Fiscalia rechaza los recursos de los directivos del Castor y remarca que pusieron en riesgo las poblaciones próximas

Fiscalia se ha opuesto a los recursos presentados por la defensa de los directivos del proyecto Castor, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, así como de la misma empresa exconcesionaria Escal UGS, para evitar ser juzgados por los terremotos que causó el proyecto Castor hace seis años. En el escrito de respuesta, al que ha tenido acceso ACN, el ministerio público reitera que la actuación de los principales directivos del exconcesionario durante las inyecciones de gas en el almacén submarino durante la primera mitad de septiembre de 2013 estuvo lejos de poder ser considerada «rápida, eficaz y transparente» a la hora de contrarrestar la crisis sísmica, con más de un millar de terremotos.

En la misma línea apuntada el titular del juzgado número 4 de Vinaròs en el auto que iniciaba el procedimiento abreviado para juzgar del Potro –presidente-, Martínez Dalmau –consejero delegado- y la misma mercantil Escal UGS, la fiscal de medio ambiente de Castellón, Dolores Ofrecio, mantiene que la actuación de los investigados puso en peligro la integridad y el paisaje vital de la población de las Tierras del Sénia. El de mayor magnitud, de 4,3 grados en la escala de Richter, se sintió a toda la zona costera entre Valencia y Barcelona. Ahora, todo eso está a punto de hacerles sentarse en el banquillo de los acusados por un supuesto delito contra el medio ambiente.

«El delito ambiental es de un peligro hipotético o potencial a medio camino entre el abstracto y el concreto, pero en el presente caso solo la intranquilidad y el desasosiego que generaron en las poblaciones próximas a la plataforma ha permitido acreditar un riesgo concreto», argumenta la fiscal, apelando al derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente «protegido». Incluso, apunta que la actual situación de las instalaciones, a pesar del acuerdo del gobierno español para desmantelarlas, todavía plantea un «riesgo incierto, un futuro no previsible»: por una parte, porque no se ha ejecutado todavía la actuación y, de la otra, porque no se ha considerado sacar el gas ya almacenado, generando una situación irreversible».

Nuevamente, Fiscalia rechaza «rotundamente» los argumentos de la defensa de Escal UGS, según la cual la empresa y sus directivos habrían actuado de forma «rápida, eficaz y transparente» ante la crisis sísmica. En este sentido, recuerda que en el momento que los responsables del proyecto Castor fueron requeridos por la administración el 13 de septiembre, cuando ya conocían que provocaban terremotos, no consideraron necesario tomar «ninguna otra medida» más allá de ver «la evolución de los acontecimientos». «En los correos no se hace referencia a los seísmos como motivo para rebajar el caudal y en los datos diarios los seísmos no aparecen en ningún sitio», certifica.

También descarta que la medida de reducir el caudal de inyecciones de gas en el momento que se tomó «no se puede considerar eficaz». «Aquello que era alarmante era la frecuencia de movimientos, no su intensidad», resume el escrito, certificando que, en cualquier caso, esta reducción fue «tardía» y «contraria a toda norma de cautela y prudencia, apelando sólo al sentido comú»·. Así, muestra su contrariedad ante el hecho de que con la inyección paralizada durante todo el día 11 de septiembre, se registraran hasta diecinueve seísmos, para volver justo al día siguiente a los caudales máximos previstos de ocho millones de metros cúbicos diarios –como ya se había hecho los días 5 y 6 y a partir de los cuales se desencadenó la oleada sísmica.

Situación «anormal»

De hecho, a pesar de la reducción el día 13, momento en el que se registró un máximo de 50 acontecimientos durante una sola única jornada, Escal UGS siguió incrementando progresivamente los caudales hasta el día 16. «La situación era anormal, suficiente para que se activara el plan de riesgo sísmico y requería medidas excepcionales, la frecuencia de los seísmos ya alertaba de que los movimientos eran debidos a las fallas hecho por el que se les debió exigir la máxima cautela», sentencia.

A pesar de asegurar que la empresa filial del grupo ACS de Florentino Pérez encargó los «oportunos estudios» para llevar a cabo la actividad, le reprocha que no tuvo en cuenta «el grado de incertidumbre asociado a estos estudios». «No estamos ante una ciencia exacta», precisa, citando el informe que la misma empresa emitió para los compradores del bonos del BEI y, según el cual, «los riesgos pendientes más relevantes del proyecto están relacionados con las incertidumbres del subsuelo, más concretamente la integridad de los pozos abandonados de Amposta, la integridad del sello para las nuevas presiones y el comportamiento del acuífero».

En este contexto, el escrito del ministerio público hace una relación de toda la normativa de seguridad en lo referente al sector de los hidrocarburos y la gestión de sustancias peligrosas, en este caso el gas natural, que obligaba expresamente al exconcesionario a prevenir accidentes y minimizar los posibles impactos, según quedó plasmado en las autorizaciones administrativas y en la misma Evaluación de Impacto Ambiental.

Por último, Fiscalia impugna también el recurso presentado por la acusación particular que ejerce laAssociació d'Afectats per la Plataforma Castor(Aplaca), por el hecho de haberla omitido en el mismo auto judicial y sostiene que, en caso de que se confirme, podrá formular también sus conclusiones provisionales. De hecho, reprocha la «inactividad» de esta plataforma y que sus peticiones se hayan centrado en la petición de fianzas y solicitud de pólizas de responsabilidad civil, «que han sido resueltas», sin que «se conozcan las filiaciones de los perjudicados ni se haya aportado ninguna prueba de los daños morales que dicen reclamar».