El gobierno español recuerda que ya transfirió hace dos meses a la Generalitat las ayudas por los aguaceros de 2018

El subdelegado del gobierno español en Tarragona, Joan Sabaté, ha salido al paso de los requerimientos del delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, y el Departament de Presidència sobre el pago de las ayudas estatales a los municipios ebrenses afectados por los aguaceros de 2018. Sabaté ha recordado que el gobierno español ya transfirió, el pasado 17 de diciembre, los 6,9 millones de euros que se comprometió a asumir después de valorar las demandas de los municipios. Ahora, ha apuntado, es competencia del Govern gestionar esta cantidad y hacerla llegar a los consistorios afectados. Sabaté, que se ha mostrado abierto a colaborar con las administraciones implicadas, ha negado que se le haya pedido una reunión para abordar la cuestión.

Las contundentes críticas de los últimos días semanas por parte de los alcaldes del Montsià, especialmente el de Alcanar –que tenía que recibir unos 4 millones-, a la gestión que el Departament de Presidència está haciendo de las ayudas los aguaceros del 2018 han acabado derivando en un cruce de reproches entre administraciones. Después de que este jueves, la delegación del Govern en las Terres de l'Ebre y Presidencia pasaran la pelota al gobierno español y le reclamaran una reunión que, supuestamente, habían solicitado para aclarar dudas, el subdelegado del gobierno español en Tarragona ha comparecido para recordar que el Govern dispone del dinero desde hace dos meses y que es responsabilidad suya hacerlo llegar a los 27 ayuntamientos afectados.

Las ayudas se aprobaron por acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2018. Un mes y medio después, el Estado y la Generalitat firmaban un convenio para articular la cooperación de las dos administraciones en la gestión de las ayudas. El gobierno español asumiría el 50% de los 13,81 millones de euros por los daños que dejaron los aguaceros entre los días 18 y 21 de octubre de aquel año. De acuerdo con el sistema de cofinanciamiento, la mitad restante, sin perjuicio de aportaciones adicionales del Govern, la asumirían los mismos ayuntamientos. El 17 de diciembre pasado, según el certificado mostrado por Sabaté, se hizo efectivo el pago a la Generalitat de la mitad estatal: 6,9 millones de euros.

Según el subdelegado, el gobierno español atendió los expedientes de afectaciones presentados por los ayuntamientos, los estudió y los valoró. «Y hemos transferido el dinero a la Generalitat para que gestione eso. Llegados a este punto es competencia del Govern de la Generalitat hacer llegar este dinero a los ayuntamientos, que esperamos que lo haga cuanto antes mejor, voluntad e intención que compartimos,» ha apuntado.

«Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones y con el trabajo que corresponde a la administración general del Estado. Estamos a disposición de las otras administraciones implicadas por cualquier cosa que sea necesaria. Pero no puede ser que se nos atribuyan dilaciones o responsabilidades que ya no nos corresponden», ha remachado.

De hecho, la chispa que ha encendido el fuego ha sido el comunicado que la Generalitat enviaron este jueves urgiendo el gobierno español a «atender las demandas de los ayuntamientos ebrenses». «No entendemos qué es lo que nos están requiriendo», ha manifestando Sabaté, visiblemente contrariado. El subdelegado ha negado que en ningún momento se le haya pedido formalmente ninguna reunión o encuentro para abordar el asunto, a pesar de mostrarse abierto a participar si se lo convoca.

Ofrecimiento de colaboración

«Si necesitan colaboración, lo ofreceremos, porque constantemente estamos ofreciendo colaboración al Govern y, sobre todo en situaciones de emergencia, ha insistido Sabaté, dejando caer que en algunos casos, como el del incendio de la Ribera d'Ebre del pasado junio, el Departament d'Agricultura no respondió la propuesta del gobierno español de solicitar ayudas por valor de 700.000 euros para restaurar la zona afectada.

Más todavía, el subdelegado ha hurgado en las quejas de los alcaldes de los municipios afectados, que criticaron que la Generalitat aplicara unos criterios muy estrictos en las bases de la orden de cobro publicada hace pocos días. Alcanar, por ejemplo, exige ampliar los plazos para poder licitar, ejecutar y justificar actuaciones que tiene que cofinanciar el consistorio por valor de más de 8 millones de euros y que han servir para paliar los daños en caminos o infraestructuras municipales esenciales.

«Entendemos que se tendría que hacer llegar todo el dinero en los municipios. Nos sorprende que se están aplicando con un criterio muy restrictivo. Se han valorado los daños financiables y se han transferido para hacer llegar a los ayuntamientos. Es el 50%, pero la Generalitat, si lo cree conveniente y tiene recursos, podría añadir lo que crea», ha aducido Sabaté. Con todo, ha admitido que la cifra individualizada por municipios que comunicó telefónicamente a los alcaldes era, en cualquier caso, «provisional». «El Govern puede modificar la distribución de estas cantidades. Si a su criterio cree que tienen que dar más a unos o a los otros ya lo explicarán. Pero la totalidad de estos 7 millones tendrían que llegar a los municipios», ha cerrado.