El Gobierno pide a Calvo que no le impida retirar monumento franquista de Tortosa

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha pedido por carta al Gobierno central que desbloquee el proceso para retirar el monumento franquista del río Ebro en Tortosa (Baix Ebre), que está encallado a la espera de un informe de la Confederación Hidrográfica, aunque una ley del 2007 ampara la eliminación.

En una carta enviada a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la cual ha tenido acceso Efe, la consellera, de ERC, recuerda que el monolito, el vestigio monumental de la dictadura mayor en Cataluña, tenía que haber sido retirado hace años, a raíz de la ley que impulsó en el 2007 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que obliga a eliminar los símbolos franquistas.

«Ante el incumplimiento de la obligación del Estado», añade la carta, la Generalitat se ha comprometido a sacar el monolito del río, un proceso que exige su descatalogación, para lo que son preceptivos los informes de los departamentos de Justicia y de Cultura y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ayuntamiento de Tortosa impulsó el pasado mes de febrero los trámites para retirar el monolito del Ebro: las conselleries de Justicia y Cultura enviaron sus informes inmediatamente, pero la CHE, propietaria de la pilastra que sostiene el monumento y a la cual corresponde el acceso al cauce del río, no ha dado de momento ninguna respuesta.

Según sostiene Capilla en su carta, el monumento de Tortosa, erigido en el 25 aniversario de la Batalla del Ebro como homenaje a los caídos del bando nacional, es «una muestra de la dejadez de los consecutivos gobiernos españoles con respecto a la memoria democrática», a pesar de su obligación de retirarlo, por la ley del 2007.

«Estoy convencida que, ahora, un Gobierno que se reclama progresista será incapaz de utilizar argumentos democráticos para entorpecer, dilatar o tratar de impedir que sea la Generalitat quien acabe con un monumento que, en definitiva, sólo nos recuerda la fragilidad de la democracia», concluye la consellera.

En declaraciones en Efe, Capella ha lamentado que, desde la ley Zapatero del 2007, que «establece obligaciones muy claras, como sacar el monumento de Tortosa», han pasado diferentes gobiernos y el monolito no se ha retirado. «Si no lo quieren hacer, que eviten poner palos en las ruedas a los que sí que lo queremos», ha apuntado.

El monumento, de 45 metros y que se levanta en medio del Ebro sobre los restos de un puente que las milicias republicanas volaron en 1938, está formado por dos estructuras de hierro de forma piramidal, una de ellas coronada con un soldado que enarbola una estrella en las manos, y otra por un águila.

Con la democracia, el Ayuntamiento de Tortosa fue retirando algunos de los elementos más abiertamente franquistas del monumento, como la inscripción de un «Víctor» -escudo de Franco- que el águila llevaba a las grifas, aunque todavía persiste una placa con la leyenda «A los combatientes que encontraron la gloria a la batalla del Ebro».

Las iniciativas para eliminar el monolito dividen desde hace años la población de Tortosa, donde el monumento ha formado parte durante décadas del paisaje del Ebro desde ambas orillas del municipio: en el 2016, en un referéndum impulsado por el Parlamento, el 68% de los vecinos se mostró partidario de mantenerlo, reinterpretándolo.

Capella aprovecha en su carta para aplaudir la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno central, pero le recuerda que la Generalitat «lleva ventaja» en la materia, porque hace 17 años que emprendió políticas de memoria histórica que lo han llevado a censar a 6.000 desaparecidos en la Guerra Civil, a abrir 31 fosas con restos de 314 víctimas de la contienda y a aprobar una ley por anular los juicios políticos de la dictadura.

Además, la consellera pide al Gobierno central el «coraje necesario» por , como hizo Alemania en 1960, incluir como delitos en el Código Penal el enaltecimiento de la dictadura y la humillación de las víctimas. «El auge del totalitarismo y la dignidad de las víctimas merecen una respuesta firme y contundente por parte del Estado», añade.

«La nueva ley española de memoria democrática, aunque llega tarde y se queda corta, es un paso adelante. En cualquier caso, los gobiernos hacen un flaco favor a la reputación de la política cuando, por acción u omisión, son incapaces de aplicar las leyes que aprueban», remarca la consellera.