No habrá retorno del dinero cobrado por el proyecto Castor en las facturas del gas entre los años 2014 y 2018. El gobierno español ha reiterado, respondiendo una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, que no ha adoptado ninguna medida para hacer efectivo este retorno, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo que, después de anular el mecanismo de pago de la deuda generada por el fallido almacén de gas submarino, reclamaban el resarcimiento. Los bancos acreedores, Enagás y el exconcesionario Escal UGS tuvieron que devolver 368 millones cobrados y el gobierno español considera que, con este reintegro al mecanismo de liquidaciones «se puede considerar que la devolución de estas cantidades a los consumidores ya ha sido ejecutada».
El senador de Compromís ha recordado como «sin rubor y avalado por un informe de la CNMC acordó la obligación de restituir estas cantidades al sistema gasista», hecho que «altera la situación de los mercados y perjudica los derechos e intereses de los consumidores de manera clara». La coalición ha censurado la falta de transparencia y los criterios «extraños» de no devolver un dinero cobrado ilegalmente, dentro de los peajes y cánones del gas, cuando su procedencia es tan clara y existen facturas pormedio que facilitan la devolución o compensación de este dinero y ha cuestionado que se tomen decisiones en materias como estas donde se beneficia a Enagás».
Según recuerda la coalición, la empresa gestora del sistema gasista y que tiene entre sus asesores-consejeros a exministros como José Montilla y José Blanco, cuándo la administración de la que formaban parte tuvo un alto grado de responsabilidad en el nefasto desenlace del controvertido proyecto energético. «En el PP tampoco escapan de las puertas giratorias y allí tienen a Ana Palacio, Antonio Hernández Mancha, Marcelino Oreja Arburúa e Isabel Tocino. Eso es como si un tribunal declarara que hemos estafado a Hacienda y decidiéramos que en vez de devolverel dinero lo pondremos en otro lugar que tiene como consejeros a gente de nuestro partido. Lo mismo. Inexplicable», reprocha Mulet, que ha censurado el trato de favor hacia la empresa del grupo ACS promotora del proyecto y la dilatación en el tiempo del desmantelamiento de las «peligrosas instalaciones» del almacén de gas submarino.