El anuncio de desmantelamiento del Castor y el incendio de la Ribera, temas del año en el Ebro

Las Terres de l'Ebre han podido ver durante este 2019 la luz al final del túnel en la definición del futuro de algunas de las infraestructuras más controvertidas de los últimos tiempos. El gobierno español ha anunciado el desmantelamiento definitivo del proyecto Castor así como la liberación de peajes de la AP-7 entre Vila-seca y Tarragona a partir de 2020. Por el contrario, un incendio de grandes dimensiones arrasaba a principios de verano más de 5.000 hectáreas de bosques y cultivos del norte de la Ribera d'Ebre. En la Terra Alta, la reactivación de antiguos proyectos eólicos ha puesto en pie de guerra entidades y agentes económicos. La elevada mortalidad en la carretera C-12 se ha convertido en motivo de preocupación y la polémica ha vuelto con la prohibición de los correbous.

4 de abril: El Ayuntamiento de Riba-roja d'Ebre concede la licencia de obras para construir un vertedero de residuos industriales no peligrosos en su término municipal. A pesar de la oposición de trece ayuntamientos de la Ribera d'Ebre y el Segrià, así como el compromiso del Gobierno de buscar vías legales para evitar su puesta en marcha, la empresa promotora obtiene a finales de año el código de la Agència de Residus para poder empezar a operar. Ayuntamientos y entidades sociales critican también la presentación del proyecto para una nueva ampliación del vertedero de Tivissa.

5 de junio: El Parlament constituye la ponencia para elaborar la proposición de ley que proteja los olivos monumentales. Se prevén sanciones por estropear o comercializar estos árboles pero las organizaciones agrarias reclaman ayudas directas a los productores para que las puedan seguir cultivando. La puesta en marcha de los trámites de protección intensifica el arranque de decenas de olivos monumentales, algunas de las cuales milenarias, sobre todo en la comarca del Montsià.

26 de junio: Se declara un incendio en el término municipal de la Torre de l'Espanyol que acaba quemando más de 5.000 hectáreas de bosque y campos de cultivo del norte de la Ribera d'Ebre, el sur del Segrià y las Garrigues. Unos 800 propietarios resultan afectados y rebrota una ola de solidaridad popular para ayudar a recuperar sus explotaciones, que reciben también ayudas -principalmente créditos blandos- por parte de las administraciones. El siniestro pone de relieve el problema del abandono del campo como elemento clave para frenar los incendios.

16 de julio: Los técnicos del parque natural del Delta del Ebro certifican que la rana toro, una nueva especie invasora que se había detectado en el espacio, prácticamente desaparecida. Desde el otoño de 2018 no se ha encontrado ningún nuevo ejemplar después de tomar medidas para erradicarla. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han empezado a estudiar la presencia de otro peligroso invasor en el tramo final del río: la almeja asiática. Una especie que, como el caracol manzana, sirve de alimento para otro invasor: el cangrejo azul.

27 de julio: Dos hombres y una niña de tres años mueren en un accidente de tráfico en la carretera C-12, a la altura de Xerta. No es el único siniestro con tres muertos en el tramo ebrense de esta vía a lo largo de 2019: el 2 de octubre morían tres hombres en un choque múltiple a la altura de Aldover. Durante este año, han sido ocho víctimas mortales y dieciséis heridas graves. Vecinos han constituido una plataforma de afectados para exigir medidas a la Generalitat, que ya ha anunciado la mejora del firme en algunos tramos, nuevos accesos y carriles de circulación lenta.

2 de agosto: El Consejo de Ministros decide formalmente que no renovará la concesión de la autopista AP-7 entre Vila-seca y Alicante, asumiendo el estado español la explotación y conservación de la vía. Los peajes de este tramo se suprimirán desde el próximo 1 de enero de 2020. El movimiento vecinal transversal de las Terres de l'Ebre que reclamaba la gratuidad celebra el último corte de protesta de la N-340 el pasado 14 de diciembre y adelanta que luchará contra la posible implantación de la viñeta y la construcción de un tercer carril para oxigenar el tráfico en la AP-7.

26 de septiembre: El Parlament aprueba una resolución de En Comú Podem reclamando al Gobierno que prohíba la celebración de correbous. Animalistas y entidades sociales antitaurinas de las Terres de l'Ebre celebran el resultado de la votación. Por su parte, los alcaldes de los municipios que celebran correbous se sitúan al lado de los aficionados rechazando la prohibición y creando un frente institucional. Los aficionados taurinos abren una campaña para defender su continuidad mientras animalistas siguen denunciando agresiones en plazas del territorio.

18 de octubre : La manifestación en Tortosa convocada en el marco de la jornada de huelga general concentra a más de 5.000 personas en contra de la sentencia del 1-O y reclamando la libertad de los presos políticos. La autopista AP-7 a su paso por l'Ampolla se convierte en el punto habitual de las protestas de los CDR, que vuelven a cortar esta vía de comunicación durante horas y en varias jornadas, aprovechando la confluencia con la carretera N-340.

31 de octubre: El gobierno español sentencia definitivamente el proyecto Castor con el encargo, por parte del Consejo de Ministros, de sellar definitivamente los pozos y desmantelar las instalaciones. Unas tareas que ejecutará también la compañía Enagás, que hace un año calculaba el coste de la operación en 260 millones de euros. El juez de Vinaròs, por su parte, deja a un paso del juicio a dos directivos de la exconcesionaria Escal UGS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, por supuesto delito ambiental. El Parlament cierra la Comisión de Investigación del caso exigiendo responsabilidades al gobierno español y la empresa.

26 de noviembre : Agentes económicos, ecologistas y entidades de la Terra Alta que luchan contra la masificación eólica recelan del decreto que deroga las zonas de desarrollo prioritario en Cataluña porque no permite revocar proyectos anteriores a 2009. Durante este año se han reactivado diversos en el territorio. El consejo regulador de la DO Terra Alta ha liderado un contencioso contra el Gobierno, que se niega a indemnizar a los promotores, para pararlos. Lo han conseguido también por la vía administrativa en el caso de las proyectadas centrales de los Aligars y la Tossa-Mola d'en Pasqual, con las licencias ambientales caducadas.