Las entidades de la Terra Alta defienden que gracias a ellos se han frenado dos nuevos parques eólicos

El Consejo Regulador de la DO Terra Alta, la plataforma en Defensa de la Terra Alta y el Ateneu Popular La Pastora valoran que ha sido su beligerancia y trabajo que ha hecho notar la situación de «caducidad» de las licencias y de los criterios de los parques eólicos que se han reactivado para implantarse en la comarca. Celebran el replanteamiento de los proyectos del Pinell de Brai, Prat de Comte y Benifallet (Baix Ebre) pero insisten en que la derogación de las ZDP (Zonas de Desarrollo Prioritario de la energía eólica) tiene que ser «retroactiva» con todos los parques que se tramitaron entre 2002 y 2009. Exigen una revisión de los parámetros socioeconómicos y medioambientales de una comarca que ha cambiado «mucho» dos décadas después.

Las tres entidades socioeconómicas que lideran la oposición contra la masificación eólica en la Terra Alta han defendido que ha sido gracias a su trabajo que se ha conseguido hacer valer la caducidad de las autorizaciones de impacto ambiental en el caso de los parques ElsAligarsy Tossa-Mola d'en Pasqual para que la empresa promotora se eche atrás y desista de construirlos. «No nos dice nada nuevo, sentimos quizás todavía más indignación cuando se habla que se han parado dos centrales y de alguna manera el Departamento se atribuye los méritos», ha lamentado Xavier Fortuño, portavoz de las entidades.

Los movimientos socioeconómicos consideran que «la voluntad de la Consellería de Empresa» ha sido «siempre la misma», establecer e imponer nuevos proyectos eólicos en la Terra Alta y trabajar «de espaldas a la sociedad». «Estos colectivos económicos, ayuntamientos, Consell Comarcal y movimientos sociales son los que nos hemos tenido que unir y trabajar urgentemente para buscar errores en la tramitación», ha recordado Fortuño. De hecho, la lucha de los últimos meses se ha centrado en estas posibles caducidades en aspectos ambientales y se han cargado de razones con ayuda de organismos competentes en esta materia.

«Había modificaciones en el proyecto y cuestiones que afectaban las normativas de protección de algunos espacios y los proyectos de las antiguas centrales eran antiguos y, por lo tanto, caducados. Que no se lo atribuyan porque Empresa no ha hecho ningún movimiento para parar esto ni para ayudarnos a contrarrestar la intención de las empresas de rehacer proyectos antiguos e instalar más centrales», ha criticado el portavozterraltí.

El freno delPinelldeBrai

El Ayuntamiento delPinelldeBraiha liderado el blindaje contra las dos centrales ElsAligarsy Tossa-Mola d'en Pasqual. Se han amparado contra las presiones empresariales en informes, a los que ha tenido acceso ACN, donde se certifica que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de losAligars– del 15 de diciembre de 2003-, y de Tossa-Mola d'en Pasqual – del 21 de abril del 2006-, tenían un término de caducidad de 5 años desde el momento que se aprobó el decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero y que empezaba a contar a partir del 27 de enero de 2008. Los informes señalan que estas DIA caducaron el 27 de enero de 2013, sin entrar a valorar otras caducidades que pudieran depender de las mismas autorizaciones otorgadas.

Además, en los escritos, se señala que más allá de la caducidad de la DIA ha transcurrido mucho tiempo sin ejecutar los proyectos y que el espacio donde se tenían que ubicar los aerogeneradores presentan nuevos elementos ambientales que no han sido valorados en los pronunciamientos de 2003 y 2006. Para argumentarlo, se presenta un informe del Parc Natural dels Ports, órgano gestor de los espacios naturales, que hace valer declaraciones ambientales posteriores a las DIA, como la de Protección de las Aves del 2206, la de Zona Especial de Conservación de 2014, la modificación de espacios por reproducción del águila perdicera, la distribución de las colonias de buitres del 2018, o la reintroducción del quebrantahuesos también el año pasado.

Independientemente de la posición de la promotora, el Ayuntamiento delPinelldeBraitiene previsto en los próximos días firmar la denegación de la licencia de obras que se les había presentado. Mientras tanto el grupo Entesa pelPinelldeBrai, contrarios a la masificación, ha tenido que asumir como miembro del gobierno municipal (formado por tres regidores de Entesay uno de ERC), una consulta exprés sobre la energía eólica. El proceso de participación ciudadana se forzó con el voto del regidor republicano y la oposición (Junts pelPinellyFIC)y se hizo el pasado 4 de diciembre. Se impuso el sí con una participación inferior a un tercio del censo.

Modelo para el resto de proyectos

Desde el Ateneu, la DO y la plataformaterraltinainsisten que el caso de los parques delPinell, Prat de Comte y Benifallet no es aislado. El resto de proyectos han quedado «obsoletos» y con los mismos argumentos y criterios las centrales de Batea, Vilalba dels Arcs y la Pobla de Massaluca también se tendrían que parar. «Las licencias y los argumentos sobre el territorio son viejos», destacan. Por este motivo, confiaban que la derogación de lasZDPtuviera un carácter retroactivo y anulara de facto todos los proyectos que se tramitaron con el antiguo decreto. «Todo lo que se ha puesto sobre el papel se tiene que revisar con criterios actuales y reales, que tengan en cuenta la densidad de instalaciones y sobretodo el modelo socioeconómico de la Terra Alta», han añadido.

El consenso comprometido

Desde la comarcaterraltinacelebran que la consellera de Empresa, Àngels Chacón, se comprometa a establecer consensos con el territorio sobre la futura implantación de la energía eólica y solar pero lamentan que las sensaciones sean otras teniendo en cuenta que la Generalitat no ha respondido ninguna de las alegaciones ni recursos de alzada que se han presentado contra los parques de Vilalba dels Arcs, Batea y la Pobla. «Nos han dicho mil veces que nos escucharán pero nos han abocado a presentar un contencioso–administrativo», critican. «Que reubiquen estas instalaciones que la Terra Alta y el tejido socioeconómico no quiere y que nos inviten de verdad a la comisión técnica que tiene que debatir la nueva ley de transición ecológica», piden. También insisten que si se quiere hacer «un debate real en el país» sobre la implementación de las renovables, la Terra Alta es la primera comarca que se merece «ser partícipe» por «la solidaridad y la voluntad demostrada».

«Si la nueva ley tiene que tener estos preceptos de consenso se tiene que empezar a aplicar ya a las centrales que no están construidas. Es una oportunidad para decirle a las empresas que se retiren de la zona porque el modelo no era bueno y buscar otra manera de implantar centrales», ha insistido Fortuño. Los movimientos socioeconómicos de la Terra Alta aprovechan para volver a reclamar que el Gobierno responda los recursos y alegaciones que han presentado en los parques deVilalba, Batea y la Pobla. «El territorio se ve forzado de nuevo a defenderse ante una imposición hasta el punto de tener que sufragar un contencioso para mirar de pararlo cuando el Departamento podría negociar un nuevo escenario y encontrar nuevos espacios para las centrales, sin masificar el territorio que no lo quiere», ha añadido.