Piden siete años de prisión para los dos directivos del proyecto Castor

A pesar de eso, la actividad de inyección de gas en el almacén iniciada a principios de junio de 2013 acabó generando, a partir de principios de septiembre una oleada sísmica de más de un millar de terremotos, de los cuales una quincena se pudieron percibir no sólo enla costa del Ebro y de Castellón, sino que en el caso del de mayor magnitud, 4,3 grados en la escala de Richter, llegó a ser sentido en Barcelona y Valencia. Se trata de seísmos de intensidad II y III que, según la acusación popular generaron «una situación de grave riesgo para la salud y seguridad de las personas y grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales».

El gobierno español acabó cerrando las instalaciones el 26 de septiembre de 2013 a raíz de la crisis sísmica en el almacén. El proyecto Castor, de hecho, nunca pasó de funcionar en periodo de pruebas. Escal UGS sólo pudo llegar a inyectar 76 hectómetros cúbicos de gas en el subsuelo de los 1.900 en total que, según sus teorías, podía llegar a almacenar.

Después de años de informes y especulaciones, el gobierno español del PSOE anunció a finales del año pasado que ya no se volvería a poner en marcha definitivamente y se comprometió a desmantelarlo. Según declaró al Congreso el exministro de Industria del PP, Álvaro Nadal, el proyecto tenía un «grave error de diseño» que lo hacía inviable. El gobierno español, sin embargo, que indemnizó con 1.350 millones de euros al exconcesionario en manos de Florentino Pérez cuando decidió renunciar al proyecto, se ha negado sistemáticamente en diferentes etapas a dar explicaciones sobre estos errores.

Aparte de la petición de siete años de prisión para cada uno, Arca Ibérica pide también para del Potro y Martínez Dalmau 30 meses de multa con una cuota diaria de 40 euros, así como su inhabilitación para ejercer actividades industriales vinculadas con el sistema gasista español durante tres años y medio. En el caso de la sociedad mercantil Escal UGS, la pena solicitada es de tres años y medio de multa con una cuota diaria de 350 euros así como también la prohibición de efectuar actividades industriales en el sistema gasista durante el mismo periodo de tiempo. El exconcesionario fue a la quiebra y entró en concurso de acreedores en septiembre de 2019.