos ocasionados, principalmente grietas. «Se ha ido reparando pero ahora salen como dos o tres veces más», asegura, enfatizando que se trata de una casa «nueva» y que los estudios han demostrado que estructuralmente fue construida correctamente. «Es incalculable, no se si con 70.000 o 80.000 euros lo pudiera solucionar», remacha.

Concluye Monllaó que su experiencia lo ha trastornado «moralmente». Y responsabiliza también a los diferentes gobiernos, por dar apoyo únicamente a aquellos que tienen dinero. «Aquí tiene que salir quien ha hecho el daño moral, estructural y que se dé cuenta de que hay personas detrás que podrían estar mejor y ahora no sabemos como estamos. Creo que eso se tendría que mirar una pizca mejor para evitar que otra vez lo vuelva a pagar más gente. Esta forma de actuar... un gobierno por otro y que llegue el momento de hacer un estudio, como se han hecho, y que todos dicen más o menos lo mismo, que se llegue a un acuerdo y se pague los daños y perjuicios a todas las personas afectadas», cierra.