Querella contra el Estado por no haber devuelto a los consumidores el coste de mantenimiento de la plataforma Castor

Abat recuerda que los mayores consumidores de gas son las empresas. «En vez de devolverel dinero de más que pagaron por una infraestructura fallida, que no mejoró el servicio que recibieron durante aquel periodo, les dicen que loutilizarán para otras finalidades, las cuales se desconocen cuáles son y si se podrán beneficiar», señala.

En la respuesta al grupo parlamentario de ERC, el gobierno español también afirma que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exigió el mes de julio de 2019 el reintegro a sistema gasista de las cantidades abonadas y que cuantificó de 209.721.751 euros de Escal, 34.553. 812 euros de Enagás y 141.163.269 euros a entidades financieras. Con todo, no explicita que se haya llevado a cabo el reintegro a sistema gasista de los 4,5M de euros pagados a la empresa Escal UGS en 2016, o los 141.163.269 euros cobrados por las entidades financieras.

La Cecot, juntamente otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centro Metalúrgico, con el apoyo de FEPIME, inició en 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación en la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista Castor, que no se llegó a poner en funcionamiento. La cantidad de la compensación prevista era de 1.350 MEUR que los consumidores tenían que pagar en la factura en los 30 años posteriores.

A finales de abril del año 2015, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a que tomaran medidas con la finalidad de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que pagar este importe en compensaciones para un proyecto precedido «de una evaluación desastrosa». El año 2017 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que constituyó un apoyo a las demandas de impugnación de las diferentes órdenes ministeriales publicadas a partir de Real Decreto Ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Supremo.

El almacén de gas submarino Castor, levantado por la empresa Escal (controlada en dos terceras partes para la constructora ACS, la empresa de Florentino Pérez), tuvo que cerrar en 2014 por los movimientos sísmicos que provocaba en los municipios más próximos. Desde entonces, el Estado se encarga de su mantenimiento, con un coste millonario que la empresa pública Enagás repercute en los recibos tanto de los ciudadanos como de las empresas españolas.

La Cecot impugnó las órdenes ministeriales para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 aprobadas en el desarrollo del Real decreto ley 13/2014 donde se preveía, por vía de los peajes de sistema gasista, recaudar las quantitas necesarias para los costes de conservación y mantenimiento de las instalaciones del Castor, así como para sufragar parte de los 1.350 MEUR.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la totalidad de las cuatro impugnaciones de las órdenes ministeriales, todas con un veredicto positivo para la Cecot.