La plataforma AP-7 gratuita denuncia la opacidad informativa del Ayuntamiento de Alcanar

El movimiento vecinal transversal Prou! AP-7 Gratuïta Ja ha denunciado en la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) las dificultades que está encontrando en el acceso a información pública del Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) sobre la construcción de rotondas en la N-340. Solicitada hace diez meses en el amparo de la Ley de Transparencia, la entidad recurrió a la Comisión de Garantía para el Acceso a la Información Pública (GAIP), que acusó al consistorio de dos infracciones muy graves por su «resistencia contumaz y retirada del consistorio» a facilitar la información, además de exigir expedientar al funcionario responsable. Pocas horas antes de llevar el caso a Antifraude este pasado jueves, el Ayuntamiento ha empezado a remitir los primeros documentos.

En el escrito dirigido al organismo, al que ha tenido acceso ACN, la entidad pide al OAC que estudie el caso y emprenda las acciones pertinentes «en la medida en que los hechos descritos puedan constituir conductas contrarias a la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y/o producirse una situación de deficiente o mala gestión y administración de los asuntos públicos». A pesar de todo, confían en que después de las dos infracciones muy graves que la GAIP certificó a finales de octubre, el consistorio acabará facilitando la información. A pesar de haber recibido una primera parte de la documentación pedida vía correo electrónico, el movimiento vecinal considera que no es «normal» la demora de diez meses experimentada y consideran que, en cualquier caso, hay que dar a conocer esta incidencia a Antifrau.

El pasado febrero el movimiento vecinal presentó seis instancias pidiendo información sobre obras de caminos y modificaciones de planeamiento, licencias de obras y actividades, así como expedientes de restauración de la legalidad urbanística para entender los motivos del apoyo municipal a la construcción de las rotondas en la carretera N-340. En el documento dirigido a Antifrau, explican que se han visto obligados a recurrir al visualizador de cambios urbanísticos del InstitutCartogràficiGeològicde Catalunya para intentar conseguir la información.

Aseguran haber comprobado con esta herramienta la proliferación durante los últimos diez o doce años de edificaciones residenciales aisladas de «importantes dimensiones» y con piscinas en la zona costera próxima a la vertiente de la sierra del Montsià. Un «boom inmobiliario» en zonas como el Camídel Codonyol, el Pouet d'Antó, el camino barranco del Llop/Granes de Patacóo el Camíde Bandolers «con caminos asfaltados que, cuando se construya la rotonda que se ha proyectado allí mismo, las dejarán magníficamente comunicadas» con la carretera N-340. Recuerdan que se trata de suelo rústico no urbanizable próximo a zonas protegidas por el PEIN y la Xarxa Natura2000.

Edificaciones irregulares se beneficiarían

«Sería muy triste que de estas rotondas –que los vecinos consideran que perjudica el tráfico y la movilidad del territorio- al final quienmás provecho saque indirectamente fuera, precisamente, alguna instalación que, presuntamente, no estuviera ajustada a la legalidad urbanística», apuntan en el escrito, apuntando que la inversión pública de mejora de las comunicaciones con la construcción de la rotonda en el cruce del camino del Mas del Llop con la N-340 hará «aumentar extraordinariamente su valor inmobiliario».

Los vecinos se preguntan también las dificultades que el consistorio aduce por no cumplir las seis resoluciones emitidas por la GAIP al respecto –desde hace seis meses- y entregarles la información que reclaman. Según este organismo, no sólo se negó a proporcionarla sino que tampoco atendió, de entrada, la posibilidad de acordar alternativas: planteaban que el Ayuntamiento facilitara una relación en formato digital de expedientes. Recuerdan que el consistorio es el mejor conocedor de la existencia de estas edificaciones y dispone de información actualizada sobre ellas –una información que ha facilitado a los cuerpos de emergencias del territorio para garantizar la actuación de los servicios operativos, recuerdan.

Después de que se hiciera públicas la última resolución de la GAIP en las cuales censuraba de forma contundente la actuación del Ayuntamiento, el alcalde de Alcanar, el republicano Joan Roig, explicó que no podían dar cumplimiento a la petición de información porque los servicios municipales no están «preparados» para tener que cumplir al mismo tiempo la Ley de Transparencia y la normativa de protección de datos. Argumentaba que se estaba requiriendo al ayuntamiento de un municipio pequeño cantidades de documentación «ingentes» que, previamente a su traslado, requerían un tratamiento hacer hacerlas anónimas, borrando los nombres que aparecen. Roig también anunció la apertura de un expediente sancionador contra el exsecretario, a quién responsabilizaba de los hechos.