El Síndic reclama al Parlament que aplique las conclusiones de la Comisión del Castor

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado a los partidos y al Parlament que hagan efectivas las conclusiones de la Comisión de Investigación del proyecto Castor. «Han habido conquistas, pero queda mucho por hacer», ha recordado Ribó, en referencia a la necesidad de recuperar los recursos públicos «prestados», exigir responsabilidades y resarcir a los afectados, más allá del actual proceso judicial contra la empresa exconcesionaria Escal UGS en los juzgados de Vinaròs. El Consell Comarcal del Montsià fue este miércoles por la noche escenario de un acto de presentación de las conclusiones de la Comisión, con la participación de representantes de entidades sociales que encabezaron la lucha contra el Castor y de los partidos que aprobaron las resoluciones.

«No puede ser que haya gente que todavía se esconda, después de todo el provecho que ha sacado del Castor y que eso ha ido en contra de la sociedad», reflexionó Ribó, pidiendo al mismo tiempo «diligencia» al Parlament en la aplicación de las conclusiones de la Comisión. En este sentido, recordó cómo la presión ejercida por el mismo Síndic y las entidades sociales acabó llevando al Gobierno y al Parlament a llevar el caso al Tribunal Constitucional, que emitió tumbar el mecanismo de indemnización a la filial de Florentino Pérez.

Una sentencia, ha lamentado, que es ahora «papel mojado, porque no se aplica», a pesar de determinar la nulidad de buena parte del decreto «desde sus orígenes». «El Parlament se tiene que poner porque esta sentencia es para recuperar derechos», ha subrayado Ribó, consciente pero que el actual calendario parlamentario y las últimas sacudidas de la agenda política condicionarán esta tarea. «Tienen que ser capaces, ahora o más adelante, de trabajar con estas conclusiones, que se cumplan y cambien la realidad», cerró.

En una primera mesa con representantes de entidades sociales, Evelio Monfort, por parte de la Plataforma Ciutadana en Defensa del Sénia y Alfons Pérez, del Observatori del Deute en la Globalització, recordaron cómo el proyecto se gestó desde la opacidad administrativa de los sucesivos españoles dando apoyo a un negocio especulativo privado que fomentaba el modelo energético basado en combustibles fósiles y que no tuvo en cuenta los más básicos criterios técnicos, ambientales ni empresariales. Una larga lista de responsabilidades que engloba también la Unión Europea, con el mecanismo de financiación con fondos públicos comunitarios habilitado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyo retorno puede llegar a disparar la factura del Castor por encima de los 3.300 millones de euros.

En una segunda mesa política, la diputada de ERC, Irene Fornós, y el diputado de En Comú Podem, Lucas Ferro, desgranaron los principales puntos de las conclusiones aprobadas por sus respectivos grupos –también Junts per Catalunya votó a favor, pero la diputada Mònica Sales excusó a última hora su presencia- en la línea de la necesidad de exigir responsabilidades tanto al Estado español como a la misma empresa controlada por ACS. También establecer mecanismos para que la Generalitat pueda intervenir en el control del proceso de desmantelamiento de las instalaciones y disponer de los recursos para evitar nuevos casos en el futuro.

Según el presidente del Consell del Montsià, Joan Roig, la idea del acto de presentación de las conclusiones era «poner de manifiesto el equilibrio territorial», presentando las conclusiones de la Comisión de Investigación del Parlament en la «comarca más afectada» por el proyecto Castor, así como agradecer «el compromiso sin límite y esfuerzo generoso puede plantar cara a los poderosos, que priorizan políticas en contra del medio ambiente para el beneficio de pocos y perjudicando la mayoría de la sociedad».